Vende pañuelos en una esquina del barrio sevillano de Los Remedios. Va vestido con una cazadora amplia y calza unos zapatos que –dice– no se corresponden con su número. “Si tiene algo que me sirva, aquí estoy”, añade escondiendo sus ojos bajo la visera de una gorra. “Guinea”. Es lo máximo que llega a pronunciar sobre su procedencia. No quiere hablar del tiempo que lleva en España, ni de su situación ni de la de tantos y tantos inmigrantes que siguen pensando en cómo cruzar la frontera entre aquel mundo y este otro, entre Europa y África. No quiere decir ni su nombre.
¿Recuerda lo que ocurrió en Tarajal? Guarda los paquetes de pañuelos en una mochila como si hubiera visto al diablo y aprovecha el cambio de color del semáforo para abandonar la esquina y la escueta conversación a unos minutos de las cuatro de la tarde. “Muerte, muerte”, susurra mientras cruza el paso de peatones, blanco y negro.
Muerte e impunidad, que en política migratoria son sinónimos de no haber cambiado nada. Esa es la conclusión, un año después, de los hechos ocurridos en la playa del Tarajal, en Ceuta, donde al menos 15 personas fallecieron mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma y botes de humo para disuadirles. Ningún agente ha sido juzgado, ninguna Administración ha asumido responsabilidad alguna y ningún superviviente ha sido escuchado por los tribunales.
Doce meses después, el caso continúa estancado en un juzgado de Ceuta, que ha decidido enviar la causa a la Audiencia Nacional al entender que las muertes se produjeron en Marruecos. “La jueza no tiene valentía. Es una decisión cobarde”, denuncia el coordinador del área Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). "Se trata de muertes siniestras, y los señalamientos apuntan a graves irregularidades por parte de miembros de la Guardia Civil. Los supervivientes y familiares de las víctimas merecen conocer la verdad sobre lo sucedido y ver que se imparte justicia", afirma en un comunicado la investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch, Judith Sunderland.
Este mismo jueves, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido la labor de la Guardia Civil y ha insistido en que las pelotas lanzadas por los agentes no causaron la muerte de estas personas. “El Gobierno miente y manipula la verdad de unos hechos que siguen impunes. Pero no sólo en el Tarajal. Sino todo lo que viene con las devoluciones en caliente ahora legalizadas”, añade Lara.
Aquel mismo 6 de febrero, la veintena de personas que sí consiguieron llegar a nado a la parte española de la playa fueron devueltas de inmediato a Marruecos en una actuación ilegal que ahora se institucionalizará con la modificación de la Ley de Extranjería a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. ”Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, reza el texto, que tiene que ser aprobado ahora en el Senado. Se elimina así el procedimiento de identificación y los expedientes administrativos que prevé la actual Ley de Extranjería.
No sólo organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Right Watch han puesto el grito en el cielo ante una política que viola claramente los derechos humanos. Desde la ONU y la Unión Europea también han avisado a España. Tras una visita a la valla de Melilla –hay un coronel imputado por estas devoluciones en caliente–, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denunció que la legalización de estas devoluciones sería “el principio del fin del sistema de asilo comunitario”. Un sistema que en la práctica tampoco funciona en España.
A la mayoría de los solicitantes en Ceuta y Melilla se les impide pasar a la península, según denuncia la Comisión Española de ayuda al Refugiado (CEAR), que afirma que es habitual desde la aprobación en 2009 de la ley de asilo. La propia Defensora del Pueblo Español ha puesto en evidencia el retraso en la resolución de las solicitudes, a veces de hasta dos años frente a los seis meses como máximo que establece la ley. Esta situación, que se traduce en un encarcelamiento en las ciudades autónomas, vulnera los tratados internacionales e incluso la Constitución, que consagra el derecho a la libre circulación por territorio nacional, extensible a los solicitantes de asilo. Muchos de ellos, además, aguardan esa respuesta que nunca llega en condiciones pésimas en los centros de estancia temporal para inmigrantes, los CETI, otra de las cuestiones junto con los CIE que hacen que en política migratoria no cambie nada.
“Existe una política que no se mueve un ápice a pesar de estar demostrando año tras año su ineficacia. Sigue siendo generalizado el uso de la violencia, se siguen usando las concertinas… Más fronteras y más expulsiones. Y ya no estamos hablando de justicia, sino de sentido común”, reflexiona el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, que concluye con la siguiente ironía: “Qué visión tuvo el diputado de Ceuta que en los 90 dijo que habían encontrado la solución a la inmigración: ¡una valla!”.
Dos supervivientes de la tragedia del Tarajal declaran que la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo contra ellos
Hace un año, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también ironizó –pero en el sentido contrario– al preguntarse si en vez de agentes de la Guardia Civil había que poner a azafatas para recibir a los inmigrantes. “Que me den la dirección y les enviamos a los que saltan la valla. Que digan a cuántas personas están dispuestos a acoger y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones”, dijo recientemente el ministro Jorge Fernández Díaz a modo de defensa ante las críticas por las devoluciones en caliente.
Mientras tanto, el flujo de personas que salen de sus países en busca de una vida mejor, no cesa. Según el balance migratorio de 2014 elaborado por la APDHA, cuyos resultados serán hechos públicos este viernes, la llegada de inmigrantes a España ha registrado un aumento de aproximadamente el 34 por ciento con respecto al año anterior. “Se concentran sobre todo en Melilla y Cádiz”, adelanta Rafael Lara a Infolibre. Nada ha cambiado desde hace un año, pero tampoco desde hace casi 30, cuando la guardia civil concluyó que el cadáver que habían encontrado en la costa de Tarifa no era un traficante de hachís sino un inmigrante. Ocurrió el 1 de noviembre de 1988.
“El escenario sigue fijo en la retina: el casco de una patera varada en la playa se confundía con el gris claro del horizonte. A pocos metros de la frágil embarcación, el cadáver de un hombre joven, de rasgos marroquíes, completaba un cuadro que años después sigue representando el drama de quienes emprendieron un viaje rumbo a una vida mejor pero llegaron a ninguna parte”, escribe Ildefonso Sena, el periodista que retrató por primera vez el drama de la inmigración desde la playa de Los Lances en Tarifa. “Vente para la playa. Hay un fiambre”, le dijo el capitán de la Guardia Civil. Era martes.
Vende pañuelos en una esquina del barrio sevillano de Los Remedios. Va vestido con una cazadora amplia y calza unos zapatos que –dice– no se corresponden con su número. “Si tiene algo que me sirva, aquí estoy”, añade escondiendo sus ojos bajo la visera de una gorra. “Guinea”. Es lo máximo que llega a pronunciar sobre su procedencia. No quiere hablar del tiempo que lleva en España, ni de su situación ni de la de tantos y tantos inmigrantes que siguen pensando en cómo cruzar la frontera entre aquel mundo y este otro, entre Europa y África. No quiere decir ni su nombre.