Cuando llegó a la presidencia de la Generalitat en el año 1996, Eduardo Zaplana aseguró que "la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas", en referencia a la ahora extinta Canal 9. Zaplana, padrino político del actual presidente valenciano, Carlos Mazón, tejió una red de clientelismo dentro de la radiotelevisión pública valenciana, utilizándola como agencia de colocación para periodistas afines e incluso diputados del Partido Popular con el fin de controlarla políticamente. Lo consiguió. Su sucesor en la Generalitat, Francisco Camps, siguió esa misma estela, llegando incluso a situar al frente de la dirección general del ente público valenciano a su exjefe de prensa, Pedro García, imputado después por los contratos de la empresa con la trama Gürtel para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 murió finalmente en noviembre de 2013 con 1.126 millones de euros de deuda y 1.660 trabajadores de plantilla.
Ahora la presidencia de la radiotelevisión pública valenciana vuelve a estar en el foco después de que la pasada semana trascendiera —tras días de evasivas y mentiras— que Carlos Mazón estuvo comiendo en las horas previas al estallido de la dana con la periodista Maribel Vilaplana, a la que ofreció dirigir À Punt. El president en un primer momento dijo que era un encuentro privado, pero luego afirmó que se trataba de "un almuerzo de trabajo" que se alargó muchas horas, ya que no se incorporó hasta el centro de mando del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) hasta pasadas las 19 horas del martes 29 de octubre.
Fuentes de Presidencia de la Generalitat acabaron reconociendo el encuentro con la periodista después de que se desataran todo tipo de rumores sobre ese encuentro en redes sociales. "Tras la oleada de mentiras y difamaciones que han circulado estos días, llegando incluso a entrar en insultos personales, resulta obligatorio cortar de raíz este tsunami de bulos. Se trata de un encuentro más de la ronda de reuniones que están teniendo el President y su equipo de la Generalitat para sondear a profesionales del mundo de comunicación para que se incorporen al proyecto de À Punt", trasladaron desde el entorno de Mazón a la prensa. Vilaplana comenzó a trabajar en Canal 9 en 1999, donde estuvo quince años en primera linea durante los mandatos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra pero tras el cierre de la cadena en 2013 se desvinculó del mundo televisivo y, según confirman ambas partes, la comunicadora rechazó la oferta.
Desde presidencia de la Generalitat se escudaron en la "privacidad" de Vilaplana para no revelar su identidad. La comida tuvo lugar en un local situado a escasos minutos del Palau de la Generalitat, en el restaurante El Ventorro. "Por cuestiones de privacidad y confidencialidad, porque esta persona trabaja actualmente en una compañía audiovisual y de comunicación, y por no comprometer su situación laboral y profesional, no se informó antes de los términos antes descritos". Pese a todo, desde el entorno de Mazón todavía no han dado una explicación de por qué acudió tan tarde al Cecopi si, según estas fuentes, "durante todo el encuentro estuvo recibiendo información de la evolución del temporal por parte de la consellera Salomé Pradas, que estaba ya con su equipo de Emergencias siguiendo y supervisando la evolución de la situación desde el centro de mando de L'Eliana".
La ley de PP y Vox les garantiza el control de À Punt
Lo que Mazón buscaba durante ese encuentro era convencer a Vilaplana de que aceptara hacerse cargo de la dirección general de los medios de comunicación públicos, una figura que ahora ocupa Alfred Costa —teóricamente hasta enero de 2026— tras ser elegido por concurso. Un requisito del que el PP, con el apoyo de Vox, ha decidido prescindir. Antes de la ruptura del Gobierno valenciano el pasado mes de julio, ambas formaciones aprobaron en les Corts Valencianes una norma para reformar la estructura de la radiotelevisión pública, asegurando el control político del consejo de administración y, por tanto, de todo el ente.
El consejo rector está actualmente compuesto por cinco vocales nombrados por las Cortes Valencianas, dos del Consejo Audiovisual, uno del Consejo de Ciudadanía y un representante de los trabajadores. Con la ley del PP y Vox, estos serán sustituidos por un consejo de administración de ocho personas, siete elegidos por los partidos en el Parlamento y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la que los conservadores tienen mayoría. El Ejecutivo de Mazón lo que busca es fusionar la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) con su filial, la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), para "agilizar" los procesos internos y garantizarse una presidencia afín.
Los actuales consejeros han alertado del contenido de la norma, advirtiendo que elimina la participación y aumenta el control político, según recoge la edición valenciana de eldiario.es en un artículo de opinión firmado por ocho de ellos. "La modificación supone una pérdida de pluralidad manifiesta, se aleja de los estándares europeos más elementales, y contradice ostensiblemente las afirmaciones del preámbulo III de la nueva ley sobre À Punt", afirmaron. "No hace falta estar avalado por un currículum verificable y público'", lamentaron también. A su juicio, esta normativa de PP y Vox "supone una clara apuesta por un modelo de gobernanza vertical, como el de la antigua RTVV" y "va en sentido contrario a los estándares de los Consejos de Administración de los medios de comunicación públicos en España y en el resto del mundo", si bien es cierto que otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular tienen modelos similares.
Mazón dice ahora que el día de la dana comió con una periodista para ofrecerle el mando de la televisión pública
Este consejo es el que, con la ley en la mano, deberá elegir a la persona que se encargue de la dirección general de la radio y la televisión autonómicas pero Mazón ya estaba sondeando a periodistas para este puesto, saltándose esa prerrogativa. Si hubiera sido Vilaplana, esta hubiera podido conformar al resto del equipo directivo sin necesidad de convocar concursos para elegirlo. Este cambio legislativo, sin embargo, todavía está en una frase muy primigenia. Ahora, tras la polémica actuación de Mazón las horas previas de la dana el asunto se vuelve todavía más delicado para el Ejecutivo valenciano.
El PP acusa al Gobierno de "asaltar RTVE" y obvia que Mazón se ausentó de la reunión del Cecopi para negociar la presidencia de À Punt
El hecho de que Mazón estuviera negociando la presidencia de À Punt en las horas previas a la dana, saltándose incluso la reunión del Cecopi celebrada a las 17 horas del 29 de octubre, contrasta con la airada reacción que escenificó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el miércoles 30 de octubre. Feijóo cargó duramente contra la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de mantener la votación sobre el nuevo consejo de Radio Televisión Española (RTVE), a pesar de haber suspendido la sesión de control por las víctimas de la dana. "No vamos a participar por la hipocresía de suspender el pleno ordinario y, sin escrúpulos, convocar un pleno extraordinario para el control de RTVE", afirmó Feijóo, en una declaración sin preguntas de la prensa.
La dirección del PP, casi al unísono, ha estado repitiendo durante los últimos días que "el Gobierno y sus socios quisieron seguir adelante con ese asalto al control de Radiotelevisión Española", en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Un argumento que este martes ha vuelto a repetir Feijóo, que llegó a calificar como de "despreciable" y de "bajeza moral" la decisión de continuar con el pleno. En una entrevista en Antena 3, el conservador ha acusado al PSOE de actuar "basándose en el cálculo político" por "convocar un pleno" —que ya estaba incluido en la agenda del Congreso desde tiempo atrás— "para asaltar RTVE". El líder del PP ha obviado el objetivo de la comida de Mazón y ha tratado de exculpar la ausencia del presidente valenciano de la reunión del Cecopi al afirmar que "no forma parte del organismo" aunque sí ha concedido que "es el primer responsable de la Generalitat".
Cuando llegó a la presidencia de la Generalitat en el año 1996, Eduardo Zaplana aseguró que "la televisión es el último bastión en el que están resistiendo los socialistas", en referencia a la ahora extinta Canal 9. Zaplana, padrino político del actual presidente valenciano, Carlos Mazón, tejió una red de clientelismo dentro de la radiotelevisión pública valenciana, utilizándola como agencia de colocación para periodistas afines e incluso diputados del Partido Popular con el fin de controlarla políticamente. Lo consiguió. Su sucesor en la Generalitat, Francisco Camps, siguió esa misma estela, llegando incluso a situar al frente de la dirección general del ente público valenciano a su exjefe de prensa, Pedro García, imputado después por los contratos de la empresa con la trama Gürtel para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 murió finalmente en noviembre de 2013 con 1.126 millones de euros de deuda y 1.660 trabajadores de plantilla.