El propio ministro Miguel Arias Cañete daba las cifras: "Si no se hubiera aprobado esta ley, tendrían que desaparecer más de 1.300 industrias que están ubicadas desde antes de 1988 en el litoral español, tendríamos que demoler más de 25.000 viviendas. Desde luego, lo que esta ley persigue es dar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger el litoral". Pero con las cifras daba también algunas claves que sirven para interpretar la controvertida nueva Ley de Costas, que aprobó ayer jueves ya definitivamente el Congreso. Texto que, como corean unánimemente todos los contrarios a él, servirá para "privatizar" la costa, al reducir las zonas de dominio público y bajar de 100 a 20 metros la superficie de servidumbre de protección en algunos núcleos.
Porque, como denuncian los movimientos ecologistas y la oposición –todos los grupos votaron en contra, salvo CiU, que se abstuvo–, esas 1.300 industrias que calcula el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que se hallan al borde del mar se salvarán del derribo. Industrias en muchos casos contaminantes cuya concesión vencía y que ahora verán su vida prorrogada 75 años más. Un ejemplo que sale de boca de todos: la papelera Ence, en Lourizán, en la ría de Pontevedra, cuya autorización finalizaba en 2018. La factoría, de hecho, celebró el miércoles, por anticipado, la aprobación de la nueva ley –se reconoció "más tranquila"– y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), aseguró que el traslado de la fábrica a otro punto era "inviable".
¿Qué hace la nueva norma, pues? Permitir que sigan en pie las viviendas y construcciones en la playa 75 años más, que se suman a los 30 o 60 que ya les dio la ley socialista hasta ahora vigente, de 1988. Como dice Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, "se amnistía la destrucción", se deja vivir a papeleras, refinerías, metalurgias, balsas de fosfoyesos... "que no tienen que estar en la ribera del mar", que son muy contaminantes y que tienen "pocas garantías sanitarias". Asimismo, los concesionarios de las casas que están en zona de dominio público podrán realizar reformas (siempre que no impliquen aumento de volumen, altura o superficie) y podrán venderlas, cosa que hasta ahora no podían hacer. –se posibilita la transmisión intervivos, y no sólo legar a la muerte, mortis causa–. Y la "seguridad jurídica" que invoca el ministro es, para los ecologistas y la oposición, una "mentira", ya que los propietarios de las casas que fueron demolidas para cumplir con la ley de 1988 podrían recurrir ahora, augurar, al considerarse perjudicados por la nueva legislación, más permisiva.
Los 75 años de vida extra que se conceden a miles de construcciones no son el único agujero negro del texto de Cañete. Hay varios más, según PSOE, Izquierda Plural, Equo, Greenpeace o WWF. Tantos como para hacer de esta nueva ley "el mayor intento privatizador de la historia del país", como lo describe el diputado socialista José Luis Ábalos. Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, lo expresa de forma más plástica: "El ministro deja la Ley de Costas como un queso gruyère. No elimina por completo la norma de 1988, pero sí le hace tantos rotos, tantos agujeros, que permite que prevalezcan los intereses privados sobre los públicos". ¿Qué intereses? Greenpeace los señaló en su informe Amnistía a la destrucción, donde desgrona los vínculos de dirigentes del PP con empresas del sector urbanístico. Documento que llevó a los demonios a María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, porque apuntaba directamente a su marido, Ignacio López del Hierro.
LA DESPROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES
Una de las novedades que puso en guardia a Greenpeace fue el caso de las salinas y los acuíferos. La ley dice que "no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público". Marcos tiene grabadas a fuego unas declaraciones del exministro de José María Aznar Abel Matutes, dueño del Grupo Matutes, en las que se atribuía parte de la autoría del texto: "Es una ley en la que yo he trabajado mucho". La empresa tiene concesiones en 25 salinas de la bahía de Cádiz de las que ahora puede pasar a ser propietario. Terrenos que podría "urbanizar", según se teme la organización ecologista.
"Las salinas, las marismas... son espacios de gran valor ecológico, los últimos espacios que quedan por ser invadidos por el ladrillo en varios puntos de España. Hay muchos municipios que ya no tienen suelo urbano, y que ahora verán que se abre una vía para la construcción", prevé López de Uralde. El Gobierno dice que no es así, que las salinas y los establecimientos de cultivos marinos serán considerados zonas de servidumbre, lo que significa que no se podrán construir ni "viviendas ni hoteles".
Los peores pronósticos también se extienden hacia las playas urbanas. La ley anuncia que en el posterior desarrollo reglamentario se diferenciará entre los tramos de playas urbanos –contiguos a suelos urbanizados– y los tramos de playas naturales –contiguos a espacios protegidos o suelo rural–. Estos últimos gozarán de un "nivel de protección alto" y se restringirán las ocupaciones.
NÚCLEOS AMNISTIADOS
La reforma de Cañete excluye 12 núcleos de viviendas que dejarán de ser de dominio público marítimo-terrestre. Son zonas como El Palo y Pedregalejo (Málaga), Moaña (Pontevedra), la ría Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y Caño del Cepo (Huelva), Platja d'Aro y Empuriabrava (Girona), Oliva (Valencia), Xilxes (Castellón) y Serra Grossa y Puerto de Santa Pola (Alicante). Todos ellos eran de dominio público hasta ahora, pero Medio Ambiente consideró que no tenía ningún sentido que zonas bastante pobladas y consolidadas durante décadas fueran todavía propiedad del Estado. El Ejecutivo alega que estos núcleos de población que dejan de ser de dominio público "son innecesarios para la protección de la costa" y afectan mayoritariamente a "barriadas populares, no a hoteles o empresas". Se calcula que son 3.400 las viviendas afectadas.
"No hay informes técnicos que digan por qué esos núcleos urbanos sí y otros no. Lo cierto es que se legalizan miles de construcciones que hasta ahora eran ilegales", tercia López de Uralde. En palabras de Laia Ortiz, diputada de ICV, se consagra la "arbitrariedad".
EL DESLINDE ESPECIAL DE FORMENTERA
La ley establece, "con carácter excepcional" y debido a su "especial configuración geológica", un deslinde especial –el trámite que delimita la zona pública y privada de playa– para la isla de Formentera. No se considerará de dominio público la zona hasta donde llegó el mar en los mayores temporales conocidos, sino hasta donde alcanzan los temporales ordinarios. Ello supone, según Ortiz, "que pase a uso privado el 90% de la isla, una barbaridad". Se rubrica el "todo urbanizable que tanto le gusta al PP", añade Uralde.
Algo especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el litoral de Formentera es uno de los mejor conservados de España, de los más vírgenes. La justificación que esgrimió Medio Ambiente es que si se llevase a cabo un deslinde convencional la mayor parte del territorio sería público y sus ocupantes, concesionarios.
SERVIDUMBRE DE 100 A 20 METROS
La franja de protección del litoral (la llamada zona de servidumbre) se rebaja de 100 a 20 metros en algunas circunstancias. Por una enmienda introducida por el PP en el Senado, la reducción de la servidumbre se podrá producir respecto de núcleos costeros que en 1988, a la entrada en vigor de la ley, no estaban clasificados como urbanos, pero que sí tenían algunos requisitos para ser considerados como tales, como el abastecimiento de agua, la evacuación de aguas residuales y el suministro de energía eléctrica. Según alega el departamento de Cañete, no se autorizarán nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa". "No se va a poner un ladrillo más", alegaba anoche en El debate de La 1 de TVE el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.
Según los cálculos dados a conocer por el PP, el permiso para hacer obras en la zona de servidumbre beneficiará a 125.000 construcciones.
PERMISOS PARA CHIRINGUITOS MÁS LARGOS
Según la ley de 1988, los chiringuitos y demás instalaciones desmontables que ocupaban la playa tenían una autorización de un año. Ahora, recibirán un permiso cada cuatro años, lo que según el ministerio dará "más seguridad" a los propietarios de estos establecimientos, tanto en plazos como en condiciones.
Sin embargo, el socialista Ábalos y otros portavoces consideran que el PP ha intentado vender a machamartillo las ventajas para los titulares de chiringuitos, cuando los cambios de la ley son mucho más profundos y no se hallan en este punto.
CAMBIO CLIMÁTICO... PARA DENTRO DE DOS AÑOS
En el Senado también se introdujeron modificaciones en el articulado relativas al cambio climático. En concreto, el Gobierno se da dos años "para elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos". Entre ellos, la subida del nivel del mar y la regresión de la costa.
Los portavoces y los grupos ecologistas se extrañan de una enmienda colada a rastras y con vistas hacia el futuro, cuando las conclusiones de organismos supranacionales, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), están bastante consolidadas y asentadas en la comunidad científica. Juzgan, por tanto, que los estudios deben ser previos, no a posteriori. En ese sentido, denuncian que la ley nazca sin ningún tipo de memoria económica.
'CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICOS'
El horror del hotel de 14 plantas construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sirvió al Gobierno para bautizar a una de sus medidas como cláusula anti-Algarrobicoscláusula anti-Algarrobicos. En síntesis: los delegados del Gobierno en cada comunidad podrán suspender los planes aprobados por los Ayuntamientos que invadan el dominio público o la zona de servidumbre e infrinjan la ley.
Sin embargo, como dice Marcos, de Greenpeace, "si una zona se quiere declarar urbanizable, se considerará dado el permiso si hay silencio administrativo". Dicho de otro modo, "por primera vez se recoge el silencio administrativo positivo, y eso es un coladero para un articulado que desmonta pieza a pieza la protección del litoral".
¿OTRA VEZ EL DESLINDE?
La activista de Greenpeace recuerda que el deslinde que impulsó la ley de 1988, que ahora queda derogado en parte, ha tardado muchos años (y mucho dinero) en completarse –hoy está en torno al 98% terminado–. Ahora, tras la aprobación de la reforma, cree que esa separación de la parte pública y privada de la costa deberá revisarse, un proceso "costoso" y que hace temer una "avalancha de quejas" de aquellos que vieron demolida su vivienda y ahora se encuentran con que otras serán perdonadas. "Con el agravante de que el Estado ha ganado la inmensa mayoría de los pleitos".
¿PRIVATIZACIÓN O PROTECCIÓN?
PSOE, Izquierda Plural y Equo, al igual que Greenpeace o WWF, se ven venir otra burbuja inmobiliaria, y alertan de los efectos nocivos de la ley. Básicamente, creen que con la reforma cambiará sustancialmente el litoral, se "privatizará" en la práctica. "Para el Gobierno la costa es sólo un espacio económico para el que lo importante es la rentabilidad de las inversiones y la seguridad jurídica de los negocios", aseguraba ayer por la tarde Ábalos a infoLibre. "El litoral recibirá mucha más presión urbanística, y perdemos todos los ciudadanos parte de nuestro patrimonio, que queda privatizado", añadía Ortiz. Marcos se quejaba del "nulo proceso de consulta" del ministerio con las organizaciones ecologistas a la hora de elaborar la ley. Los ecologistas calificaban de "día de duelo" la jornada de ayer. Recordaban además que la normativa "beneficia" a los empresarios "amigos" del PP.
Greenpeace pide a Andalucía y ayuntamientos declararse “insumisos” ante la Ley de Costas
En camino puede estar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que están estudiando PSOE e Izquierda Plural, por violación del artículo 132 de la Carta Magna. Socialistas e ICV coinciden en que la reforma de Cañete vulnera directivas europeas y convenios internacionales, señalan la falta de memoria económica y auguran que podría generar otro boom inmobiliario en la costaboom . Equo apoya los argumentos, pero no tiene representación en el Parlamento más que la de Joan Baldoví, diputado compartido con Compromís.
El ministro despreció ayer todas las críticas. Enfatizó que su ley está "muy trabajada". "Cuando se lee en su integridad, se ve que aumenta la protección y que va a proporcionar instrumentos más potentes para combatir las barbaridades urbanísticas al amparo de la ley de 1988, como El Algarrobico", dijo, además de apuntalar la idea de la "seguridad jurídica" y de abundar en la necesidad de dar una solución a aquellos ciudadanos que habían adquirido su casa antes de 1988 y que en 2018 iban a enfrentarse a la demolición masiva de infraestructuras.
El propio ministro Miguel Arias Cañete daba las cifras: "Si no se hubiera aprobado esta ley, tendrían que desaparecer más de 1.300 industrias que están ubicadas desde antes de 1988 en el litoral español, tendríamos que demoler más de 25.000 viviendas. Desde luego, lo que esta ley persigue es dar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger el litoral". Pero con las cifras daba también algunas claves que sirven para interpretar la controvertida nueva Ley de Costas, que aprobó ayer jueves ya definitivamente el Congreso. Texto que, como corean unánimemente todos los contrarios a él, servirá para "privatizar" la costa, al reducir las zonas de dominio público y bajar de 100 a 20 metros la superficie de servidumbre de protección en algunos núcleos.