Con el inicio de la pandemia, la mirada de la ultraderecha buscó un objetivo concreto: el movimiento feminista. La celebración de la marcha del 8M, que congregó a más de cien mil personas en Madrid, ha sido utilizada por la extrema derecha institucional y social para cargar contra la gestión de la crisis. Esta batalla se ha desplazado ahora al terreno judicial y ha aterrizado en el Juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación.
La Comisión 8M lo tiene claro: "No somos parte de ese juego. No queremos serlo. Y no vamos a entrar en él". Lo dicen a través de un comunicado en el que recuerdan que el movimiento "se ha convertido en la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar tanto lo que ya era invisible como cualquier posibilidad de debatir sobre ello". Los ataques, advierten, "no son sólo simbólicos", sino que han cristalizado en una serie de ataques por parte de "quienes estaban intentando manipular la realidad con informes falsos y maniobras políticas". Algunas activistas, denuncian, han sufrido "prácticas que se saltan las garantías de un estado de derecho". Y añaden: "Se nos ha presionado para que fuésemos a hacer declaraciones policiales en pleno estado de alarma. Se nos ha señalado con nombres y apellidos".
La Comisión 8M recuerda que quienes les "han puesto en la diana ni siquiera entienden qué es el 8M". "Somos mujeres comunes organizándonos para luchar por lo común. Somos un movimiento social, horizontal, asambleario. Somos tú y yo, somos nosotras. Y, sobre todo: no salimos a la calle solo el 8 de marzo. Y esto es, quizá, lo que más les asusta". En todo caso, las activistas dicen estar "acostumbradas" a que se las "criminalice". "También sabemos que, cuando se empieza a criminalizar las luchas sociales, ese camino no tiene fin. En un momento como este, salvaguardar los derechos fundamentales también es la garantía de que podamos seguir hablando de lo esencial, y trabajando por ello".
Yolanda Díaz es activista y una de las promotoras de la iniciativa Emergencia Feminista. En conversación con infoLibre insiste en que "es todo ruido" y forma parte de una estrategia bien conocida para las feministas: "Una vez más, culpabilizan a las mujeres". Pero ellas, afirma, llevan "más de tres siglos luchando por los derechos de las mujeres y a muchas les ha costado la vida". Recuerda que el discurso y los movimientos de la extrema derecha demuestran "más que nunca el machismo y la homofobia", pero sobre todo persiguen un fin: "Nos quieren ver temerosas, pero las mujeres somos valientes". "Quieren que nos quedemos en el ámbito privado y que sólo ellos tengan el poder". Pero el movimiento feminista no prevé desviarse del camino. "Nuestra senda va a ser la misma: seguir luchando". También durante el confinamiento, señala, mostrando su "disconformidad dentro de casa, a través de las redes y en las calles". A juicio de Díaz, "el ruido siempre ha existido, para tapar lo verdaderamente importante", pero no entra en los planes del movimiento amilanarse. "Los asesinatos machistas siguen, el machismo sigue y nosotras vamos a seguir diciendo que el virus del machismo es la pandemia que se debe combatir".
"Este baile no va con nosotras". Lo resume así Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. "A las posiciones de la ultraderecha siempre le ha venido muy bien el discurso agresivo contra las mujeres", de manera que el "uso específico del 8M tiene más que ver con ese posicionamiento ideológico" y no con que "las manifestaciones tuvieran efectos relacionados con la pandemia". En Madrid, recuerda, la movilización congregó a "cerca de 120.000 personas que en ningún caso es comparable con los dos millones que nos subimos al metro ese día".
En todo caso, insiste Soleto, "la batalla que se está librando en torno al 8M tiene más que ver con el clima de crispación política que con nosotras" y aunque entiende que el resultado no "beneficiará al movimiento feminista", se pregunta si realmente "alguien cree que esto puede ser perjudicial para todo el trabajo" hecho hasta ahora. "Yo en marzo de 2021 estaré manifestándome y conmigo al menos otras 120.000 más", augura.
La extrema derecha y la crispación
Aunque las movilizaciones feministas se celebraron en decenas de países, únicamente en territorio español se ha vinculado, vía judicial, la expansión de la epidemia con la realización de las marchas. Diferentes colectivos feministas de dimensión internacional desconocen acciones similares en otros países y tampoco el Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE) tiene noticias al respecto, aunque está investigándolo. El uso de la denuncia como herramienta de la extrema derecha se ha consolidado en suelo español por parte de partidos como Vox o agrupaciones como Abogados Cristianos.
El equipo de Santiago Abascal ha encontrado en la vía judicial un instrumento al que aferrarse para ejercer su particular oposición, sin mirar los resultados: el partido ultra ha presentado decenas de querellas contra representantes políticos que han quedado en el archivo. Abogados Cristianos también ha ocupado titulares de manera habitual por constituirse como una máquina de presentar denuncias, esta vez relativas a delitos contra sentimientos religiosos.
Nuria Alabao, periodista y autora del capítulo Género y fascismo: la renovación de la extrema derecha europea, contenido en el libro Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018), recuerda que "esta estrategia está muy vinculada con Vox", que a su vez procede de una "escisión neocon del PP". En ese sentido, destaca que existe un antecedente en cuanto a tensión emocional, en marzo de 2004, tras los atentados de Atocha en Madrid. Entonces "hay un intento, en un momento de tensión emocional muy fuerte, de utilizar eso para excitar los ánimos en una especie de necropolítica". En aquel momento, analiza Alabao, se utiliza una suerte de "teoría de la conspiración para introducir dudas sobre la autoría de los atentados", con el objetivo de "impugnar el resultado de unas elecciones que habían dado la victoria al PSOE".
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A día de hoy, tanto las manifestaciones ultra como la batalla judicial "no llevan el membrete de Vox, pero la tonalidad de las expresiones sí lo son". El objetivo, entiende, pasa por "agitar los ánimos" para lograr sus objetivos políticos. "Ellos han puesto el foco en el 8M porque es algo de lo que pueden responsabilizar al Gobierno", desgrana la periodista, pero "no llegarán muy lejos" porque aunque la celebración de las marchas "pueden ser discutibles, no podían prohibirse en aquel contexto". En todo caso, continúa, a la formación de Santiago Abascal "le viene muy bien porque es el único partido español manifiestamente antifeminista".
Sin embargo, la conexión de las filas ultra con otros movimientos europeos, especialmente del este, es evidente. Estos sectores han tenido sus propias expresiones misóginas durante la pandemia. La diferencia esencial tiene que ver con quién ostenta el poder: en Polonia y Hungría, con la extrema derecha en el Gobierno, la estrategia ha venido a golpe de legislación. En el primer país a través de la puesta en marcha de una ley restrictiva contra el aborto y en el segundo contra las personas trans.
Lo recuerda Violeta Assiego, activista y abogada por los derechos humanos. "El movimiento fascista, o los fundamentalismos contemporáneos, están centrando sus ataques en los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, pero está tomando un cuerpo diferente en cada país", dice al otro lado del teléfono. En España "lo hace por la vía judicial y contra el 8M", pero en otros países la estrategia se adapta a las circunstancias propias. "Mi sensación es que el 8M es el escenario que están utilizando aquí los fundamentalismos contemporáneos para desestabilizar al Gobierno", por tanto la peculiaridad en suelo español es que la ultraderecha "está tratando de recuperar el poder político" y lo hace intentando matar dos pájaros de un tiro: perjudicar al Gobierno y "desactivar la confianza de la gente en un movimiento imparable que está conquistando muchos espacios". Si la extrema derecha estuviera en el poder, sospecha la abogada, "impondría medidas que sí vemos en otros países".