El novio de Ayuso descarta en el TS un futuro pacto para evitar la cárcel en su causa por corrupción

La declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la causa por la que se investiga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, no aportó prácticamente nada para el caso en el que siguen imputados Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, pese a la ausencia de pruebas. El testimonio de Alberto González Amador tuvo que ver, sobre todo, con la imputación de dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal que pende sobre él en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Plantear un acuerdo a la Fiscalía para intentar librarse de la cárcel todavía es una posibilidad para González Amador a día de hoy. Sin embargo, de su relato de este viernes ante el instructor del Supremo Ángel Hurtado se deduce que la pareja de la presidenta madrileña descarta por el momento esa posibilidad.

El primero de los indicios que apuntan en ese sentido es la desautorización en toda regla que, en su comparecencia en el alto tribunal, hizo del abogado que se hizo cargo de las defraudaciones que Hacienda le achaca, Carlos Neira. A preguntas de Hurtado, González Amador ha asegurado que la confesión de dos delitos fiscales —"ciertamente se han cometido", dijo su defensor en un correo enviado al fiscal del caso el 2 de febrero de 2024 ofreciendo el acuerdo— la hizo el abogado "por su cuenta", es decir, sin su permiso ni su conocimiento. Lo que Amador pidió a Neira, según ha dicho ante el juez, es que buscara "la mejor solución" para seguir en el anonimato y que su nombre y su relación con Ayuso no saltara a los medios. Lo que quería, según fuentes presentes en el interrogatorio, era que todo se resolviera "con el menor ruido posible".

Que no va a colaborar con la justicia para confesar sus delitos a cambio de no ingresar en prisión se deduce también del daño que, según dijo al juez, le ha causado que, desde entonces, los medios lo califiquen como "defraudador confeso". Amador aseguró que tanto en su ámbito personal como en el social, ese calificativo le ha supuesto "un destrozo" y que también ha afectado a sus negocios. El novio de Ayuso aseguró que tras publicarse las noticias que recogían su confesión ha habido clientes que han dejado de contratarlo para dar cursos que, según dijo, llevaba más de 10 años impartiendo. Pactar para evitar la cárcel implica necesariamente confesar los delitos que se imputan, por lo que sus palabras indican que en un futuro no volverá a intentar un acuerdo para evitar ese "destrozo" que, según su versión, le provocó su propio defensor admitiendo las infracciones.

La tercera aseveración de Amador que parece desterrar un futuro pacto de conformidad es la negación rotunda de los hechos que le imputa la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias. Según sostuvo este viernes en el Supremo, en opinión de la pareja de la presidenta madrileña, en su causo no hubo "fraude", ni "facturas falsas", ni "sociedad interpuesta" y así se lo hizo saber a su abogado. También aseguró que así lo había sostenido en dos ocasiones en la Agencia Tributaria: que no había cometido ninguna defraudación. Hacienda piensa todo lo contrario y así lo ha recogido en su expediente tributario que refleja una cuota defraudada de 350.910 euros y facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para tratar de deducir gastos. La inspectora que detectó el fraude ha ratificado ya su informe en el juzgado.

Pero más allá de lo relacionado con su propio caso de corrupción, Amador, que al declarar como testigo estaba obligado a decir la verdad, dijo algunas cosas que, tras una simple comprobación fáctica, no parecen corresponderse con la realidad. El novio de Ayuso no solo manifestó que su abogado actuó "por su cuenta" al confesar los delitos al fiscal el 2 de febrero mediante un correo electrónico enviado al fiscal, también aseguró ante el instructor del Supremo que solo conoció que el letrado había hecho esa propuesta de pacto admitiendo las infracciones la noche del 13 de marzo de 2024, cuando lo publicó la Cadena SER. El juez Hurtado cree que esa noticia se difundió gracias a la supuesta filtración por parte del fiscal general del Estado del email con la confesión enviado por el defensor del comisionista sanitario.

Esa versión casa mal con la que dio durante su declaración el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Tras admitir que difundió información averiada sobre el caso en un chat con 50 periodistas, el asesor de la presidenta madrileña aportó a la causa un mensaje recibido de González Amador -"Alberto QUIRÓN", así constaba en su teléfono- a las 9.09 de la mañana del 12 de marzo. En él, el novio de la presidenta madrileña le reenviaba un mensaje con datos concretos de la negociación con el Ministerio Público. "Buenos días Alberto. He recibido el correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima", decía el mensaje que Carlos Neira envió a Amador y este al principal asesor de Ayuso. ¿Por qué conocía el empresario los términos de su negociación con el fiscal pero no su propia confesión? Una conformidad requiere siempre la asunción de los delitos.

Expertos penalistas consultados por infoLibre explicaron el pasado marzo que un pacto para que González Amador evite la cárcel todavía es posible. Incluso con los nuevos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios por los que la instructora de su caso ha abierto una nueva pieza separada. El problema es que la instrucción de la pieza principal, la de los dos delitos fiscales, está prácticamente concluida tras la toma de declaración del comisionista (en la que guardó silencio) y la de las inspectoras fiscales que investigaron sus negocios. Esta última investigación es la que marcará los tiempos de una posible confesión que, tras su declaración este lunes en el Supremo, parece ahora muy lejana. Avenirse a admitir el fraude, abonar lo defraudado, los intereses y la multa, podría certificar, según los expertos, su disposición a colaborar, algo que podría tenerse en cuenta para el resto de delitos que se le achacan. Hacerlo, eso sí, permitiría a cualquiera denominarlo, esta vez sí, "defraudador confeso".