Los nuevos empresarios mineros: ¿depredadores ambientales o aliados de la transición ecológica?

“No somos un sector de mafiosos o de depredadores ambientales. La mayoría hace las cosas bien o muy bien”. Quien así se expresa es Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas. Su opinión está en las antípodas de lo que piensan las principales organizaciones ecologistas sobre los empresarios mineros: depredadores ambientales sin ninguna duda, especuladores una parte de ellos y peleados con las leyes casi todos. Para mostrar sus acusaciones han lanzado el Observatorio Ibérico de la Minería, donde se recogen un centenar de casos de “vulneraciones y malas prácticas” en España y Portugal.

Ambas partes están de acuerdo, eso sí, en un hecho fundamental: se está produciendo una resurrección de la minería, centrada esta vez en la extracción de minerales metálicos como el litio, el cobre, el grafito o el wolframio.

España se quedó sin minas de este tipo en los años ochenta, pero ahora ya están operativas una quincena que explotan minerales incluidos en la lista de “materias primas críticas” de la Unión Europea. Son componentes cruciales para la transición ecológica diseñada por la UE, porque los necesitan los vehículos eléctricos y los molinos eólicos. Pero también están en móviles o portátiles y se utilizan en la fabricación de armas o en el sector aeroespacial. La UE tiene una dependencia casi absoluta del exterior, ya que ni extrae esas materias primas, ni las procesa para adaptarlas a su uso industrial. China, y en menor medida Rusia, son quienes controlan el negocio de esos metales que luego se consumen en los 27 Estados de la Unión.

Para terminar con esta situación, las instituciones comunitarias están impulsando un Reglamento, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024 y que plantea abrir nuevas minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas mineras y acortar los tiempos de concesión de los permisos medioambientales. Tres objetivos que aplaude el lobby minero, que ha mantenido más de mil reuniones con funcionarios y cargos de la UE para influir en el Reglamento. Y que provocan un rechazo frontal de las organizaciones ecologistas.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

El Excel que no existe y el 'efecto Nimby'

El discurso oficial defiende que la demanda de materias primas críticas se disparará en los próximos años. “La demanda de minerales para su uso en ve­hículos eléctricos y almacenamiento de baterías se estima se multiplicará por treinta en 2040. El litio experimentará el crecimiento más rápido, con un aumento de la demanda de más de 40 veces seguido por el grafito, cobalto y níquel (entre 20-25 veces) y las tierras raras (siete veces)”, se puede leer en la Hoja de ruta sobre materias primas minerales aprobada por el Gobierno español en 2022. Un documento que propone, entre otras medidas, fomentar “el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos bajo están­dares medioambientales y de sostenibilidad europeos”. Hablando en plata: abrir nuevas minas en España.

La industria está alineada con este discurso. “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”, indica Pedro Mora. Ello significa “explotar nuestros recursos al máximo posible”, abriendo nuevas minas en España.

Pedro Mora pone sobre la mesa otra cuestión que denuncian con frecuencia las patronales mineras, lo que se conoce como el efecto Nimby (iniciales en inglés de “not in my backyard”, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”). El razonamiento es el siguiente: todos queremos nuestro móvil de última generación, pero nos oponemos a las minas de las que se extraen las materias primas que lo hacen funcionar si están cerca de nuestra casa, mientras cerramos los ojos a que se obtengan en países lejanos donde se explota a los trabajadores y no existen normas de protección del medio ambiente.

“La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”, señala Mora, uno de los cargos de la Fundación Minería y Vida.

Esta acusación indigna a Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones más implicadas en la lucha contra la nueva minería junto a Ecologistas en Acción. Sostiene Espinosa: “En primer lugar, es falso que un incremento de la extracción minera en Europa lleve aparejada una reducción en el sur global. Lo que se busca es incrementar la extracción en Europa y también la importación de países del sur global de forma más diversa, para reducir la dependencia de China. En segundo lugar, hay que matizar lo de que las regulaciones son más exigentes en Europa. Las regulaciones sobre el papel lo son, pero las empresas incumplen de forma sistemática la legislación medioambiental. En tercer lugar, no es cierto que no defendamos las luchas contra las minas en otros lugares. Amigos de la Tierra, por ejemplo, pertenece a un movimiento global que defiende los mismos objetivos en todas partes. En cuarto lugar, está el tema clave del modelo de consumo, que es adonde nos gustaría llevar la conversación”.

Lo que plantea Adriana Espinosa es, de hecho, una enmienda a la totalidad: nadie ha demostrado que se necesiten nuevas minas y, en todo caso, si se necesitasen sería para intentar mantener un modelo de consumo que en realidad es insostenible. “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética en España”, critica Espinosa.

Con Excel o sin él, lo que tiene claro la activista de Amigos de la Tierra es que estamos ante una crisis ecológica y climática “sin precedentes”, y que “nos están vendiendo como transición energética algo que no lo es”.

El sector del transporte acapara el 60% de las necesidades previstas de minerales como el litio, según los informes oficiales que manejan las instituciones comunitarias. “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica?”, se pregunta Espinosa. Ella misma responde: “Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.

Una movilidad basada en el transporte público y en medios como la bicicleta es una de las principales alternativas que defienden los ecologistas para reducir la demanda de minerales metálicos. Pero hay otras. Por ejemplo, incrementar la utilización de los minerales secundarios potenciando el reciclaje y la minería urbana (extraer los metales de los residuos y no de la naturaleza). O alargar la vida útil de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, terminando así con la obsolescencia programada.

“La transición ecológica tal cual la ha diseñado la UE, basada en el crecimiento ilimitado, no es sostenible ni viable. Tampoco es justa, porque no es reproducible a nivel global”, concluye Espinosa.

Permisos más rápidos y dinero público

La expectativa de una mayor demanda está multiplicando ya los proyectos de nuevas minas en diferentes países europeos, pero las autoridades comunitarias quieren acelerar ese proceso con dos medidas que se contemplan en el Reglamento: reducir a un máximo de dos años el plazo para conseguir todos los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Pedro Mora considera fundamental que en el Reglamento se reduzcan los plazos. Un proyecto para abrir una mina puede prolongarse entre 8 y 12 años, según sus cálculos, “y una parte muy importante se consume en la obtención de las licencias ambientales. Y también, en muchas ocasiones, en la judicialización del proceso, que lo retrasa y genera inseguridad jurídica”.

Además, el representante de Minería y Vida destaca que hay sectores sobre los que existe menos control: “Si uno compara la presión social sobre los impactos que genera la minería y la agricultura, es evidente que es mucho mayor sobre la minería. Somos un sector hiperregulado en la UE. Y eso está bien, porque nos garantiza seguridad como sociedad. Pero esa elevada regulación no puede derivar en retrasos injustificados en el desarrollo de proyectos”.

En cuanto a la financiación, Mora explica que las empresas mineras no reclaman dinero directamente para la extracción, sino que piden “apoyo institucional para la investigación geológica y condiciones favorecedoras para el desarrollo tecnológico, que son muy caros. Hay que hacer grandes inversiones no sólo en la mina, también en los procesos industriales para dar valor añadido a los minerales”.

Para Adriana Espinosa, experta en minería de Amigos de la Tierra, la pretendida reducción de los plazos para obtener permisos se puede definir en tres palabras: “Es una barbaridad”.

Dos años para obtener permisos puede parecer un plazo más que suficiente a ojos de un lego en la materia, pero Espinosa defiende que no es así: “Realizar un estudio de impacto ambiental, cuando se trata de megaproyectos mineros, es algo muy complejo. Y muchas veces las empresas hacen estudios incompletos, inexactos o incluso fraudulentos, por ejemplo fraccionando un proyecto para así evitar la evaluación de impacto ambiental al no sobrepasar cada parte los umbrales determinados. Luego, la Administración necesita tiempo para evaluar el estudio y existe una falta importante de medios, empezando por personal que realice esas evaluaciones. Y en tercer lugar están las comunidades afectadas, que también necesitan tiempo para estudiar el proyecto y exponer su postura. Todo ese proceso, si se quiere hacer bien, lleva mucho más de dos años”.

Joám Evans es miembro de Ecologistas en Acción. Además de compartir los argumentos de Espinosa sobre el peligro de reducir los tiempos para la obtención de los permisos, pone en duda “el mantra” de que el sector minero está hiperregulado. “En la práctica, las empresas mineras casi nunca cumplen con la legalidad. Siempre tienen problemas en cuyo origen está su afán por reducir al máximo el coste de las operaciones, lo que termina provocando problemas medioambientales”, señala.

En cuanto a la posible financiación pública, Evans asegura que en ningún caso debe financiarse ni la exploración ni la extracción porque ello “produce una competencia desleal de los metales primarios, que inundan así los mercados con precios mucho más baratos en relación con los metales secundarios”. Estos últimos son los que se obtienen tras un proceso de reciclaje. “El dinero público debería destinarse a la recuperación de metales, incluidos los residuos mineros abandonados, que en el caso de España podrían satisfacer la demanda durante muchos años”, indica.

“Minería especulativa”

La demanda de mayor financiación pública por parte de las empresas conecta, según Evans, con otro problema del sector: la especulación. “Muchos proyectos mineros solo son viables con dinero público. Y quieren generar la expectativa de que obtendrán un canal de financiación privilegiada”, asegura.

Ecologistas en Acción elaboró en 2019 un informe, titulado Minería especulativa en España, en el que denuncia que “compañías mineras junior sin apenas capital utilizan los recursos minerales como garantía para la especulación”, lo que les permite “parecer sólidas y con beneficios inminentes cuando en realidad sus proyectos son poco más que castillos en el aire”. En la industria minera se distingue entre tres tipos de empresas: major, medianas (mid-tier en inglés) y junior. Las major son multinacionales cuyos beneficios proceden básicamente de la explotación de las minas, mientras que las junior son pequeñas firmas que suelen centrarse en proyectos de exploración geológica que conlleva un alto riesgo financiero.

En principio, podría parecer que esa especulación afecta únicamente a quienes invierten en proyectos mineros luego fallidos. Allá ellos con su dinero. Pero Evans sostiene que tiene implicaciones más amplias porque la minería especulativa “genera explotaciones low cost que provocan problemas constantes”. Las empresas ahorran “en todas las etapas: desde la fase inicial de elaboración de los proyectos, que a veces son malísimos, hasta la fase final, cuando muchas veces no se hacen cargo de la regeneración de la zona y dejan costes enormes para las generaciones futuras. Los beneficios se los quedan las empresas, pero los pasivos los asumimos todos nosotros”.

Existe, según Evans, un segundo problema: “Ese afán especulativo lleva a que a veces las empresas pretendan saltarse trámites o incumplir las leyes para ahorrar costes, con los riesgos consiguientes de corrupción. Te pongo un ejemplo reciente: en 2019 se presentó un proyecto para abrir una mina de litio en Ourense, conocido como Alberta I. Aunque parezca increíble, la Xunta de Galicia estaba tramitando el proyecto sin la evaluación de impacto ambiental. Esa combinación de una empresa que no quiere gastar y una Administración cómplice es una receta para el desastre medioambiental”.

Pedro Mora, de la Fundación Minería y Vida, rechaza rotundamente el panorama que dibujan los ecologistas. “Me rebelo contra esa idea. Hay especulación entre algunas junior, pero la mayoría de las junior no son especulativas”, defiende.

“Licencia social para operar”

Que la minería tiene mala imagen es algo que admiten las propias empresas, aunque lo consideren algo injusto. Esa es una de las razones que ha llevado a las patronales a crear la Fundación Minería y Vida. “Hemos vivido de espaldas a la sociedad y no hemos explicado todo lo que hacemos. La imagen que queda son las cuatro noticias de cosas que se hacen mal y no las otras 996 que se hacen bien. Debemos ser más abiertos y transparentes”, argumenta Mora.

A las empresas les preocupa lo que denominan “licencia social para operar”, es decir, lograr el visto bueno de la comunidad donde se encuentra la mina, igual que obtienen las licencias medioambientales de las Administraciones. “Tenemos que valorar la sensibilidad del entorno social. La minería tiene ventajas claras, responde a unas demandas que existen en la sociedad, pero también tiene impactos. Y hay que afrontarlos desde el principio”, señala Mora.

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En ese afán por cambiar su imagen, desde Minería y Vida también reclaman apoyo público: “Necesitamos que la Administración comunique lo que hacemos bien. Es importante que la sociedad entienda que debemos explotar nuestros recursos para reducir la dependencia de países que no respetan los mismos valores sociales que nosotros y para generar cadenas de valor propias que permitan nuestra reindustrialización, creación de empleo estable y de calidad y generación de riqueza”.

En el mundo ecologista se percibe con escepticismo esa proclamada preocupación empresarial. “La licencia social es un eufemismo para determinadas prácticas de ingeniería social como el greenwashing. Si las empresas cumpliesen con la legislación no tendrían que estar preocupadas por la licencia social. No se trata de que la gente esté contenta, sino de que la gente esté callada”, critica Joám Evans.

Adriana Espinosa, por su parte, plantea una pregunta clave: ¿la licencia social para operar incluye el derecho de las comunidades a decir no? Ella tiene clara la respuesta: “Nosotras defendemos que ese derecho a decir no a una mina existe, que hay que considerar la soberanía sobre los recursos de las comunidades donde se encuentran dichos recursos. Pero ni las instituciones ni las empresas están en esa lógica. Lo que buscan a toda costa es obtener esa licencia social y les da igual cómo conseguirla. Con propaganda, por ejemplo hablando de la creación de puestos de trabajo que luego siempre son muchos menos de los anunciados, con coerción blanda o dura, o con métodos de greenwashing”.