Mil jueces preparan desde WhatsApp una huelga al Gobierno por una reforma que el CGPJ avala

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

Contra los criterios prácticos en la prueba de acceso

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

El supuesto control ideológico

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.