Manuel Moix seguirá al frente de la Fiscalía Anticorrupción tras la reunión mantenida este jueves por el Consejo Fiscal, en la que se abordó su polémica gestión en el caso Lezo.
Los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales –Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodríguez Rey– plantearon la destitución de Moix al considerar que su imparcialidad ha quedado cuestionada. Pero el resto de los vocales aseguró que aunque podía tacharse de "imprudente" la actuación de Moix no veían motivos suficientes para exigir su cese. Uno de los vocales de la UPF llegó a plantearle al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que toda la gestión en torno a la operación Lezo exigiría además la dimisión del propio fiscal general. Entre risas, Maza respondió: "Ninguna de las dos cosas".
El fiscal general del Estado aplazó además la decisión de Moix de relevar a los dos miembros de la carrera que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3 por ciento, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de Convergéncia (CDC) en Cataluña. Ante el Consejo Fiscal, ha señalado que necesita una mejor información antes de refrendar este cambio. El Consejo Fiscal rechazó además conceder el amparo solicitado precisamente por los fiscales del 3 por ciento –José Grinda y Fernando Bermejo– más un tercero, Juan José Rosa, tras ser acusados de coacciones por un investigado en el caso Emperador.
El Consejo Fiscal justifica esta decisión de no ampararles en una cuestión técnica por la situación de la tramitación en la que se encuentra la denuncia, que fue cursada a la Fiscalía de Cataluña por el propio Moix.
La destitución de Moix
La Unión Progresista de Fiscales emitió al término de la reunión un comunicado en el que explica que sus tres vocales pidieron al fiscal general la conveniencia de destituir al actual fiscal jefe de Anticorrupción: "No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del fiscal jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad".
Para la asociación progresista, la forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como fiscal jefe, "su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso Lezo y el trato dado a uno de los fiscales encargados del asunto tras la invocación del articulo 27 del estatuto fiscal reflejan una concepción de la jefatura que no sólo no compartimos, sino que rechazamos".
"La confianza que los ciudadanos deben tener en que desde el Ministerio Fiscal no se busca otro fin que no sea cumplir y hacer cumplir la ley y perseguir el delito y a quienes lo cometen pasa inexorablemente por la remoción del señor Moix cuya credibilidad, y por ende la de la Fiscalía Anticorrupción, se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos", completa el comunicado de los fiscales progresistas.
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Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha emitido una nota de prensa en la que asegura que la lucha contra la corrupción es "una necesidad" y "una exigencia" de la sociedad española "que involucra sin duda a todos los profesionales que integramos con orgullo el Ministerio Fiscal español".
El mismo comunicado sostiene que todos los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan un trabajo "difícil y necesario para dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, por encima de las luchas partidistas y al margen de unas presiones dirigidas con cualquier finalidad para condicionar su actuación. El Consejo Fiscal reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto y que se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia su función", completa el escrito.
Por su parte, la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora, ha respondido a la UPF sobre su petición de cesar al fiscal Anticorrupción que sus argumentos son "rumores" y que gracias a la labor de esta institución, Ignacio González, está en prisión. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de dicha asociación y fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha dicho que ha quedado demostrado que "si hay un imputado que se alegraba" del nombramiento de Moix –en referencia a una conversación telefónica entre González y el exministro Eduardo Zaplana– es precisamente el que está en prisión gracias a la labor de la Fiscalía Anticorrupción.
Manuel Moix seguirá al frente de la Fiscalía Anticorrupción tras la reunión mantenida este jueves por el Consejo Fiscal, en la que se abordó su polémica gestión en el caso Lezo.