La investidura de Pedro Sánchez depende en estos momentos de que la respuesta del Gobierno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esté a la altura de lo que Esquerra espera de la Abogacía del Estado, que tiene cinco días para tomar posición ante el Supremo. Del escrito que presente dependerá que ERC vuelva a sentarse a hablar con el PSOE. De momento, la Fiscalía ya lo ha hecho pronunciándose en contra de que Junqueras acceda a la condición de eurodiputado.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre se resistían este jueves a dar la investidura por perdida y apelaban a que las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora han permitido construir “puentes sólidos” con Esquerra. No obstante, otras fuentes, esta vez del PSOE, admitían que el futuro de las negociaciones “no tiene buena pinta”.
Como queriendo confirmar el segundo punto de vista, la formación republicana decidió suspender oficialmente los contactos con el PSOE hasta que los socialistas se pronuncien sobre la situación de Oriol Junqueras, cuyos derechos no fueron respetados por el Tribunal Supremo al impedirle tomar posesión como eurodiputado, condición a la que accedió en las elecciones del 26 de mayo cuando aún estaba en prisión provisional y todavía no había sido condenado.
Cuando pide un pronunciamiento, ERC no tiene la vista puesta en las declaraciones públicas del Gobierno y del PSOE sino en la posición que defenderá ante el Tribunal Supremo la Abogacía del Estado, que en junio ya pidió a la sala que permitiese a Junqueras tomar posesión de su escaño, tal y como había hecho cuando fue elegido diputado en el Congreso.
“No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia y qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la Abogacía del Estado”, afirmó la vicesecretaria del partido, Marta Vilalta, en una comparecencia frente al Parlament, después de que la Ejecutiva de Esquerra se reuniese con sus diputados en la Cámara catalana. El Gobierno, añadió, debe “comenzar a demostrar la desjudicialización y que se emprende el camino de la vía política y, por tanto, se abandona el camino de la represión y la judicialización”.
De momento, el Gobierno se ha limitado a acatar la resolución del TJUE y a señalar que es el Tribunal Supremo “el órgano que debe decidir cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo”. “El Gobierno, en el ámbito político, se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho”, concluyó el Ejecutivo a través de un comunicado.
Más en línea con lo que ERC demanda se pronunció a media tarde la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, quien expresó la disposición del Ejecutivo a “ayudar” al Tribunal Supremo a “cumplir” la sentencia del TJUE, una resolución que considera una “herencia” del Gobierno anterior de Mariano Rajoy.
Calvo explicó que la Abogacía del Estado ya está “estudiando detenida y concienzudamente” el fallo para saber qué posición ha de adoptar para poder “ayudar de la mejor manera” al Supremo a cumplir el fallo. “Ha llegado el momento de que la política esté solo en la política” a través de la negociación, el acuerdo, el respeto y el “encuentro” entre quienes piensan diferente.
Un problema “heredado”
“Hemos heredado una situación que estamos administrando en los términos más democráticos posibles, en los parámetros constitucionales, respetando las sentencias del poder judicial, pero entendiendo que hay que entrar en otro momento político porque la realidad obliga”, remarcó. Aunque para ello es necesario, recordó, “hacer viable” una investidura antes de fin de año, de manera que el nuevo gobierno pueda tomar las decisiones que “convienen a una salida a la situación de Cataluña”.
Mientras tanto, Junts per Catalunya hace su propia lectura de la decisión del TJUE. El expresident Carles Puigdemont cree que el fallo le abre la puerta del Parlamento Europeo y, después de meses de espera, se dispone a retomar la iniciativa para reclamar sus derechos y hacer valer su inmunidad como eurodiputado en cuanto consiga el escaño. Junts y el equipo de abogados que asiste a Puigdemont creen tener de su parte al presidente de la Cámara de Estrasburgo, el socialista italiano David Sassoli, que ya han encargado a los servicios de la institución que examinen las implicaciones de la sentencia y aclaren, “en el plazo más breve posible”, cómo afecta a la composición de la Eurocámara.
El presidente del Parlamento Europeo también ha pedido “a las autoridades españolas competentes”, en este caso el Supremo, que aplique la sentencia de la Justicia europea, según la cual Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado y gozar de inmunidad desde el momento en que se proclamaron los resultados oficiales de las elecciones europeas del pasado mes de mayo.
Sassoli ya ordenó a última hora del jueves levantar la prohibición de entrada a la institución que pesaba sobre Puigdemont y el exconseller Toni Comín. A partir de ahora, y a la espera de que se aclare sus situación, podrán entrar en la Cámara en calidad de visitantes.
Euforia en Junts
Esquerra reaccionó al fallo con indisimulable satisfacción, pero en JuntsxCat era evidente la euforia. Su presidente en el Parlament, Albert Batet, exigió dimisiones, así como la nulidad de la sentencia del 1-O y que se ponga en libertad de forma inmediata a los condenados. “Exigimos dimisiones, las que toquen ante las contradicciones que se han evidenciado, y ante las decisiones que se han tomado y que han afectado a los presos políticos”, señaló sin concretar a quién se refiere.
En este contexto, tanto la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como Òmnium Cultural, llamaron a los ciudadanos a movilizarse bajo el lema “Justicia en Europa. Injusticia en el Estado español” en apoyo de Junqueras, de Puigdemont y también de Torra, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de inhabilitar como castigo por negarse a obedecer una instrucción de la Junta Electoral en las elecciones de abril.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lamentó que “la apuesta por la judicialización del conflicto político en Cataluña ha alejado un escenario de resolución y ha deteriorado la imagen de nuestra Justicia” y, sin entrar en más detalles, reivindicó “una nueva etapa de diálogo e inteligencia política para caminar hacia la reconciliación que necesita nuestro país”.
Catalunya en Comú, partícipe del preacuerdo de gobierno de coalición con Sánchez a través de Unidas Podemos, pidió ”mucha responsabilidad y cabeza fría”. Su jefa de filas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, concluyó que “se han vulnerado los derechos de Oriol Junqueras y de los votantes” y, en línea con la petición de Esquerra, pidió “deshacer” el camino de la “judicialización”. “Llevarlo por la vía judicial es un error. Lleva al bloqueo, es un fracaso y nos aleja de la solución”.
La trascendencia de la decisión del TJUE no ha pasado desapercibida para otras fuerzas nacionalistas cuya opinión también es muy relevante para sacar adelante la investidura. El lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), declaró que el fallo demuestra lo “urgente” que resulta hallar una “solución por la vía política e institucional”. Los políticos catalanes presos “nunca deberían haber sido encarcelados” puesto que, en su opinión, el de Cataluña es “un problema político que nunca debió de ser judicializado”.
La investidura de Pedro Sánchez depende en estos momentos de que la respuesta del Gobierno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esté a la altura de lo que Esquerra espera de la Abogacía del Estado, que tiene cinco días para tomar posición ante el Supremo. Del escrito que presente dependerá que ERC vuelva a sentarse a hablar con el PSOE. De momento, la Fiscalía ya lo ha hecho pronunciándose en contra de que Junqueras acceda a la condición de eurodiputado.