El anuncio de la convocatoria electoral para el domingo 28 de abril implica que estamos a las puertas de que expire el periodo ordinario de sesiones en las Cámaras. La ley electoral marca que las elecciones tienen que celebrarse 54 días después de la disolución de las Cortes. Por tanto, esto debe ocurrir antes del 5 de marzo. Desde ese momento hasta la constitución de las Cámaras y la toma de posesión de los diputados electos, la vida parlamentaria queda en manos de la Diputación Permanente, un órgano que, tanto en el Congreso como en el Senado, tiene la misión de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Desempeña la función de sustituta del Pleno para que determinadas funciones no queden desatendidas en el momento en el que la Cámara Alta y la Baja hayan sido disueltas o se haya expirado su mandato.
Si no hay virajes de última hora, el Gobierno de Pedro Sánchez recurrirá a los decretos leyes para dar luz verde a sus últimas iniciativas legislativas, un mecanismo que la Constitución reserva a casos "de extraordinaria y urgente necesidad". "No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general", refleja la Carta Magna. Será esta la vía, por ejemplo, a la que recurrirá los socialistas para derogar parte de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Una estrategia que en el Partido Popular ven con muy malos ojos.
El artículo 86 de la Constitución marca que los decretos leyes, una vez salidos del Consejo de Ministros, deberán ser "inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación". En ese plazo, la Cámara Baja debe convalidar o derogar la iniciativa del Ejecutivo.
Con la disolución de las Cámaras a la vuelta de la esquina, es altamente probable que este y otros decretos tengan que ser convalidados –o derogados– por la Diputación Permanente. La preside Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, y la acompañan dos vicepresidentes, José Ignacio Prendes (Ciudadanos) y Micaela Navarro (PSOE) y dos secretarias, Alicia Sánchez Camacho (PP) y Gloria Elizo (Unidos Podemos).
Un 'minipleno'
Sin contar a Ana Pastor, está integrada por 64 miembros con la siguiente distribución: 24 del PP, 15 del PSOE, 12 de Unidos Podemos, 6 de Ciudadanos, 2 de Esquerra, 1 del Grupo Vasco y 4 del Mixto. Se trata de un reparto proporcional al que presenta el Congreso en las situaciones ordinarias. Es decir, el reparto es proporcional, para configurar un minipleno de la Cámara.
Para que se reúna, debe ser convocada por el presidente, a iniciativa propia o bien a petición de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de sus miembros.
¿En estas circunstancias, pueden tramitarse los decretos leyes como proyectos de ley? La respuesta es sí, según subrayan fuentes parlamentarias que, no obstante, sostienen que no es nada frecuente.
Es el artículo 151.5 del Reglamento del Congreso el que deja por escrito esta posibilidad: "La Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los periodos entre legislaturas".
En la sinopsis del artículo 78 de la Constitución –el que regula la figura de la Diputación Permanente– realizada por letrados de las Cortes Generales queda claro que, hasta la fecha, no se ha dado este escenario. Señala que "no se ha producido aún, al no haberse acordado por la misma [Diputación Permanente], en las ocasiones en que así ha sido sometido a la Diputación Permanente, la citada tramitación".
Convalidación posterior a las elecciones
¿Es posible que se convaliden decretos leyes una vez celebradas las elecciones? Sí. En la historia parlamentaria de España este caso se ha dado en tres episodios. Y ha sido así porque la nueva Cámara aún no había sido constituida. Ocurrió el 26 de junio de 1986, el 23 de junio de 1993 y el 25 de marzo de 1996.
Estados de alarma, excepción y sitio
Además de las competencias que se le otorga a la Diputación Permanente a la hora de dar luz verde o frenar decretos leyes, ha de ejercer las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye al Congreso el artículo 116 de la Constitución.
Así, este órgano le correspondería ser notificada inmediatamente de la declaración por el Gobierno del estado de alarma y autorizar su prórroga, autorizar al Ejecutivo a declarar el estado de excepción y su prórroga, y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, el estado de sitio.
Sin control
Con la disolución de las Cortes, sólo permanecen en activo los parlamentarios miembros de la Diputación Permanente. Esto impide que, al contrario de lo que ocurre durante intervalos entre periodos de sesiones, pueda solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno o de las Comisiones. Sólo en una ocasión, en la I Legislatura, la sesión de la Diputación Permanente del 11 de octubre de 1982, se permitió la celebración de comparecencias. Alberto Oliart, por entonces ministro de Defensa, acudió a la Cámara a petición propia para informar de la intentona golpista en la Operación Galaxia. Fue la única vez. Hay varios precedentes de inadmisión de solicitudes de convocatoria de la Diputación Permanente una vez disueltas las Cámaras.
... Y en el Senado
En el caso de la Cámara Alta, la Diputación Permanente tendría competencias para dar luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que activa la intervención de una comunidad autónoma, prerrogativa que sólo se ha aplicado una vez en España, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno tras la declaración ilegal de independencia del Parlament de Cataluña en octubre de 2017.
Rendición de cuentas
El artículo 59 del Reglamento del Congreso establece que después de la celebración de elecciones generales, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno de la nueva legislatura de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas en las sesiones convocadas tras la disolución de las Cortes. Asimismo, de trasladar aquellas iniciativas que se le hubiera remitido por parte de terceros como, por ejemplo, informes del Tribunal de Cuentas.
El PP: "La legislatura está terminada"
"La legislatura está terminada y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dejar de legislar", exigió este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe decretos leyes en las semanas que quedan hasta las elecciones que después tendrían que ser convalidados por la Diputación Permanente.
Montserrat consideró que Sánchez ha liderado el "Gobierno de los decretazos" y añadió que "ninguno" de sus cinco proyectos de ley ha sido aprobado en esta Cámara, "empezando por la ley de Presupuestos".
En respuesta, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, sostuvo que "el Gobierno va a actuar como Gobierno hasta el último día". Y avanzó que los decretos leyes que pueda aprobar en las próximas semanas versarán sobre "asuntos trascendentales para mejorar la vida de los ciudadanos".
El Gobierno apura los pasos para sacar adelante por decreto ley sus últimas medidas en precampaña
PP y PSOE han criticado el uso excesivo del decreto-ley desde la oposición, pero no han dejado de usarlo tras llegar al Gobierno.
El récord lo tienen Aznar, que aprobó 85 en su primera legislatura, y Rajoy, que llegó a 76 en su primer mandato. El expresidente, ya incorporado a su plaza de registrador, los sumó un real decreto más durante la breve XI Legislatura y 30 en la XII Legislatura, hasta la moción de Pedro Sánchez.
El registro de iniciativas del Congreso da cuenta de 28 decretos-leyes 28 decretos-leyes desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Tres están pendientes de convalidación.
El anuncio de la convocatoria electoral para el domingo 28 de abril implica que estamos a las puertas de que expire el periodo ordinario de sesiones en las Cámaras. La ley electoral marca que las elecciones tienen que celebrarse 54 días después de la disolución de las Cortes. Por tanto, esto debe ocurrir antes del 5 de marzo. Desde ese momento hasta la constitución de las Cámaras y la toma de posesión de los diputados electos, la vida parlamentaria queda en manos de la Diputación Permanente, un órgano que, tanto en el Congreso como en el Senado, tiene la misión de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Desempeña la función de sustituta del Pleno para que determinadas funciones no queden desatendidas en el momento en el que la Cámara Alta y la Baja hayan sido disueltas o se haya expirado su mandato.