Era 2021. La Escuela Turó del Drac, ubicada en el municipio de Canet de Mar (Barcelona), saltó el debate público después de que la familia de una alumna de 5 años reclamara recibir un 25% de clases en castellano. Desde ese momento se convirtió en un símbolo, pero lo paradójico es que lo fue para los dos bandos enfrentados en esta polémica: para los que defendían a la niña y para los que criticaron la petición por suponer, entendían, un ataque a la inmersión lingüística en Cataluña. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia demandante. A partir de ahí el Govern elaboró una ley para no tener que garantizar el 25% de castellano en las escuelas y PP y Ciudadanos llevaron esa norma al Tribunal Constitucional. Pero más allá de esos movimientos, el debate no va más allá. No existe en las aulas, aseguran los expertos. Allí, el foco se sitúa en otros problemas muy diferentes como, por ejemplo, el altísimo grado de segregación, la pobreza infantil o los pésimos resultados académicos.
"El tema de la lengua no es un problema a nivel social, sino creado específicamente por determinados colectivos para señalarlo como tal". Toma la palabra Xavier Bonal, director del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que aclara que el catalán tiene un "uso político". "Este asunto no había generado polémica. De hecho, ni siquiera entraba en la campaña hasta que lo puso encima de la mesa Alhora, el partido de la exconsellera Clara Ponsatí", coincide Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB). La propuesta se hizo pública el pasado mes de abril. Consiste, en síntesis, en "copiar", dice González, el modelo vasco de modelos lingüísticos a escoger por el alumnado. Su idea, en concreto, es crear una doble red: la castellana y la catalana. Pero eso supondría acabar con el modelo de inmersión lingüística.
¿En qué consiste? Se trata de un método de aprendizaje que consiste en exponer al alumnado total o parcialmente a la lengua de una comunidad. En Cataluña comenzó a aplicarse en el curso 1983-1984 en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, donde la mayoría de la población de alumnos era mayoritariamente castellanohablante. A partir del curso 1992-1993, se convirtió en el modelo de enseñanza en toda la comunidad. "Esto responde a una voluntad: que al acabar las etapas obligatorias todos y todas seamos competentes tanto en castellano como en catalán", explica González. Como añade Bonal, se respondía así también a una "lógica de compensación" después de años de prohibición del uso del catalán en el espacio público.
"Han pasado ya 40 años de ese momento, y por eso sería positivo revisar algunos aspectos", apunta el doctor en Sociología. Ahora bien, una cosa es eso y otra "forzar y decir que la inmersión lastra el aprendizaje". "No se lo cree nadie porque no hay una evidencia empírica que lo demuestre", denuncia.
Esa relación fue uno de los argumentos que la derecha utilizó para explicar los malos resultados que Cataluña había obtenido en la última prueba PISA, publicada el pasado mes de diciembre. Lo hizo por ejemplo la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, que aseguró tras conocer los resultados del examen que "la inmersión lingüística es un sistema fallido".
El retroceso de las calificaciones fue tal que equivale a situarse un curso por detrás. En concreto, si lo comparamos con el examen realizado en 2018 —el publicado en diciembre se llevó a cabo en 2022—, el alumnado catalán ha perdido 21 puntos en matemáticas y 12 en ciencias. Pero el modelo de inmersión, dijimos antes, está instaurado desde el curso 1992-1993. Además, esta teoría la rechazó el propio secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, cuando fue preguntado por esta cuestión durante la presentación del informe. Lo argumentó poniendo como ejemplo el caso de Galicia, que también tiene una lengua propia y supera a Cataluña en 17 puntos en matemáticas, 23 en lectura y 29 en ciencias.
El aprendizaje del catalán como "justicia social" y elemento igualitario
Para Bar el diágnostico era otro. A su juicio, "parece claro" que la presencia de una tasa mayor de alumnado migrante o socioeconómicamente más desfavorecido es parte de la explicación. "Y no tanto el tema de la lengua", dijo. Los expertos consultados coinciden con él. Y de hecho señalan que son estos los verdaderos problemas en el sistema educativo de Cataluña, empañado, sobre todo fuera de sus fronteras, por una cuestión lingüística que no suscita ningún debate. Y si lo hace, es en el sentido contrario al que habitualmente surge, apunta Bonal.
González tampoco tiene dudas. "Si hay una lengua en peligro en Cataluña esa es el catalán, no el castellano", sostiene. Se basa en los datos. Por ejemplo, en los publicados por el Síndic de Greuges, que revelan que fuera del aula se habla mayoritariamente en esta segunda lengua. En concreto, según sus cifras, dentro de las aulas de Primaria el catalán está presente en un 70, 2% del horario lectivo; el castellano, en un 22,0%, y una lengua extranjera, en un 7,5%. En el patio, sin embargo, la lengua de uso mayoritario es el castellano, que parece en el 56,5% del alumnado de Primaria.
Por eso la investigadora de la Universidad de Barcelona señala que mantener el catalán en las aulas es una manera de hacer "que la lengua no muera". Pero también una herramienta de "justicia social", para evitar la segregación y la desigualdad que, insiste, sí son los problemas de la educación. "El catalán es la lengua del sistema. No garantizar el acceso de los más vulnerables que son los que no lo hablan en su familia es cerrarles puertas", lamenta. Se refiere, sobre todo, a la población migrante.
Segregación y pobreza
Es esta la que sufre en mayor medida la segregación escolar que en Cataluña es especialmente acuciante. Lo señala también el Síndic de Greuges, que en 2022 publicó un informe sobre el grado de implementación del Pacto contra la segregación escolar firmado en marzo de 2019. Entonces, según señaló el organismo, "había que cambiar de centro" al 43% del alumnado extranjero en Primaria y al 35% en Secundaria para garantizar una escolarización plenamente equilibrada de este alumnado. Ahora, las cifras han mejorado, pero es insuficiente, puesto que los porcentajes se han reducido, respectivamente, al 33% y al 28%.
En este sentido, un informe elaborado por Save The Children y EsadeEcPol a raíz precisamente de los datos de las últimas pruebas PISA reveló que Cataluña es la comunidad donde más creció la segregación escolar por origen migrante entre 2018 y 2022. Y esto limita sus oportunidades, señala González. "En primer lugar porque los profesores reducen sus expectativas en torno a los alumnos más pobres. En segundo, porque cuando no hay mezcla de alumnado, el más vulnerable no puede tener otros tipos de referentes. Y en tercero, porque las condiciones de educabilidad no son las mismas en colegios con alumnado rico que con alumnado pobre. El primero, a lo mejor, puede realizar viajes culturales que el segundo no", señala la experta. Garantizar la inmersión lingüística y no crear esa doble red que propone Ponsatí ayudaría a que no existiera esa separación del alumnado por su origen.
El alumnado vasco se reparte al 50% entre la pública y la concertada: los agujeros de un modelo único en Europa
"Dar matemáticas en catalán no es un problema. Hacer separatismo lingüístico sí", reafirma Bonal, que también apunta a la pobreza infantil como otro de los "retos mayúsculos" del sistema. Y las cifras que maneja Unicef Cataluña le avalan, puesto que la organización presentó el pasado mes de septiembre un informe en el que apuntaba que este es un "problema crónico", puesto que el 27,5% de los niños y adolescentes de la comunidad —378.500 menores, en números brutos— está en riesgo de pobreza.
El gasto en la concertada y las cuotas
Pero si hay otro elemento que perjudica a la hora de acabar con la segregación es el peso de la educación concertada. Y en Cataluña es bastante elevado. Es, de hecho, y según los datos oficiales del Ministerio de Educación, la tercera comunidad que más invierte en estos centros, suponiendo las transferencias un 21% del total de su gasto público en educación. Sólo la superan País Vasco (28,6%) y Madrid (27,3%).
Pero estas escuelas, además, están también enormemente financiadas por las familias, puesto que es en Cataluña donde la educación concertada es más cara. Lo reveló un informe de EsadeEcPol publicado la semana pasada, que fijó en 1.696 euros al año lo que paga, de media, una familia que opta por este tipo de enseñanza. Lo hacen, además, a través de las cuotas prohibidas expresamente por la ley Celáa.
Era 2021. La Escuela Turó del Drac, ubicada en el municipio de Canet de Mar (Barcelona), saltó el debate público después de que la familia de una alumna de 5 años reclamara recibir un 25% de clases en castellano. Desde ese momento se convirtió en un símbolo, pero lo paradójico es que lo fue para los dos bandos enfrentados en esta polémica: para los que defendían a la niña y para los que criticaron la petición por suponer, entendían, un ataque a la inmersión lingüística en Cataluña. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia demandante. A partir de ahí el Govern elaboró una ley para no tener que garantizar el 25% de castellano en las escuelas y PP y Ciudadanos llevaron esa norma al Tribunal Constitucional. Pero más allá de esos movimientos, el debate no va más allá. No existe en las aulas, aseguran los expertos. Allí, el foco se sitúa en otros problemas muy diferentes como, por ejemplo, el altísimo grado de segregación, la pobreza infantil o los pésimos resultados académicos.