El sindicato de funcionarios CSIF no perdió un minuto. Nada más conocerse, el 28 de febrero, la "propuesta de acuerdo" del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a las organizaciones representativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para equiparar su sueldo al de los Mossos d'Esquadra, CSIF hizo pública una nota de prensa. El primer párrafo era para felicitarse por por el logro de policías y guardias civiles. Pero sólo el primero. En el segundo ya anunciaba el registro en el Ministerio del Interior de una petición de convocatoria urgente de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias para que el colectivo de funcionarios estatales de prisiones también alcance la equiparación salarial con respecto al personal dependiente de la Generalitat de Cataluña. Unos días después salía a la palestra Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que afirmaba: “No es justo que un médico de Andalucía gane 500 o 700 euros mensuales menos que en el País Vasco”. Fue un auténtico efecto dominó, un carrusel de comparaciones no sólo entre el Estado y una autonomía en concreto, sino entre distintas comunidades. A lo largo del mes de marzo asociaciones de docentes, sanitarios, funcionarios de justicia y de prisiones lanzaron iniciativas y recogieron firmas, anunciaron movilizaciones y exigieron reuniones. Ya estaba aquí el nuevo grito post-autonomista: "¡Café (salarial) para todos!".
Las negociaciones de equiparación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que habían cabalgado sobre el auge de popularidad de los agentes policiales del Estado al calor del procés, han suscitado un alud de réplicas. El planteamiento parece de cajón. "Mismo trabajo, mismo sueldo", repiten los altavoces de la homogeneización. Pero no todo es tan sencillo. No sólo por las diferencias de precios y coste de la vida entre las distintas comunidades autónomas, también porque las exigencias de equiparación salarial, que requerirían un esfuerzo económico aún no cuantificado para el Estado y las comunidades autónomas que menos pagan, colisionan con un planteamiento básico de la descentralización estatal española: con cada autonomía llegaron no sólo competencias propias, sino también un amplio margen para establecer salarios propios. Y ese margen se ha ido definiendo en función de la organización de cada administración, de sus prioridades y de su propia negociación con los representantes de los trabajadores.
Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, recuerda que la gestación de las autonomías "incluyó la fijación de los términos de las relaciones laborales". "Hay unas bases generales para todos, a partir de las cuales cada autonomía ha recorrido el camino que ha podido", explica. Una homogeneidad salarial del sector público reclamaría "una homogeneidad económica que en España no existe", afirma. Ése es el desafío político: reducir la desigualdad entre comunidades autónomas, en vez de alimentar el memorial de agravios. La equiparación repentina tendría algo de empezar la casa por el tejado, advierten los críticos con el "qué hay de lo mío" poniendo como referencia el sueldo del vecino. Hay otros riesgos añadidos, como sustituir el debate sobre el problema de las comunidades autónomas infrafinanciadas por otro sobre la supuesta racanería de unas en comparación con otras a la hora de establecer salarios. Desde la óptica de la lucha sindical tradicional, el potente debate abierto alrededor de los agravios entraña el peligro de poner el disparadero a otros trabajadores, implícitamente descritos como privilegiados.
Todo ello no obsta para que puedan arbitrarse medidas generales de racionalización, que podrían afectar no sólo a las comunidades autónomas, sino también a diputaciones y ayuntamientos, donde cada cual elabora su propia tabla salarial, explica Botella. El politólogo da una idea: "Establecer mecanismos de coordinación entre sindicatos". La proliferación de sindicatos funcionariales de base corporativa, que plantean reivindicaciones de máximos para sus afiliados sin atender ni a la sostenibilidad del conjunto ni a una noción de clase que podría emparentar sus demandas con las de otros compañeros de distinto gremio ha alimentado la caldera del nuevo "café para todos".
Botella cree que el problema es más acuciante cuando hay funcionarios que trabajan en una misma comunidad autónoma y cobran, por trabajos similares, salarios distintos según la administración pagadora. Por ejemplo, policías y mossos en Cataluña. Pero no sólo eso. Hay multitud de tareas funcionariales con una superposición institucional donde puede hacerse una comparación directa. Y siempre alguien va a salir peor que alguien. "Los cuerpos del Estado han sido tradicionalmente muy austeros. Las comunidades autónomas, al crearse desde cero, establecieron salarios más elevados para captar gente. Ese incentivo no se ha producido en el Estado", explica. Ante eso, señala Botella, "en lugar de un planteamiento progresista" de avance solidario, se ha ido imponiendo una "lógica de competencia envidiosa". "Se están confundiendo permanentemente dos palabras, igualdad y uniformidad", afirma el politólogo.
Una sentencia histórica en 1983
La tensión entre igualdad y uniformidad ni es nueva ni está resuelta. Y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias más relevantes políticamente, realizó una aportación decisiva a la cuestión en 1983. El fallo era sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa Loapa, y supuso un varapalo a las tesis centralistas que pretendían embridar el autonomismo y su desarrollo estatutario. Estableció el Constitucional en aquel fallo: "[El régimen autonómico] se caracteriza por un equilibrio entre la homogeneidad y diversidad del estatus jurídico-público de las entidades territoriales que lo integran. Sin la primera, no habría unidad ni integración en el conjunto estatal; sin la segunda, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las autonomías".
Antes y después de la histórica sentencia sobre la Loapa, esta tensión ha sido un ingrediente básico de la lógica de conformación democrática en España. El primer impulso de Adolfo Suárez fue establecer un modelo "3+14", con tres autonomías históricas de primera –Cataluña, País Vasco y Galicia– y un gran furgón trasero. La comunidad que resultó más difícil de disciplinar fue Andalucía. El PSOE veía peligrar sus planes de convertirse en el gran partido del sur. La UCD se había dotado de un ramalazo andaluz con Manuel Clavero Arévalo, ministro de las Relaciones con las Regiones. El Partido Socialista Andaluz de Rojas Marcos también apretaba lo suyo. El PSOE andaluz, fiado al olfato de Alfonso Guerra, enarboló oportunamente la bandera de Andalucía, logrando capitalizar un movimiento popular de descontento que cristalizó en las manifestaciones de 1977 y finalmente en el referéndum del 28 de febrero de 1980. UCD y Alianza Popular –antecesor del PP– habían pedido el "no". El eslogan de la UCD era: "Andaluz, este no es tu referéndum". Los dos partidos salieron muy tocados."Para muchos la autonomía no es otra cosa que acercarse a la teta de los sueldos", había proclamado Fraga. El primero murió en Andalucía. El segundo jamás ha conquistado el poder en la gran comunidad del sur. Clavero Arévalo dimitío por la posición de su partido y queda para la historia como el acuñador de la expresión "café para todos". Cuatro décadas después hay quienes piensan que sus cafés amargan al gusto. Falta azúcar, claro.
Y el azúcar es dinero contante y sonante. Los sueldos base son los mismos en comunidades y ministerios, pero cambian los complementos de destino y, sobre todo, los específicos, que llegan a aproximarse a los 30.000 euros al año en casos extremos, según CSIF. Ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias. Aparecen como setas los estudios y estimaciones sobre "brechas salariales", tomando el sintagma que tanto éxito social y político ha tenido para definir las diferencias entre sueldos de hombres y mujeres por el mismo trabajo. Un informe de CSIF, presentado en diciembre y que nadie ha desmentido, expone que la Administración General del Estado (AGE) paga entre 1.000 y 21.000 euros menos al año que las autonomías. Colectivos de médicos reclaman la equiparación sobre la base de estudios que apuntan a diferencias de hasta 1.000 euros al mes entre las comunidades que peor pagan, como Murcia, y las que mejor, como Navarra.
Visión de conjunto
Los sindicatos históricos de clase, como UGT y CCOO, tratan de conciliar una defensa de las reivindicaciones de los trabajadores con una visión de conjunto del modelo español de país descentralizado. "Las diferencias entre comunidades autónomas están basadas en que estamos en un Estado de las autonomías, que a partir del salario base y los trienios, tienen margen para los complementos que pueden negociar: el específico, el de carrera, o un complemento autonómico", señala Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de UGT. Álvarez pone el foco en la "importantísima" diferencia de retribución del personal laboral y funcionario dentro de la AGE, que supera los 1.000 euros con el mismo trabajo. Pero, ¿y entre distintas administraciones? Álvarez afirma que "plantear ahora que en todas las comunidades autónomas y en el Estado se debe cobrar lo mismo es fácil, pero también es demagógico". Y añade: "Si se busca con quién agraviarse, en la administración siempre lo vas a encontrar sin ningún problema".
El dirigente de UGT cree que el debate debe servir para reivindicar la importancia de la negociación colectiva. "Los años de negociación diferente han dado como resultado sueldos diferentes. La Administración General del Estado ha sido mucho menos sensible en la negociación", afirma Álvarez. Como resultado de ello, los funcionarios de Justicia de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Baleares y Región de Murcia, dependientes del Estado, cobran menos que sus iguales del resto de autonomías, con las competencias descentralizadas. Es un agravio difícil de justificar. Muchas más aristas tiene perseguir la equiparación entre funcionarios de distintas instituciones autonómicas, que han ido logrando subidas en la mesa de negociación a lo largo de décadas, beneficiándose de la mejor situación económica de sus comunidades, pero al mismo tiempo afrontando un mayor coste de la vida.
Desigualdades difíciles de explicar
No obstante, algunas desigualdades resultan llamativas. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) recuerda que "los docentes son los únicos cuerpos funcionariales de carácter estatal, es decir, su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las comunidades autónomas". "Pero, a su vez", añade, "están transferidos a las comunidades autónomas y sus retribuciones son abonadas por las mismas". El resultado es que "la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, de más de 6.000 euros anuales", añade ANPE. Un estudio de UGT ha desvelado diferencias entre comunidades autónomas próximas al 30% entre maestros y profesores según la comunidad autónoma. Estudios como éstos alimentan las reivindicaciones de los profesorados de las comunidades que aparecen en la parte baja de la clasificación, como Asturias, Aragón, Galicia o Madrid. No obstante, hay que considerar que la equiparación es un planteamiento de exigencia de máximos, que se utiliza por su pegada y por su capacidad para llegar a los titulares. Todo puede cambiar en la mesa de negociación.
Lo indiscutible es que el efecto desatado por el éxito de policías y guardias civiles ha dado alas a numerosos colectivos de funcionarios, que agitando la misma bandera de la equiparación piden la apertura inmediata de mesas de negociación. Aunque ha sido el Gobierno central de Mariano Rajoy el que ha desatado el tsunami, le está salpicando también a las comunidades autónomas. Sin embargo, éstas lo tienen más fácil. Es más sencillo de explicar que alguien que trabaja en lo mismo que tú en otra comunidad autónoma cobra más que tú, que explicar que quien tiene mejores ingresos haciendo lo mismo vive en tu misma ciudad. Por eso el problema es mayor para el Gobierno. De momento los presupuestos de 2018 aportan 600 millones más para funcionarios, incluyendo el primer bocado de la equiparación de policías y guardias civiles. La aceptación de la reclamación de los agentes hay que situarla en su contexto político: con Ciudadanos metido de lleno en esta exigencia y el PP acongojado por el ascenso político de la formación naranja, que hace parecer tibio al partido histórico de la derecha en todo lo que tiene que ver con la defensa de la bandera, la nación y sus símbolos, y dadivoso ante las reivindicaciones autonómicas. Un ejemplo claro de esta tensión entre las formaciones conservadoras fue el debate sobre el cupo vasco, en el que Cs le hizo al PP lo que el PP le ha hecho durante lustros al PSOE: hacerlo parecer rendido al chantaje nacionalista.
Un gobierno en apuros
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De momento, lo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llamó "el presupuesto de los funcionarios y de los pensionistas" no ha detenido ni las reivindicaciones de unos ni las de los otros. Especialmente agitado está el patio en justicia, que vive un clima de agitación y movilización crecientes. "En los presupuestos se han incorporado medidas para mejorar el turno de oficio de los abogados, para subir el sueldo de los funcionarios y para mejorar la retribución variable de los jueces, entre otras", señalan desde el departamento que dirige Rafael Catalá. Y añade: "El Ministerio sigue escuchando y está estudiando las reivindicaciones de estos colectivos como demuestran las reuniones que de forma periódica mantienen sus altos cargos con las diferentes asociaciones, sin ir más lejos esta misma semana con la abogacía y la pasada con jueces y fiscales".
En el clima de glorificación nacionalista de la actuación policial posterior al 1 de octubre, el Gobierno se lanzó a una carrera de la que aún no se ve la meta. Su propuesta para policías y guardias civiles incluía subidas de hasta 720 euros al mes. Si el argumento era "mismo trabajo, mismo salario", no está falto de lógica que otros funcionarios del Estado pidan lo mismo. Ahora el Ejecutivo de Rajoy se enfrenta a posibles apuros. Y Ciudadadanos vigila cómodamente desde esa posición simultánea de apoyo y crítica al PP. La crisis se afrontó con recortes durísimos en el sector público, que afectaron de lleno a servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Ahora que el PP dice que estamos en la pista de salida, el dictado cambia al calor de una nueva retórica que convierte "diversidad" y "desigualdad" en palabras sinónimas. El Gobierno, en situación de creciente debilidad política, ha comprado la idea, pero sin explicar claramente su coste. "El Estado autonómico ha generado tensiones salariales que vamos a abordar", afirma el ministro Catalá en una entrevista con el periódico extremeño Hoy.
Fernando Álvarez Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, afirma: "La diferencia está en la base del Estado autonómico. El Estatuto Básico del Empleado Público es para todos, pero cada administración tiene su personal y su negociación". Álvarez Ossorio no cree que sea productivo plantear el conflicto en términos de "discriminación" entre comunidades autónomas. También es más que dudoso que contribuya en lo más mínimo a la cohesión social y territorial, o a reforzar los lazos de cooperación entre comunidades autónomas. Es una incógnita qué discursos políticos de ámbito estatal se pueden abrir paso para satisfacer a todos los agentes en disputa en esta exigencia de barra libre de café salarial para todos. Lo que sí sabemos es que la idea de que la igualdad entre españoles requería una homogeneidad absoluta se creyó superada hace ahora cerca de cuarenta años.
El sindicato de funcionarios CSIF no perdió un minuto. Nada más conocerse, el 28 de febrero, la "propuesta de acuerdo" del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a las organizaciones representativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional para equiparar su sueldo al de los Mossos d'Esquadra, CSIF hizo pública una nota de prensa. El primer párrafo era para felicitarse por por el logro de policías y guardias civiles. Pero sólo el primero. En el segundo ya anunciaba el registro en el Ministerio del Interior de una petición de convocatoria urgente de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias para que el colectivo de funcionarios estatales de prisiones también alcance la equiparación salarial con respecto al personal dependiente de la Generalitat de Cataluña. Unos días después salía a la palestra Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que afirmaba: “No es justo que un médico de Andalucía gane 500 o 700 euros mensuales menos que en el País Vasco”. Fue un auténtico efecto dominó, un carrusel de comparaciones no sólo entre el Estado y una autonomía en concreto, sino entre distintas comunidades. A lo largo del mes de marzo asociaciones de docentes, sanitarios, funcionarios de justicia y de prisiones lanzaron iniciativas y recogieron firmas, anunciaron movilizaciones y exigieron reuniones. Ya estaba aquí el nuevo grito post-autonomista: "¡Café (salarial) para todos!".