Las víctimas de torturas por parte de la Brigada Político Social durante los últimos años de la dictadura no cejan en su empeño por sentar ante un juez a todos y cada uno de los responsables de tales atrocidades. Cinco de estos represaliados interpusieron el pasado jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) una querella colectiva, la primera en España, contra el trístemente famoso expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y otros ocho exagentes por crímenes de lesa humanidad. Todos ellos, que por aquella época pertenecían a la Liga Comunista Revolucionaria o al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, relatan con todo lujo de detalles las palizas hasta la extenuación, amenazas de muerte y tortura psicológica que sufrieron durante sus detenciones en los últimos compases del franquismo. Descripciones que coinciden con las ofrecidas durante los últimos años por otras tantas víctimas de la Político Social. Una “represión”, en palabras de la abogada Begoña Lalana, dirigida “contra toda la población” que pretendía lograr “el advenimiento de la democracia”.
El objetivo del movimiento judicial es acabar con el “muro de impunidad” y que las víctimas puedan “conseguir verdad, justicia y reparación” cuatro décadas después de la muerte del dictador. Algo en lo que llevan trabajando sin descanso desde hace poco más de nueve años y por lo que lucharán hasta las últimas consecuencias. Las víctimas han sido conscientes desde el principio de que se enfrentaban a “una carrera de largo recorrido” tras tanto tiempo “en el olvido, la indiferencia y la resignación”. Sin embargo, en conversación con infoLibre, algunas de ellas reconocen que este periplo ha sido “frustrante”, sobre todo por la “actitud del Estado español” a la hora de abordar todos estos casos de torturas, pero también “motivador” por el “cambio de actitud y mentalidad” de la sociedad en relación con la memoria histórica. Pero los continuos obstáculos que han tenido que ir esquivando no han logrado hacerles desistir. Porque, dicen, tarde o temprano acabarán “triunfando”.
La ofensiva arrancó en una fecha cargada de simbolismo. El 14 de abril de 2010, pocos días después de conocerse que el juez Baltasar Garzón tendría que sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, varias organizaciones humanitarias españolas y argentinas registraron en Buenos Aires una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El movimiento fue todo un éxito. En apenas tres años, se acumularon en la causa argentina dos centenares de denuncias de víctimas. En ellas, entre otras cosas, se relataban los tratos vejatorios sufridos por algunos detenidos en la Dirección General de Seguridad. Alfredo Rodríguez Bonilla, por ejemplo, contó a la juez instructora María Servini cómo varios miembros de la Político Social, entre ellos Billy el Niño, llegaron a golpearle con cadenas durante su arresto. El militante antifranquista José Aznar Cortijo, por su parte, situó al excomisario general de Información Jesús Martínez Torres en su segunda detención, en la que le metieron al coche y le patearon sin descanso.
Victorias y trabas
Durante estos nueve años, Servini se ha implicado a fondo en la causa 4591/2010 a pesar de la falta de colaboración por parte de las autoridades de España. Incluso ha llegado a desplazarse a Madrid para recoger testimonio a aquellos a los que les resultaba imposible trasladarse a Buenos Aires para declarar. Durante este largo periplo, los represaliados durante el franquismo han vivido grandes victorias y profundas decepciones. Para las víctimas, dos fueron los momentos álgidos del procedimiento. El primero, el vivido en septiembre de 2013, cuando se dictó orden de detención internacional a efectos de indagatoria contra los expolicías González Pacheco, José Ignacio Giralte y Celso Galván y contra el exagente de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar. El segundo, cuando un año después se pidió la extradición de otra veintena de investigados más, entre los que se encontraban exministros –Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, entre otros–, viejos policías, exjueces e, incluso, un ginecólogo al que una de las víctimas de bebés robados denunció por la desaparición de su hermano.
Pero tras estas dos victorias, llegaron los jarros de agua fría. La Audiencia Nacional no dudó en rechazar la extradición a Argentina tanto de Billy el Niño como de Muñecas Aguilar al considerar que los delitos de torturas por los que se les reclamaba en Buenos Aires habrían prescrito, rechazando tajantemente que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad –no caducan– al no formar parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”. El Ministerio Público, por su parte, rechazó posicionarse al lado de las víctimas y puso todas las trabas posibles para dificultar el trabajo de la jueza Servini. En este sentido, los represaliados no se olvidan del escrito que el 30 de septiembre de 2016 envió la Fiscalía General del Estado, entonces liderada por Consuelo Madrigal, a todas las fiscalías provinciales indicando cómo tenían que oponerse a las declaraciones de víctimas y a los interrogatorios de investigados que la magistrada argentina había solicitado sólo unos meses antes.
En su escrito, Madrigal señalaba que como la Transición “fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley (Ley de Amnistía)” ningún juez o tribunal “puede cuestionar la legitimidad de tal proceso”. Palabras que, aún a día de hoy, siguen resonando en las cabezas de las víctimas. “En España lo que se ha hecho es boicotear el proceso”, señala en conversación telefónica con infoLibre Felisa Echegoyen, que en octubre de 1974 tuvo que aguantar tres intensas jornadas de amenazas, insultos, acusaciones y palizas en las que González Pacheco llevó la voz cantante. En la misma línea se pronuncia Luis Suárez-Carreño, que un año antes también sufrió torturas en las dependencias de la Dirección General de Seguridad. “Los exhortos de Argentina o las peticiones de interrogatorios nunca se han cumplido, lo que supone un incumplimiento de los acuerdos bilaterales en materia de colaboración judicial”, señala este antiguo integrante de la Liga Comunista Revolucionaria, que se muestra decepcionado con el “sistema judicial” y los “partidos políticos”.
Las víctimas lamentan profundamente que el Estado no haya tenido hasta la fecha una “reacción de sensibilidad democrática” y que siga sin reconocer una “deuda de justicia y dignidad” que lleva décadas acumulándose. A pesar de ello, dejan claro que no piensan rendirse porque no quieren “renunciar al ejercicio de la justicia universal”. Nueve años después, la causa todavía continúa abierta y se espera que el próximo mes de septiembre declare en Buenos Aires el exministro Rodolfo Martín Villa por los sucesos de Vitoria de 1976, en los que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada. “La jueza sigue mandando exhortos”, explica Ana Messuti, una de las abogadas de la querella argentina. En conversación con este diario, la letrada, que también critica la postura mantenida por la Fiscalía General del Estado, admite que el proceso está siendo agotador por la dificultad de “canalizar profesionalmente” el “sufrimiento” de tantas víctimas. “Pero vale la pena el esfuerzo que haces”, añade la abogada.
Decenas de querellas en España
Condecoraciones intactas y víctimas indignadas: la impunidad que sobrevivió a Billy el Niño
Pero el argentino no es el único frente judicial que tienen abierto tanto Billy el Niño como otros expolicías de la Político Social. Las víctimas también han decidido explorar la vía española. Además de la querella colectiva de este jueves, en los últimos meses se han presentado más de una treintena de denuncias contra González Pacheco y otros exagentes por torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad en Madrid, Asturias, Gipuzkoa o València. Sin embargo, casi todas ellas están chocando contra el muro de la impunidad. La primera querella, que se encargó de interponer Suárez-Carreño en junio de 2017, fue archivada por la justicia al considerar que los delitos habrían prescrito. La misma suerte corrió Felisa Echegoyen. El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo a su denuncia con el mismo argumento y recalcando que “no es suficiente con que se cometa un acto individual contra una persona” para calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad.
No todos los jueces, sin embargo, han apostado por meter estas querellas en un cajón. Tanto el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid como el de Instrucción número 1 de València han decidido admitir a trámite dos denuncias y abrir investigación contra los exagentes de la Político Social Antonio González Pacheco, Antonio Magro, José Antonio Conde, Víctor Rodríguez, Rafael Núñez o Benjamín Solsona Cortés, al que se conoce como el Billy el Niño valenciano, por torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad. Son las dos causas a las que se agarran, por el momento, las víctimas. Suárez-Carreño confía en que, tarde o temprano, estas acciones “prosperen” porque considera que “las actitudes, decisiones y políticas del Estado español van contra el derecho internacional y el sentido mínimo de justicia y democracia”. “Estamos del lado de la verdad y la razón y acabaremos triunfando”, señala el actual miembro del colectivo La Comuna y exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria.
Tanto Suárez-Carreño como Echegoyen destacan la importancia que en esta victoria puede tener la ciudadanía. Una sociedad española que, apuntan, ha experimentado un “cambio de actitud” y de “mentalidad” enorme en los últimos años en relación con las víctimas de la dictadura y la Guerra Civil. “Cada vez hay más gente que respalda estas reivindicaciones y esta lucha”, celebra Echegoyen, que confía en la movilización social pero pide más empuje para hacer frente a la “impunidad” y defender “los derechos humanos”. Y si esto no lo hace el Estado, sostiene, tendrá que hacerlo la ONU, que en los últimos años ha criticado una y otra vez la absoluta inacción del Gobierno en materia memorialista. Ahora, el Ejecutivo conservador es socialista. Sin embargo, las víctimas lamentan que los pasos firmes que iba a dar se hayan quedado en simples “gestos”. Porque, recuerdan, Franco sigue en Cuelgamuros. Y Billy el Niño, disfrutando del plus en su pensión que le aportan las cuatro medallas al Mérito Policial que le fueron concedidas durante su trayectoria policial.
Las víctimas de torturas por parte de la Brigada Político Social durante los últimos años de la dictadura no cejan en su empeño por sentar ante un juez a todos y cada uno de los responsables de tales atrocidades. Cinco de estos represaliados interpusieron el pasado jueves en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) una querella colectiva, la primera en España, contra el trístemente famoso expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y otros ocho exagentes por crímenes de lesa humanidad. Todos ellos, que por aquella época pertenecían a la Liga Comunista Revolucionaria o al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, relatan con todo lujo de detalles las palizas hasta la extenuación, amenazas de muerte y tortura psicológica que sufrieron durante sus detenciones en los últimos compases del franquismo. Descripciones que coinciden con las ofrecidas durante los últimos años por otras tantas víctimas de la Político Social. Una “represión”, en palabras de la abogada Begoña Lalana, dirigida “contra toda la población” que pretendía lograr “el advenimiento de la democracia”.