La mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%. Así lo revela un estudio publicado en la revista Epidemiología (disponible en este enlace) que reafirma que el Protocolo de la Vergüenza firmado por el Gobierno de la conservadora Isabel Díaz Ayuso tuvo una responsabilidad fundamental en el número de fallecimientos de los usuarios de centros de mayores.
"En Madrid pasó algo insólito. Se establecieron protocolos de exclusión basados en la dependencia y el deterioro cognitivo y no en la enfermedad. Además, se prometió que las residencias serían medicalizadas pero eso nunca ocurrió. De ahí estos resultados", explica María Victoria Zunzunegui, autora principal de la investigación y profesora jubilada de la Universidad de Montréal.
El estudio, que junto a ella firman el también profesor de la Universidad de Montréal François Béland y el médico epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III Fernando J. García López, fue publicado el pasado 7 de junio en Epidemiología, una publicación científica que trimestralmente divulga distintos artículos sobre distintas áreas de investigación epidemiológica. Su objetivo, según su web, es "proporcionar una plataforma para que científicos y académicos de todo el mundo promuevan, compartan y discutan varios temas" relativos a ese campo.
Hace ahora un año, los tres investigadores revelaron también que el modelo público-privado de las residencias madrileñas fue "letal" en la primera ola de la pandemia, es decir, durante marzo y abril de 2020, meses que también se estudian en esta nueva publicación. Como recuerdan sus autores, y según desveló infoLibre, el Gobierno madrileño firmó cuatro protocolos de exclusión que impidieron la derivación hospitalaria de los mayores contagiados que vivían en residencias: uno el 18 de marzo, otro el 20, otro el 24 y otro el 25. El contenido, aún así, era esencialmente el mismo. Se impedía, a modo de orden y no de recomendación, que los ancianos con mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo fueron trasladados a un hospital.
Los investigadores, según explica Zunzunegui, iniciaron su estudio partiendo de una base muy clara: "En cualquier problema de salud, ya sea un trastorno crónico o una enfermedad infecciosa, la mortalidad de los hospitalizados es mucho mayor que la de los que no lo son", dice la profesora. "Cuando una persona está grave, necesita cuidados hospitalarios. Cuando a esa persona se la mantiene en casa, es que está leve", continúa. La lógica tendría que haber sido la misma con el contagio por covid: el empeoramiento de la enfermedad habría tenido que ser resuelto con derivaciones hospitalarias; una infección leve habría permitido la permanencia de la persona enferma en su lugar de residencia.
Así pasó en las otras ocho comunidades objeto de la investigación. Los investigadores han realizado en concreto una revisión de 11 estudios con datos disponibles de Madrid, Aragón, Comunitat Valencia (en concreto, la investigación revisada se cinrcunscribe a Castellón), País Vasco (con un estudio de Gipuzkoa y otro de toda la autonomía), Cataluña (con una investigación de Sant Cugat Cugat del Vallés y otra de toda la comunidad), Andalucía (con una investigación de Granada y otra de toda la autonomía), Galicia, Castilla-La Mancha (con un estudio en Albacete) y Navarra.
Los resultados revelan que en todos estos lugares la mortalidad de los mayores que vivían en residencias fue mayor en los hospitales que en estos centros. Es decir, se derivaron los casos más graves. En concreto, en Castellón, la mortalidad en el hospital fue del 53%, mientras que en las residencias fue del 26%. En Aragón, el primer porcentaje fue del 53%, mientras que el segundo fue del 18,3%. En el País Vasco, las cifras fueron de 50% y 15%. La balanza está equilibrada de esta manera en todos los lugares estudiados. Menos en Madrid.
Allí, la mortalidad en los hospitales fue más baja. En el primer estudio revisado por Zunzunegui, relativo al Hospital Infanta Sofía —que corresponde a quienes viven en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas—, la mortalidad en el centro fue del 42%, mientras que la de los mayores contagiados que vivían en residencias de la zona y no fueron trasladados fue del 47%. En el segundo, relativo al Hospital Ramón y Cajal, el primer porcentaje se situó en el 28% y el segundo en el 41%.
Es necesario, dice la experta, que estos estudios se amplíen a todos los hospitales de la Comunidad, para poder calcular estos porcentajes en ellos. "Se debe realizar una evaluación del triaje basado en la discapacidad de las personas que vivían en las residencias durante marzo y abril de 2020 en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid", señalan los investigadores.
Un estudio muestra que el modelo público-privado en las residencias de Madrid fue "letal" en la pandemia
"En la Comunidad de Madrid no se permitió la derivación al hospital de muchos de los casos más graves que podrían haberse beneficiado de la atención hospitalaria, sino que se envió al hospital a aquellos con un mejor estado funcional. En la Comunidad de Madrid se aplicó el protocolo de exclusión de atención hospitalaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la población adulta mayor con discapacidad moderada y severa que vivía en las residencias de personas mayores. Había alternativas ya que se disponía de camas en los hospitales privados y en el hospital de campaña en Ifema", concluyen los autores. "Los protocolos de triaje deben apuntar a salvar el máximo número de vidas, ser elaborados por comités que incluyan expertos en ética y usarse sólo si no hay alternativas. No se deben utilizar exclusiones categóricas como el lugar de residencia, la discapacidad o la edad", añaden.
A pesar de esta conclusión, los investigadores revelan también que el porcentaje de hospitalizaciones en la Comunidad de Madrid fue de los más elevados. En concreto, uno se situó en el 31% y otro en el 46%. En Albacete, por ejemplo, fue del 11%. Según explica Zunzunegui, esto se pudo deber a la queja sobre las no derivaciones que expresaron los geriatras encargados de filtrar esos traslados. "Probablemente, al empezar a hospitalizar lo hicieron más que en otros lugares", dice la epidemióloga.
Por último, la mortalidad, independientemente del lugar de fallecimiento, fue más elevada en Madrid que en el resto de autonomías estudiadas. Así, los dos estudios de la Comunidad reflejan unos porcentajes del 37% y del 45%, unos rangos que en las investigaciones de otras autonomías se mueven entre el 16% de Albacete y el 32% de Castellón.
La mortalidad de los mayores con covid que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 falleció, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%. Así lo revela un estudio publicado en la revista Epidemiología (disponible en este enlace) que reafirma que el Protocolo de la Vergüenza firmado por el Gobierno de la conservadora Isabel Díaz Ayuso tuvo una responsabilidad fundamental en el número de fallecimientos de los usuarios de centros de mayores.