Lo que los españoles necesitan es “una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende los acuerdos entre su partido y Vox en nombre de una estabilidad que intenta contraponer a la experiencia de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos durante los últimos cuatro años.
La realidad, sin embargo, muestra lo contrario. La coalición presidida por Pedro Sánchez ha sido capaz de sacar adelante en tiempo y forma tres Presupuestos Generales del Estado, ha logrado que el Congreso de los Diputados diese su aprobación a más de 200 proyectos de ley y no ha perdido ninguna votación relevante. Los gobiernos de PP y Vox, sin embargo, tienen todo por demostrar. Y no han empezado bien.
Repartidos los cargos, la mayoría de los gobiernos pactados por el Partido Popular y la ultraderecha de Vox tardaron muy poco en fijar por escrito su programa electoral. Medidas ambiguas, declaraciones de intenciones y pocos compromisos concretos que en su mayor parte no son otra cosa que una adaptación del documento que cimentó la alianza de la derecha en la Comunitat Valenciana y que acabó convirtiéndose en la plantilla para dar forma al resto de pactos.
La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, especialmente en materia económica y fiscal, no ha tardado en hacerse visible. La posibilidad de que haya una repetición electoral en enero o antes de dos años pesa mucho en las filas de la derecha y tanto PP como Vox están obligados a marcar perfil. Ambas formaciones quieren que sus políticas se visibilicen a través de los presupuestos que preparan para 2024 y encajar las propuestas delos ultras, sobre todo aquellas que desafían la legalidad en materia lingüística, de orden público o de ayudas públicas, no es sencillo.
Debilidad
Lo cierto es que la estabilidad de los gobiernos nunca ha sido el fuerte de las coaliciones en las que ha participado el PP durante los últimos años. Es verdad que Juanma Moreno fue capaz de sostener hasta el final su acuerdo con Ciudadanos en Andalucía, igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero son la excepción que confirma la regla. El resto de experiencias terminó mal. La coalición saltó por los aires en Murcia y el presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, sólo pudo evitar una moción de censura comprando la voluntad de quienes habían sido llamados por Ciudadanos a votar en su contra.
Aquello fue la excusa perfecta para Isabel Díaz Ayuso, que hacía tiempo buscaba una oportunidad de librarse de sus socios de Cs y convocar elecciones anticipadas. La misma estrategia que utilizó en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, en su caso empujado por el entonces líder del PP, Pablo Casado, aunque no le salió bien y acabó convirtiéndose en el primer barón obligado a compartir gobierno con la extrema derecha.
Los gobiernos PP-Vox nacidos de las elecciones autonómicas y municipales de mayo todavía no han dado lugar a rupturas, aunque sí a algunos sonados disensos que cuestionan el deseo de la unidad y estabilidad que, según Feijóo, estaba en su origen.
Los motivos son variados y uno de ellos, en el caso de las comunidades bilingües, está siendo el empeño de Vox —jaleado por la derecha mediática y el ala radical del PP— de dar prioridad al castellano.
El régimen del valenciano
El nuevo Govern de la Comunitat Valenciana todavía no ha trasladado a la práctica sus planes para favorecer itinerarios escolares exclusivamente en castellano o poner fin a la exigencia del conocimiento del valenciano para trabajar en la administración autonómica, pero ya han dado algún paso en esa dirección.
De momento ya está en trámite un anteproyecto que modificará el decreto de plurilingüismo para que los centros públicos y privados ubicados en municipios con predominio lingüístico castellano no tenga que cumplir con la obligatoriedad de impartir un mínimo curricular en cada lengua. Falta por ver el detalle de la norma, que en todo caso no será de aplicación hasta el próximo curso. El objetivo, según el acuerdo de gobierno PP y Vox, es garantizar “la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”.
Los ultras no renunciarán a conseguirlo. Del mismo modo que han mantenido la presión sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, a la que han obligado a hacerles hueco en el grupo de gobierno bajo amenaza de dejar a la ciudad sin presupuestos.
En Balears, en cambio, el conflicto entre los dos socios a costa del catalán ya ha estallado. En este caso los ultras no están en el Govern, pero sí fueron decisivos para hacer presidenta a Marga Prohens y ahora exigen su parte del trato.
Amenazas
Aquí el PP aceptó dejar sin efecto la obligatoriedad de saber las dos lenguas oficiales para trabajar en la sanidad pública del archipiélago con el argumento, carente de apoyo documental alguno, de que desincentivaba la contratación de profesionales de fuera de las islas. Pero ahora se resiste a abrir itinerarios escolares exclusivamente en castellano, como pide Vox y ellos mismos se comprometieron a aplicar. Los ultras tampoco van a ceder: conscientes de que son imprescindibles, acaban de torpedear el inicio de la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2024.
En Aragón la existencia, en la práctica, de dos gobiernos en uno se puso de manifiesto cuando el presidente, Jorge Azcón (PP), no tuvo más remedio que admitir que nada podía hacer para disciplinar a los dos altos cargos de Vox, la directora de Justicia, Esmeralda Pastor, y el de Caza y Pesca, Jorge Valero, que fueron señalados cuando salieron a la luz los mensajes que compartieron hace años alabando la dictadura franquista.
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Los problemas también han acabado aflorando en Extremadura, cuya presidenta, María Guardiola, se vio forzada por Feijóo a admitir a los ultras en su ejecutivo. La falta de sintonía es evidente y ha dado lugar a quejas por parte de Vox, que exige “respeto” al PP. La consejera de Agricultura, de obediencia ultra, dimitió hace pocas semanas, disconforme con la línea que le marcaba la dirección nacional del partido.
En Murcia PP y Vox todavía se están recuperando del desencuentro que a punto estuvo de forzar una repetición electoral. Aquí apenas han tenido tiempo de echar a andar el nuevo gobierno, pero los asuntos que alimentan la discrepancia siguen en la agenda sin que se sepa cómo se van a resolver. El más importante de todos, el régimen de protección del Mar Menor, que los ultras quieren supeditar al desarrollo económico, pero que el PP sabe está obligado a respetar si no quiere ser señalado por las instituciones comunitarias.
En los municipios se suceden los incidentes. A veces a costa de las banderas LGTBi; otras en relación con la unidad frente a la violencia de género, que Vox se empeña en desafiar sin que el PP vea en esa actitud un motivo de ruptura. En Gijón, la tensión ya ha tenido un desenlace. La alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), rompió la coalición con los ultras apenas 100 días de formar un Gobierno tripartito con ellos y con el PP. ¿La razón? Que la diputada regional y concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco (Vox), anunciara que se planteaban hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) acordes a la línea de su partido y alejado de “sesgos y partidismos”.
Lo que los españoles necesitan es “una mayoría estable para que haya un Gobierno en España y no un desgobierno”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende los acuerdos entre su partido y Vox en nombre de una estabilidad que intenta contraponer a la experiencia de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos durante los últimos cuatro años.