El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó durante la semana pasada a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales y en el que aceptaba ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros, según adelantó el propio lunes Ok Diario y confirmó horas más tarde El País. Sin embargo, la magistrada María Inmaculada Iglesias impidió que este pacto se hiciera efectivo al admitir el requerimiento de la acusación del PSOE y Más Madrid en el que se solicitaba ampliar a cinco delitos más la investigación contra él y ponen el foco sobre las vinculaciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el grupo sanitario Quirón y apuntan hacia la posible existencia de más facturas falsas.
El pacto al que habría llegado González Amador con la Fiscalía y la Abogacía del Estado incluía como sanción, según detalla El País, una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es, 60.000 euros (40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (40% de 195.951,41 euros). Estas cuantías debían sumarse a los 350.951 euros defraudados y a unos intereses de 2.493,10 euros. En total, la suma era de 491.824 euros.
A esta multa, habría que sumar los ocho meses de cárcel, que al ser inferior a los dos años permiten a los jueces la suspensión de esta condena. Sin embargo, si que se le aplicaría la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante este tiempo además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.
En este pacto también se incluían penas contra otros dos cooperadores necesarios en la elaboración de facturas falsas. Se trataría del mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, al que se le condenaba a penas de tres meses y 15 días de prisión, y como multa de 122.832 euros. Y del sevillano David Herrera Lobato, al que se le imponía una pena prisión de dos meses y 15 días, y una sanción de 29.392 euros.
Este acuerdo se ha buscado desde el primer momento por parte de la pareja de Ayuso. En febrero, su abogado propuso al Ministerio Público admitir los delitos y asumir ocho meses de cárcel y poco más de medio millón de euros para evitar el juicio.
Sin embargo, con la decisión de este lunes de la magistrada instructora, el pacto queda en suspenso y sujeto a esa ampliación de la investigación que pide la acusación. En caso de que se amplíe el número de delitos, la pena y la multa debería ser mayor a la acordada. En el escrito que ya está sobre la mesa de la jueza, la representación letrada de PSOE y Más Madrid considera que existen indicios como para ampliar las pesquisas más allá de los dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil denunciados en su momento por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid.
La acusación de PSOE y Más Madrid apunta a más facturas falsas
Tras estudiar la ingente documentación que obra en el procedimiento –tanto el informe elaborado por la Agencia Tributaria como un millar y medio de archivos que lo acompañan–, la representación de ambas formaciones políticas cree que existen "elementos indiciarios" como para considerar, más allá de los tipos apuntados por el Ministerio Público, la existencia de un delito agravado contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. Este último tipo penal, sostiene la acusación popular en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, ya fue "apuntado" por la propia inspectora de Hacienda en el "informe" que se encargó de elaborar sobre el caso.
La acusación popular de PSOE y Más Madrid apunta a más facturas falsas en el caso del novio de Ayuso
El escrito de PSOE y Más Madrid se detiene, del mismo modo, en el gigante sanitario Quirón, al que González Amador ha estado estrechamente vinculado. "Es cuestionable que muchas de las facturas abonadas por Quirón Prevención –filial de la compañía del sector de la salud– respondan realmente a los servicios que se prestaban, puesto que no ha quedado acreditado que los abonos correspondan a trabajos concretos sobre contratos concretos y determinados, utilizando siempre fórmulas genéricas e indeterminadas, habiendo un desfase total entre lo que facturan los profesionales y lo que Quirón Prevención paga por ellos", sostienen desde la acusación popular.
Entre la extensa batería de diligencias de investigación, la acusación popular solicita que se haga una "averiguación patrimonial" sobre los investigados entre 2019 y 2022 y que se analicen los movimientos bancarios en ese mismo periodo temporal. También pretenden que se requiera a González Amador para que aporte "documentación contable" de su actividad como autónomo y "escrituras de compraventa" de viviendas a su nombre adquiridas en los cuatro últimos años, así como que se requiera al registro de la propiedad para que informe de los inmuebles que pueda tener registrados a nombre de la pareja de la presidenta madrileña y de tres sociedades más: Maxwell Cremona, Masterman & Whitaker y Babia Capital.
En julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciase sus investigaciones sobre el posible fraude fiscal, González Amador adquirió una vivienda de más de 183 metros cuadrados en un céntrico barrio de la capital. "Compra en la que pudiera haber invertido las ganancias obtenidas", resalta la acusación en su escrito. Pero podría no ser la única de la que disfruta la pareja. A mediados de marzo, elDiario.es publicó que Ayuso y González Amador también estaban utilizando una segunda vivienda situada justo encima de la primera. Un ático de lujo a nombre de la sociedad Babia Capital SL, administrada por quien fuera el representante del empresario ante la Agencia Tributaria, a quien la acusación popular también pide que se le cite a declarar.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó durante la semana pasada a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales y en el que aceptaba ocho meses de cárcel y pagar 491.000 euros, según adelantó el propio lunes Ok Diario y confirmó horas más tarde El País. Sin embargo, la magistrada María Inmaculada Iglesias impidió que este pacto se hiciera efectivo al admitir el requerimiento de la acusación del PSOE y Más Madrid en el que se solicitaba ampliar a cinco delitos más la investigación contra él y ponen el foco sobre las vinculaciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el grupo sanitario Quirón y apuntan hacia la posible existencia de más facturas falsas.