De las calles a la Asamblea de Madrid y de la Cámara regional al Gobierno. El nombramiento de Mónica García como nueva ministra de Sanidad era un secreto a voces que al fin se confirmó este lunes. La que fuera candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, a la que las urnas colocaron como líder de la oposición y azote de Isabel Díaz Ayuso, tiene ahora por delante cuatro años para lograr el objetivo de devolver a la sanidad pública al lugar que profesionales y pacientes reclaman. Con el reto, eso sí, de compartir sus competencias con un mapa autonómico de mayoría conservadora que, si hacemos caso a la hemeroteca, puede no poner nada fácil el cumplimiento de la hoja de ruta que García se marque desde su sillón azul.
Anestesióloga de carrera y profesión, García sólo podía tener un destino en el Gobierno. "La sanidad pública es un orgullo de nuestro país. Voy a poner alma, corazón y cerebro para defenderla desde el Ministerio", dijo en un vídeo publicado este lunes en sus redes sociales. García, que se presenta ante la cámara delante de un cartel en el que se puede leer 'Viva la sanidad pública', marcó rápidamente su objetivo. "A raíz de los años de recortes que pusieron el negocio por delante de la salud, y después de los embistes de la pandemia, nuestro sistema sanitario ha quedado tocado y el espíritu con el que nació se encuentra en sus horas más bajas: largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria que está seriamente debilitada", lamentó.
Empezó como activista y comenzó a destacar rápidamente dentro de la Marea Blanca como una de las portavoces de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Desde allí luchó contra las políticas sanitarias de la Comunidad de Madrid y la gestión, profundamente privatizadora, del entonces Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Era la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González y su trabajo le sirvió para saltar a la política en 2015, cuando formó parte de las listas de Podemos a las elecciones autonómicas.
García consiguió el sillón de diputada y en 2019 pasó a Más Madrid, formación al frente de la cual se convirtió en la cara más activa y visible de la oposición a Ayuso, que fue precisamente la primera en reaccionar al nombramiento, poco después de confirmarse. La conservadora le deseó "los mejores éxitos", aunque los acompañó de un dardo: García, dijo, no trabaja como "profesional", sino como "sindicalista". "Una persona que llama al boicot de un hospital público con pacientes dentro como ocurrió durante la pandemia pues preocupa bastante", indicó durante su participación en el foro Voces para la reforma organizada por Vozpópuli.
Quizás fue ese, el de la crisis sanitaria, el momento que terminó de encumbrar a García como voz al frente de las reivindicaciones de la sanidad pública. Fuentes del equipo de García, de hecho, señalan a infoLibre que el Ministerio "ha adquirido una especial relevancia" desde que se dieron cuenta "de nuestra fragilidad y dependencia de los servicios públicos durante la pandemia". "El trienio pandémico marcó la continuación de una década perdida para la sanidad, iniciada en 2012 con políticas austericidas de recortes. Hace ya 10 años, se produjo un quiebre en el espíritu con el que nació nuestro sistema nacional de salud de la mano de Ernest Lluch. Es hora de regresar a esa senda y recuperar el espíritu que convirtió nuestra sanidad en algo más que un servicio público: en la joya de la corona de nuestro estado del bienestar", apuntan.
Pero eso habrá que plasmarlo en las políticas sanitarias del Gobierno. En primer lugar, especifican las mismas fuentes, "blindando la universalidad como garantía de proporcionar atención sanitaria a todos y todas" y cerrando "la brecha que se ha generado en los últimos años entre los profesionales sanitarios y su orgullo de trabajar en nuestro sistema sanitario", para lo que prometen "atender las necesidades de recursos humanos que serán requeridas en la próxima década".
Pero, concretamente, hay tres tareas urgentes que atender: reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria y resolver la deficitaria situación de la salud mental.
Lo dijo el propio presidente Pedro Sánchez durante su discurso de investidura, cuando anunció un plan encaminado a reducir las esperas en sanidad, otro para aumentar el número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y otro para dar mayor importancia al primer nivel asistencial. "Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla", señaló desde el atril del Congreso de los Diputados. Las intenciones se plasmaron también en el acuerdo que firmó el PSOE con Sumar.
"El reto es, en esencia, reforzar el Sistema Nacional de Salud", explica José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad. La dificultad, dice, reside en que para ello habrá que mantener un diálogo constante en el Consejo Interterritorial, integrado ahora por una mayoría de presidentes autonómicos del PP que, históricamente, han apostado por la privatización sanitaria y el desmantelamiento, critican desde hace años profesionales y pacientes, de la sanidad pública. García, a la que desea "éxito y acierto", deberá "generar consensos" y alejar la sanidad del "partidismo".
Y eso pretenderán, señalan desde su equipo. "Este Ministerio tiene un firme espíritu de acuerdo social para llegar a pactos con todas las escalas territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Hay pactos urgentes e importantes donde se cree que todos estarán de acuerdo", indican.
Porque el objetivo va más allá de la ideología. Y el Ministerio de Sanidad, indica Olmos y certifica el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, tiene más poder del que se cree. "La sanidad es una competencia compartida, y yo creo que por una histórica dejación de funciones del Ministerio muchas comunidades han hecho lo que han querido. Eso no puede ser. El derecho a la protección de la salud es un derecho de todas las personas y el Gobierno tiene que velar por que se respeten", señala.
Empezar por la base, la atención primaria
Tanto Olmos como Bayle apuntan a la atención primaria en primer lugar cuando se les pregunta por los nuevos retos de García. Es el primer nivel asistencial, y el más maltratado. Y así lo reflejan las manifestaciones y huelgas que han recorrido el país durante los últimos meses. Y el dato de que ninguna autonomía destina, ni de lejos, el 25% de su gasto sanitario a este área. Según la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad, correspondiente a 2021, las comunidades destinan, de media, un 14,2%, un porcentaje que aumenta hasta el 17% en el caso de Andalucía y desciende hasta el 11% en el caso de la Comunidad de Madrid.
"Este es el primer tema a resolver, el más urgente", señala Bayle, que cree que hay que financiar los planes para reforzar la atención primaria con presupuestos finalistas que impidan que las comunidades destinen esos fondos a otras áreas. Martínez Olmos, por su parte, opina que esto es una quimera, y que lo que hay que hacer es repensar su funcionamiento. "La demanda mayoritaria en las consultas, y que va a ir en aumento, tiene que ver con los problemas crónicos de salud. Lo que habrá que hacer es modificar la normativa para que profesionales de enfermería y farmacia tengan nuevas competencias", opina.
El 15 de diciembre de 2021, con las consecuencias de la pandemia aún muy presentes, el Consejo Interterritorial firmó el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Pero no sirvió de demasiado. "Planes y acuerdos hay muchos, lo que hay que hacer es financiarlos. ¿Qué comunidad se va a negar a incrementar el número de médicos de primaria si los financia el Estado?", se pregunta Bayle.
El 'efecto contagio'
Mejorar la atención primaria, sostienen tanto el portavoz de la FADSP como el ex secretario general de Sanidad, va necesariamente ligado a muchas otras mejoras. Y una, sostienen, es otro de los grandes retos del futuro del Ministerio ya anunciado por Sánchez: la reducción de las listas de espera. No es un tema menor. Precisamente este lunes, el Ministerio de Sanidad publicaba las cifras de la espera en sanidad a 31 de junio de este año. Y los datos han empeorado. Es más, han marcado un nuevo máximo histórico. Concretamente, al término del primes semestre de 2023 había 819.964 pacientes esperando una intervención quirúrgica. En la misma fecha del año pasado eran 742.518, un 10,4% menos. Si lo comparamos con 2019, antes de la llegada del covid-19, el tiempo de espera ha aumentado un 22%.
Además, el tiempo de espera tampoco ha mejorado. En junio de este año se situaba, de media, en 112 días, tan sólo uno menos que en junio de 2022 y tres menos que en 2019.
Sí ha mejorado, por el contrario, la lista de espera para consultas externas. Si hace un año había 79,3 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando a ser atendidos en alguna especialidad, ahora son 78,47. Aun así, los objetivos que se ha marcado el Gobierno van mucho más lejos. Pretenden establecer, por ley, unos tiempos máximos de espera que sitúen en 120 días el tope para una intervención quirúrgica, en 60 para una consulta externa y en 30 para realizarse pruebas complementarias. Pero esto, señala Martínez Olmos, depende de lo mismo: de una correcta financiación.
García, en cualquier caso, ya presentó una proposición de ley como líder de Más Madrid para aprobar una norma similar en la Comunidad. En ella, la nueva ministra era todavía más ambiciosa: 90 días de espera como máximo para intervenciones quirúrgicas, 21 para pruebas diagnósticas y 30 para consultas externas. "Las listas de espera pueden impactar de forma importante en la percepción que la ciudadanía tiene de su sistema sanitario y en la capacidad de dicho sistema para dar respuesta a las necesidades y las demandas de la población en materia de salud, pudiendo suponer un facilitador para la resolución de problemas de salud en la población o una barrera que, además, pueda generar una mayor desigualdad en ciertos grupos de pacientes", indicó la formación en la exposición de motivos de la proposición.
La atención a la salud mental desde la pública
El Gobierno también va a "garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla", indicó Sánchez durante su discurso de investidura. El grito de "¡Vete al médico!" de un diputado del PP a Íñigo Errejón en 2021 comenzó a mostrar una realidad que la pandemia terminó de rematar: la salud mental no tiene hueco en el Sistema Nacional de Salud y su cuidado depende, casi siempre, del bolsillo de quien la nota resentida.
El principal problema es que no hay quien la atienda. Según la última Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, publicada por el INE en mayo con datos del año 2022, en España hay 38.427 psicólogos clínicos, tan sólo 2,2% más que un año antes. Por cada 1.000 habitantes, tan sólo suponen 0,8.
En cuanto al número de psiquiatras, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) denunció el pasado mes de junio que la ratio es "claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea". Concretamente, hay 4.393 psiquiatras en la red pública de atención a la salud mental, lo que supone una ratio de 9,27 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra muy lejana a los 14 de Portugal, a los 15 de República Checa, a los 23 de Francia o a los 28 de Alemania.
En marzo de 2021, García presentó, también en Madrid, el plan 'Vete al médico', que contemplaba que la espera para psicología o psiquiatría no superara los diez días. Hizo de esta propuesta, además, una política concreta: que ir a terapia no sea "algo vergonzante", sino algo "cotidiano". Y puso el foco entonces en una juventud "que tiene más ansiolíticos en la mesilla que perspectivas de futuro". Ahora, apenas unas horas después de conocerse que García ocupará la cartera que hasta ahora ostentaba José Miñones, Sumar ya ha confirmado que el Ministerio contará con un comisionado especial sobre salud mental. "Será una línea de trabajo fundamental", dicen desde su equipo.
Salud pública y emergencia climática
Agosto de 2022. El Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley por el que se creaba la Agencia Estatal de Salud Pública. Llevaba pendiente 11 años y tuvo que llegar una pandemia para ponerse manos a la obra, tal y como estableció la Ley General de Salud Pública aprobada en 2011. Sin embargo, quedó en eso: un proyecto. "Este tema quedó pendiente por la convocatoria electoral, pero fortalecer la salud pública es muy importante", señala Martínez Olmos.
"Se trata de una prioridad política para el Gobierno de España, tras la experiencia vivida con la pandemia y, también, una necesidad de país para abordar situaciones en nuestro sistema público de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación", dijo la ministra de Sanidad en 2022, Carolina Darias.
Los ministros de Sumar: Yolanda Díaz, Mónica García, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy
"Crear esto sí que es una decisión que depende directamente del Ministerio", explica Bayle. Y desde el equipo de García le dan especial importancia, destacando que el fortalecimiento de la salud pública permitirá "anticiparnos a los posibles problemas".
Pero desde el equipo de García también señalan que el nuevo Ministerio tendrá otro reto: "enfrentar la emergencia climática, dando pasos hacia una transición ecológica sanitaria para disminuir la huella ecológica del sistema sanitario y apuntalando las políticas de salud al servicio de una vida mejor en términos de bienestar físico y mental".
"Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra con el mismo compromiso y vocación de servicio público que me ha acompañado cada uno de los días de mi vida. Confío estar a la altura", ha sentenciado García este lunes. Según explica Bayle, la primera prueba serán los Presupuestos.
De las calles a la Asamblea de Madrid y de la Cámara regional al Gobierno. El nombramiento de Mónica García como nueva ministra de Sanidad era un secreto a voces que al fin se confirmó este lunes. La que fuera candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, a la que las urnas colocaron como líder de la oposición y azote de Isabel Díaz Ayuso, tiene ahora por delante cuatro años para lograr el objetivo de devolver a la sanidad pública al lugar que profesionales y pacientes reclaman. Con el reto, eso sí, de compartir sus competencias con un mapa autonómico de mayoría conservadora que, si hacemos caso a la hemeroteca, puede no poner nada fácil el cumplimiento de la hoja de ruta que García se marque desde su sillón azul.