Este lunes 17 de febrero finaliza el plazo que el Gobierno le había dado a la Región de Murcia para que retirase el veto parental, una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura no atenderá al requerimiento remitido hace un mes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá, según informa Europa Press.
Celaá ha repetido durante los últimos días que si Murcia no da su brazo a torcer, el Ministerio solicitará en los tribunales la suspensión cautelar del veto parental, que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos.
El Ministerio esperará a que finalice el lunes para que sus servicios jurídicos preparen el recurso, que se presentaría "en pocos días" ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía-contencioso administrativa, señalan fuentes del departamento a Europa Press.
"No se está litigando con Murcia, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación", añaden estas fuentes, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".
"No lo vamos a tolerar", dijo entonces Celaá, que al día siguiente, el 17 de enero, remitió a la Consejería de Educación de Murcia el requerimiento para que procediera a retirar, en el plazo de un mes, de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el veto parental.
En concreto, aquellas instrucciones establecían que se diera "conocimiento a las familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
El bautizado por la derecha como 'pin parental' es una iniciativa difundida por la organización Hazte Oír para permitir que las familias impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido en Murcia, Andalucía y Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos.
El veto parental es sólo el principio: otros 10 peajes pendientes de pago a Vox
Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño ya han mostrado su rechazo a implantar esta medida, mientras Murcia, lejos de recular, quiere consagrar el veto parental en su decreto de currículo de Educación Primaria y Secundaria.
La intención del Gobierno de la Región de Murcia es que la autorización parental sea obligatoria sólo en los casos de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.
Este pasado viernes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que solo retirará el veto parental si así lo determinan las instancias judiciales. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", defendió Miras.
Este lunes 17 de febrero finaliza el plazo que el Gobierno le había dado a la Región de Murcia para que retirase el veto parental, una medida promovida por Vox e implantada a principios de curso en esta comunidad, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, la Consejería de Educación y Cultura no atenderá al requerimiento remitido hace un mes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá, según informa Europa Press.