Los nombramientos del PP desmienten la promesa de Feijóo de "despolitizar" el Tribunal Constitucional

Lo dijo el pasado domingo en un acto del PP de Madrid. Si llega al poder, lo primero que hará el partido de Alberto Núñez Feijóo es revertir "el daño sin precedentes que ha infligido el Gobierno [socialista] a la democracia". Para ello, presentó una serie de medidas entre las que se encuentra la de "despolitizar el Tribunal Constitucional". La anunció la víspera de que sus magistrados empezaran a estudiar el borrador de la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de amnistía que, casi con toda probabilidad, ese partido perderá. El problema de la propuesta de Feijóo es que no acepta que, desde enero de 2023, el órgano tenga mayoría progresista, de la misma forma que hasta ese momento y en un futuro a medio plazo, sus magistrados afines volverán a coparlo. Los nombramientos del PP para el tribunal de garantías en los últimos años muestran que, al contrario de lo que dice su líder, su objetivo real ha sido designar a personas con una trayectoria absolutamente fiel a su formación.

Calificar de "politizado" al tribunal de garantías forma parte de la estrategia de deslegitimación contra el órgano que, desde que perdiera la mayoría conservadora, desarrolla el PP, pese a haber pactado con el PSOE su composición. La relación de la institución con la política existe por mandato de la propia Constitución, que ha querido que sus 12 miembros se nombren por los tres poderes del Estado: Congreso y Senado (Legislativo), Gobierno (Ejecutivo) y Consejo General del Poder Judicial. Las mayorías conservadoras o progresistas en el máximo intérprete de la norma fundamental oscilan en función de las sucesivas renovaciones. En la última, la del Gobierno y el CGPJ, el Ejecutivo introdujo a un exministro, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez, exdirectora de Asuntos Constitucionales de Presidencia. La próxima, en 2026, corresponde al Senado, una Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta. Será en ese momento cuando habrá que evaluar el afán "despolitizador" anunciado el domingo por Feijóo. Un afán que no se ha visto por ninguna parte en las últimas designaciones de magistrados que, cuando proceden del Legislativo, exigen el consenso con los socialistas para alcanzar una mayoría de tres quintos.

La última de estas designaciones fue la de José María Macías, magistrado conservador y antiguo ariete del sector de vocales a propuesta del PP en el Consejo General del Poder Judicial, su anterior destino. Macías entró en el Constitucional como un elemento más del pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces en junio de 2024. El acuerdo entre el PSOE y PP incluyó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para restringir al máximo las puertas giratorias entre la política y la justicia y viceversa. Pero esa ola democratizadora y despolitizadora defendida y apoyada por el negociador de ese partido, Esteban González Pons, para los principales cargos judiciales, no llegó al del integrante del Tribunal Constitucional que en ese momento había que nombrar. Allí colocaron, sin ningún rubor, a Macías, el magistrado que, en los últimos meses ha sometido al órgano de garantía a las mayores tensiones políticas.

La primera, su negativa a apartarse del recurso del PP sobre la ley de amnistía pese a que, durante su anterior etapa en el Consejo, se pronunció en dos ocasiones a favor de su inconstitucionalidad. Una de ellas, en un informe reclamado por el Senado durante la tramitación parlamentaria de la norma. Es decir, que Macías, pese a ser contrario a la amnistía, colaboró en la elaboración del texto legal que la recoge. Pese a ello, ha rechazado reiteradamente apartarse de la deliberación hasta que, finalmente, fueron la Abogacía del Estado y la Fiscalía los que lo recusaron y sus compañeros, por mayoría, acordaron expulsarlo. Ideas recogidas en sus votos particulares discrepantes han sido recogidas en querellas por prevaricación judicial presentadas por grupos ultra como Vox o Hazte Oír ante el Supremo contra el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el resto de sus compañeros progresistas, querellas que han sido archivadas. En ese sector lo consideran un elemento desestabilizador que no duda en comportarse de manera desleal, no solo hacia sus compañeros, sino contra el propio tribunal.

En la anterior renovación, la de 2021, el PP también logró introducir a dos magistrados en el Constitucional con una relación muy marcada con el partido. La primera de ellos fue Concepción Espejel, exmagistrada de la Audiencia Nacional recusada de los juicios del caso Gürtel que le habría tocado presidir —la principal trama de corrupción que ha afectado a ese partido y que terminó llevándose por delante el Gobierno de Mariano Rajoy— debido a su relación con la exministra de Defensa y ex número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Sus compañeros de sala en la Audiencia consideraron que esa relación afectaba a su "apariencia de imparcialidad". Espejel, que también tuvo una actitud muy activa contra el Gobierno de Zapatero mientras fue presidenta de la Audiencia de Guadalajara en el caso de un incendio forestal que afectó a esa provincia y el que murieron 11 bomberos en 2005, fue aupada por el PP al cargo de vocal del Poder Judicial en septiembre de 2008.

En la misma tanda que Espejel, la designada por el Congreso hace cuatro años, entró el letrado de las Cortes y abogado Enrique Arnaldo. Arnaldo compatibilizó su trabajo en el Parlamento con el de asesor del expresidente balear y exministro del PP condenado en varios casos de corrupción Jaume Matas, lo que vulneró las incompatibilidades que establece el Estatuto del Congreso. Como abogado, también facturó por varios trabajos a ese partido de cuya fundación (FAES) ha sido colaborador durante años. Su nombre también ha saltado en casos de corrupción relacionados con esa formación. En el caso Lezo, por ejemplo, apareció una llamada suya con el expresidente madrileño Ignacio González, el principal implicado, en el que ambos hablaban sobre la influencia de Arnaldo en los cambios en la Fiscalía General del Estado. En otra conversación, esta vez con Zaplana, el expresidente madrileño alabó su capacidad de "enredar" y maniobrar a su favor en la judicatura.

Otros magistrados del Constitucional a propuesta del Gobierno del PP han tenido cargos orgánicos e institucionales por ese partido. Entre ellos se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. Tras haber sido el líder del sector conservador del CGPJ en el mandato que se inició en 2001, López llegó en 2013 al tribunal de garantías que, sin embargo, tuvo que abandonar al año siguiente después de que la policía le diera el alto mientras conducía su moto con exceso de alcohol en sangre y sin casco. Más adelante, el magistrado se convirtió en secretario de Justicia y Administraciones del PP durante la presidencia de Pablo Casado. También fue, durante al menos dos años, la mano derecha de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que lo nombró consejero de Justicia, Interior y Víctimas en el Gobierno de la Comunidad. Tras apostar por Casado en su pulso final con Ayuso, López dejó la política y volvió a su despacho de la Audiencia Nacional. El catedrático de Filosofía del Derecho Andrés Ollero, magistrado del Constitucional entre 2012 y 2021 a propuesta del Congreso, fue diputado del PP en esa Cámara durante 17 años y también fue el portavoz de Justicia en el grupo parlamentario de esa formación.

Pero el caso más llamativo, probablemente, fue el de Francisco Pérez de los Cobos, que fue magistrado entre 2010 y 2017 a propuesta del Senado y presidente del órgano de garantías desde 2013. Ese año, El País reveló que el catedrático de Derecho del Trabajo había sido militante del PP, el primero en ocupar ese puesto con carné de un partido. Pérez de los Cobos, sin embargo, se negó a dimitir y defendió su militancia, asegurando que la Constitución solo le impedía desarrollar "funciones directivas" en una formación política, mientras que él era "militante de base".