La mutilación genital femenina, un tipo de "violencia muy invisibilizada y no siempre objeto de estudio", supone un riesgo real para 3.652 niñas en España. Así lo señala la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de un estudio presentado este viernes. La delegada Victoria Rosell ha señalado que parte de las víctimas deciden "no acudir al centro sanitario para pedir ayuda porque sienten vergüenza" y más del 70% "saben que es delito en España", pero sucede que la respuesta tiende a "criminalizar" a la propia familia y el particular a las madres.
La antropóloga Adriana Kaplan, directora de la Fundació Wassu-UAB y autora del estudio, ha recordado el estigma que pesa sobre este tipo de violencia, cuyas consecuencias son además especialmente desconocidas pese a suponer un riesgo inminente para miles de niñas. "Cuando se invisibiliza, se maltrata y se estigmatiza a las mujeres, se las revictimiza", ha subrayado la doctora. El principal criterio para medir el riesgo a sufrir mutilación genital femenina tiene que ver con la prevalencia en el país de origen, puesto que las víctimas tienden a experimentar este tipo de violencia con el retorno a estos territorios. De acuerdo a los datos expuestos en el estudio, países como Mali, Guinea, Egipto, Sudán y Somalia cuentan con una prevalencia superior al 80%. En España, el total de niñas de hasta catorce años que proceden de este tipo de países es 15.562 y de ellas la estimación de quienes están en riesgo de sufrir ablación es de 3.652, la mayoría ubicadas en Barcelona (20,4%), Girona (13,8%) y Madrid (9,17%).
Sin embargo, ha comentado Kaplan, la mutilación genital femenina "no es un problema prioritario para las familias migrantes ni un motivo de consulta en los servicios de atención primaria". El estudio incluye una encuesta a 82 familias migrantes residentes en Cataluña y con vínculos en diferentes países, como Gambia, Senegal y Mali entre otros. El 97% de las entrevistadas eran mujeres, el 60% sufrió mutilación genital femenina y el 30% la soportó antes de haber cumplido los tres años. Un 73% admitió saber que se trata de un delito, pero sólo un 52% conocía que así lo fuera también en el país de origen. Lo cierto es que, tal y como ha explicado la autora del estudio, "hay países donde formalmente es delito pero es evidente que subsiste la práctica", esencialmente porque se trata de un fenómeno que echa raíces en hábitos culturales muy arraigados.
La mayoría de las encuestadas (79%) afirmó que sus hijas habían nacido en España y un 65% de ellas ha regresado alguna vez al país de origen de los padres. En el 31% de los casos algún miembro de la familia quería realizar la ablación a la menor, normalmente la abuela paterna (17%). A su vez, el 70% de las familias habló de la mutilación genital con sus parientes residentes en el país de origen, pero sólo un 49% contó la prohibición legal de la práctica.
Entre las encuestadas que asistieron a los servicios sanitarios, el 24% reconoció que la atención se desarrolló con prisas y sin mucho interés. El 17% admitió sentirse confundida en la consulta. Esto evidencia, a juicio de la experta, la necesidad de trabajar sobre una formación sólida entre los profesionales, que según el estudio hablan de "la religión y el idioma" como principal barrera. A mayor formación, mejor abordaje.
En cuanto a los profesionales del derecho, el informe identifica dos tipos de discurso: uno que sostiene que "la ley tiene que aplicarse con toda la contundencia" y otro que se inclina por "buscar atenuantes que protejan a las familias" y que recalca la importancia de que prevalezca el interés superior de las menores. En esta esfera es igualmente fundamental la formación. "La ley no es lo suficientemente clara respecto a los casos que se producen en el extranjero", ha asentido Adriana Kaplan, de manera que se genera una "confusión entre los profesionales".
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Por otro lado, los activistas y ONG que han participado en el análisis "detectan la problemática de las niñas que viajan al país de origen, les practican la mutilación genital femenina y no regresan a España para evitar la persecución judicial de los padres". Los responsables de las políticas públicas consultados para la elaboración del estudio indican, a su vez, una "falta de agilidad entre la coordinación de los diferentes departamentos administrativos" y un "desconocimiento del protocolo en profundidad". Tampoco existe una consolidación suficiente respecto a las políticas preventivas y de cooperación "para realizar seguimiento circular" de los casos cuando viajen a su lugar de origen.
Actualmente no existe conocimiento de esta práctica en suelo español. En 1993 se conocieron por primera vez, ha explicado Adriana Kaplan, dos casos en los que "la circundadora venía a España, practicaba la mutilación y luego volvía". Casos complejos en la medida en que "el juez dice que no hay intención de lesionar, la madre justifica que es lo mejor que ha hecho por su hija y tampoco hay voluntad de proyección". Desde entonces "no se vuelve a constatar" que la ablación ocurra en el país.
En la actualidad, la Ley de Libertad Sexual que ultima el Ministerio de Igualdad plantea la mutilación genital femenina como una forma de violencia sexual e insta a las administraciones públicas a establecer protocolos de actuación que permitan la detección y atención de los casos, mediante la formación específica de los profesionales y las acciones concretas en el marco de la cooperación internacional al desarrollo.
La mutilación genital femenina, un tipo de "violencia muy invisibilizada y no siempre objeto de estudio", supone un riesgo real para 3.652 niñas en España. Así lo señala la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de un estudio presentado este viernes. La delegada Victoria Rosell ha señalado que parte de las víctimas deciden "no acudir al centro sanitario para pedir ayuda porque sienten vergüenza" y más del 70% "saben que es delito en España", pero sucede que la respuesta tiende a "criminalizar" a la propia familia y el particular a las madres.