La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que los países de la UE todavía deben dialogar sobre la directiva europea para tipificar los delitos de corrupción que obligaría a España a volver a aumentar las penas de malversación, pero ha señalado que todos los países adaptarán su normativa al resultado final de esa negociación, según informa Europa Press.
"Ahora toca dialogar, y hacerlo lo mejor posible entre todos los países, y todos adaptaremos nuestra normativa según el resultado final que todavía, claro, no lo conocemos porque está muy reciente" la cuestión, ha afirmado.
Así, considera que "es una buena noticia que todos los países tengan un tratamiento similar, porque eso va a permitir que, si hay un delito que supera la frontera nacional, se pueda hacer en las condiciones de garantía, con todos los tribunales remando en la misma dirección, así que me parece una buena noticia que exista una directiva" europea, y ha insistido en que "España ha avanzado respecto a esa directiva incorporando algunos de esos delitos".
Además ha señalado que, "cuando se habla de Código Penal, habitualmente nadie va a estar exactamente mimético a lo que plantee el borrador de directivas, y esto obligará a todos los países a adoptar su normativa".
Propuesta de directiva de la UE
De este modo Montero, hacía referencia a la propuesta de directiva de la Comisión Europea presentada esta semana que plantea una pena máxima de al menos 5 años para delitos de malversación en toda la Unión Europea. Propone además tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente. Según este primer borrador, España tendría que volver a reformar el delito de malversación.
Montero ha hecho estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía, donde ha defendido que la "estructura" de los delitos tipificados en los países de la Unión Europea sea "homogénea, más allá de la duración de las penas" que se planteen contra ellos.
A este respecto ha señalado que "todos avanzamos en la misma línea, que es intentar homologar, homogeneizar en los diferentes países delitos que tienen que ver con el uso de fondos públicos y con cuestiones que están relacionadas con la malversación y, por tanto, con el manejo de impuestos que los ciudadanos ponen a disposición de los políticos y de los poderes públicos".
"Con los deberes hechos"
"Me parece muy importante seguir trabajando en esa dirección", ha añadido la ministra, que ha agregado que eso es "lo que pretendió" España con "la primera reforma que llevó a cabo" en su Código Penal en la que se rebajaban las condenas para la malversación que no fuera para enriquecimiento propio.
Al igual que sostuvo este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la también vicesecretaria general del PSOE ha sostenido que que esa propuesta de la Comisión Europea "nos pilla con los deberes hechos" por haber incorporado al ordenamiento jurídico el delito de enriquecimiento ilícito.
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La ministra ha agregado que esa es "una de las cuestiones que se plantea en el borrador de directivas", y ha expresado que, "más allá de la duración de las penas que se pueda plantear, lo importante es que la estructura de esos delitos sea homogénea", y "se permita, por tanto, que la consideración en cualquier país de la Unión Europea tenga aproximadamente el mismo rango".
"Esto es lo importante, y vamos a trabajar ahí", ha abundado Montero para agregar que "estamos dialogando", y se va a "intentar que entre todos los países lo podamos hacer".
Por otro lado, Montero ha dicho que le "llama la atención que el PP, permanentemente ante cualquier cuestión, como siempre son los agoreros, de alguna manera las personas pesimistas de gafas negras que todo lo ven desde la calamidad", y ha remarcado que, pese a los pronósticos de los populares, "no ha pasado absolutamente nada" tras dicha reforma del Código Penal, que "lo que nos permite ahora es estar en mejores condiciones", según ha sostenido.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que los países de la UE todavía deben dialogar sobre la directiva europea para tipificar los delitos de corrupción que obligaría a España a volver a aumentar las penas de malversación, pero ha señalado que todos los países adaptarán su normativa al resultado final de esa negociación, según informa Europa Press.