En el mundo hay 250 millones de migrantes que representan un 3,4% de la población mundial. Este lunes, todos los países del mundo están llamados a decidir sobre ellos. Los estados tendrán que posicionarse en torno al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de julio. Lo harán en Marrakech, donde hasta este martes cada país decidirá si firma o no un texto que, prácticamente antes de nacer, ya ha acumulado varios detractores. El primero, como no podía ser de otra forma, fue Estados Unidos, que sumaba una página más a su lista de rupturas con pactos globales.
Así lo decidió su presidente, Donald Trump, en diciembre de 2017. Mucho antes, en septiembre de 2016, los 193 estados miembro de la ONU aprobaron la Declaración de Nueva York —donde también estampó su firma Barack Obama—, el documento con el que comenzó lo que ahora se debate. Su objetivo era "cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales de una manera holística y comprehensiva" pero, tras la llegada del líder republicano a la Casa Blanca, EEUU dejó de estar interesado.
Tras el desmarque estadounidense vinieron otros. Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana, según la ONU, no suscribirán el texto. Y la lista no es casual: los países que forman parte de ella y pertenecen a la Unión Europea ya han visto ascender a la extrema derecha, cuyo principal discurso para acaparar votos se basa en la lucha discursiva —y política— contra la migración. Italia, con Matteo Salvini al frente del Ministerio del Interior, aún no ha decidido cuál será su posición.
El argumento utilizado por estos países para explicar su retirada ha sido simple: el pacto vulnera la soberanía nacional en materia migratoria. Pero esto no es cierto. Tal y como explican las fuentes consultadas por infoLibre, y la propia Naciones Unidas, el pacto no es vinculante, por lo que difícilmente puede ser contraria a ninguna política nacional.
"El texto indica en más de una ocasión que cada país lo respetará según su voluntad", explica Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e investigadora asociada del GRITIM-UPF. "Es un mensaje que quieren lanzar a su ciudadanía que quiere decir: 'nosotros no estamos dentro de esto", continúa, "pero es un mensaje absurdo, porque oculta que, por formar parte de la UE, en realidad están obligados a hacer mucho más que lo que indica este pacto".
Con ella coincide Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador. "Es la primera mentira dentro de la historia de mentiras que existen en torno a la migración", critica. "El principal problema de las migraciones es que las ideas o son mentiras o son falacias", añade.
Cambio en el discurso migratorio
Precisamente, acabar con ese discurso cargado de "mentiras o falacias" es uno de los 23 objetivos que plantea este pacto. El "más llamativo" a juicio de los expertos consultados. "Nos comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación y a condenar y combatir las expresiones, los actos y las manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra todos los migrantes", apunta el objetivo número 16. Y para ello, señalan, promulgarán leyes específicas que castiguen estos comportamientos y apostarán por un "periodismo independiente, objetivo y de calidad".
De esta forma, por ejemplo, se luchará contra el frecuente discurso que relaciona la migración con la inseguridad y que tanto han empleado recientemente los partidos de extrema derecha. En España, por ejemplo, a través de palabras de Santiago Abascal, el líder de Vox. "El pacto insiste en que hay que dar un discurso ajustado a los hechos y un discurso también de los elementos positivos de la migración", explica De Lucas.
Para ello, explica el documento, los países que suscriban el texto promoverán "campañas de concienciación dirigidas a las comunidades de origen, tránsito y destino para influir en la percepción pública de las contribuciones positivas que se derivan de la migración segura, ordenada y regular". En paralelo, la ONU también pretende "empoderar a los migrantes y las comunidades para que denuncien cualquier acto de incitación a la violencia contra los migrantes informándolos de los mecanismos de recurso disponibles".
Los derechos de los migrantes, en el centro
Otro de los aspectos más relevantes del pacto es, precisamente, la continua alusión al respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes. Se recuerda, explica De Lucas, que existen, están ahí y son importantes y que, además, deben abordarse de una forma global y multilateral. "Las migraciones son un fenómeno global y ningún estado puede abordarlo por sí solo", argumenta. "Por eso, el pacto habla de la interacción de los estados implicados y de las personas migrantes", continúa. Se desmarca, de este modo, del discurso europeo ejemplificado en Theo Franken, el secretario de Estado de Asilo e Inmigración belga, que dijo, sin más, que lo contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no era aplicable a ningún ciudadano que no perteneciera a la Unión.
Frente a eso, el texto prioriza, en todo momento, el respeto a la dignidad y derechos de las personas migrantes, más aun en mujeres y niños, más expuestos a las dificultades migratorias. Así, por ejemplo, el pacto aborda la necesidad de "prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional". ¿Cómo? Por ejemplo, promoviendo la ratificación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas que contempla la Convención de Naciones Unidas, vigilando las rutas de migración irregular que puedan ser aprovechadas por las redes de trata o compartiendo información para combatirla.
Por otro lado, el pacto incluye la necesidad de crear, multilateralmente, vías legales y seguras que faciliten el tránsito de personas. Y esto, explica De Lucas, es otro de los aspectos más importantes. "No significa abandonar la lucha contra la migración irregular", explica, lo que hace es afirmar que "si se crean vías legales y seguras el negocio de las mafias desaparece".
Y estas vías se crean, por ejemplo, proporcionando información "accesible y transparente sobre aspectos relacionados con la migración" a todas las partes implicadas en los movimientos de personas y, sobre todo, aumentando "la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular". En este sentido, el texto explica que los países firmantes se comprometen a "adaptar las opciones y las vías de migración regular de tal manera que facilite la movilidad laboral y el trabajo decente reflejando la realidad demográfica y del mercado de trabajo, optimice las oportunidades educativas, defienda el derecho a la vida familiar y responda a las necesidades de los migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad".
"Salvar vidas"
Pero a falta de esas vías legales y seguras, los migrantes que ponen en peligro su integridad se cuentan por miles. Por eso, por primera vez, se pone en el centro la necesidad prioritaria de salvar la vida de estas personas. Así, los estados firmantes se comprometen "a cooperar en el plano internacional para salvar vidas y evitar que los migrantes resulten muertos o heridos, realizando operaciones individuales o conjuntas de búsqueda y salvamento y estandarizando la recopilación y el intercambio de información pertinente, para asumir la responsabilidad colectiva de preservar la vida de todos los migrantes de conformidad con el derecho internacional".
En lo que llevamos de año, según los datos que maneja la Organización Internacional para las Migraciones, 2.133 personas se han dejado la vida en el mar Mediterráneo, considerada ya la ruta más mortífera del mundo. Sólo llegando a España, han fallecido 681 personas, 473 más que en el mismo periodo de 2017, cuando perdieron la vida 208 migrantes y refugiados.
Así, especifica el texto, se establecerán "procedimientos y acuerdos sobre la búsqueda y el salvamento de migrantes cuyo objetivo primordial sea proteger su derecho a la vida y que prohíban la expulsión colectiva, garanticen el debido proceso y la evaluación individual", se examinarán "los efectos de las políticas y leyes relacionadas con la migración para que no aumenten o creen el riesgo de que los migrantes desaparezcan" y se hará "todo lo posible" para "recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias".
La detención, el último recurso
En su deseo de poner los derechos de los migrantes en el centro, el pacto aboga por no poner en práctica la detención de los migrantes. Es decir, emplearlo como el último recurso. De este modo, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), serían un problema. "La decisión de privar de libertad a una persona sólo puede ser adoptada por un tribunal cuando existe un delito", recuerda De Lucas, que explica también que, a este respecto, la Comisión Europea ha planteado exactamente lo contrario: ampliar el tiempo de estancia en los centros de detención algo que, afirma, Italia ya ha puesto en práctica.
"Nos comprometemos a dar prioridad a las alternativas no privativas de libertad acordes con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en los derechos humanos respecto de cualquier detención de los migrantes, utilizando la detención únicamente como último recurso", explica el documento que se someterá a votación este lunes y martes.
Un texto no vinculante
España se convierte en 2018 en la principal entrada de migrantes a Europa
Todos y cada uno de estos 23 objetivos, según las fuentes consultadas por este diario, son positivos. Pero hay un problema, su cumplimiento no es obligatorio, es decir, responde a la voluntariedad de cada país. Y esto supone un problema. Para De Lucas, que directamente este pacto nace sin recorrido. Así, elementos muy cuestionados como las llamadas plataformas de desembarco que pretende poner en marcha la Unión Europea seguirán adelante.
Pero para Pinyol, en cambio, el texto supone una oportunidad. "No creo que sea un texto que nazca sin recorrido, a pesar de que muchos países lo han matado ya", explica. Para ella, es una buena manera de sentar unas bases sobre las que plantear la política migratoria en aquellos países que no habían introducido en su agenda esta cuestión. "La sociedad civil de estos países podrá exigir a sus gobiernos que hagan algo que hasta este momento parecía que era una demanda sólo suya y que, a partir de ahora, contará con el amparo de la ONU", argumenta.
Además, explica, es una buena manera de que cada estado se posicione. A partir de este martes, así, se verá en qué lado del mundo se sitúa cada país. España, según afirma De Lucas, se situará de lado de Naciones Unidas. Lo que quedará por ver, por tanto, será quién pone en práctica ese posicionamiento.
En el mundo hay 250 millones de migrantes que representan un 3,4% de la población mundial. Este lunes, todos los países del mundo están llamados a decidir sobre ellos. Los estados tendrán que posicionarse en torno al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de julio. Lo harán en Marrakech, donde hasta este martes cada país decidirá si firma o no un texto que, prácticamente antes de nacer, ya ha acumulado varios detractores. El primero, como no podía ser de otra forma, fue Estados Unidos, que sumaba una página más a su lista de rupturas con pactos globales.