"Si somos capaces de superar el ruido, podremos llegar a acuerdos". Lo decía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, hace poco más de tres meses. Justo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde –por segunda vez– a la norma que lleva su apellido, la octava ley educativa. "Nosotros ponemos un texto encima de la mesa para poder llegar a un pacto de estado, para poder llegar a un acuerdo. Y esto lo digo genuinamente. Es mucho más fácil trabajar con un texto escrito que no sobre una lámina en blanco. Hemos tenido año y medio de una subcomisión del pacto que ha trabajado con 83 o más ponencias y de ella no salió nada. La lámina en blanco no es lo más interesante para llegar a acuerdos", añadía la ministra en conversación con Àngels Barceló, en la Cadena Ser. Este miércoles, el texto llega al Congreso sin que las pretensiones de la ministra se hayan podido hacer realidad. Lo hace lastrado por tres enmiendas a la totalidad, presentadas por Ciudadanos, Partido Popular y Vox. El rechazo frontal de la derecha impide que la ley alcance un consenso hasta ahora inédito en cuanto a leyes educativas.
La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) propone cambios de peso en el sistema, como que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria pero voluntaria y sin materia alternativa; la inclusión de medidas específicas para limitar la repetición y la recuperación de una asignatura que verse en torno a valores éticos. La norma velará asimismo para "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza", un fenómeno vinculado a las prácticas selectivas de la escuela concertada, asentada en la "demanda social" como criterio rector de la planificación educativa. Unidas Podemos prepara enmiendas para evitar sostener con fondos públicos a los centros que segreguen por razón de sexo, un extremo contenido en el acuerdo de coalición. Por otro lado, la distribución de competencias será de entre el 55% y el 65% al Estado en todas las etapas, mientras que el uso de las lenguas cooficiales será potestad de las comunidades. En cuanto a financiación, la norma propone un pacto para blindar un suelo de inversión educativa del 5% del PIB.
María Luz Martínez Seijo, diputada y portavoz de Educación del PSOE, lamenta que "a la vista de las enmiendas hay tres grupos que no han visto la ley como principio de consenso". El documento, defiende, "parte de una realidad, de un diagnóstico muy claro y de una demanda de la comunidad educativa hacia un nuevo modelo". Por tanto, abunda, "sería deseable y obligado llegar a un acuerdo y alcanzar un consenso". El fondo de la ley, esgrime, "no debería presentar ningún problema para ningún grupo parlamentario" porque responde a "los retos que se plantean también por parte de otros países europeos". Pero además recoge el guante de la subcomisión que terminó fracasando en mayo de 2018: el texto tiene en cuenta "el diagnóstico de los expertos", expresado en las 83 comparecencias que se celebraron entonces.
"Se trata de partir de un documento, que los demás grupos ven con buenos ojos", continúa la parlamentaria, quien rechaza disputas en torno a la religión o a la educación concertada. Quienes se parapetan en tales elementos, subraya, "miran más hacia el pasado que hacia el futuro" porque no existen "criterios educativos ni pedagógicos sólidos para fundamentar un rechazo".
Este lunes, la ministra se refirió a la enmienda del partido naranja. En declaraciones a Radio Nacional de España (RNE), sostuvo que "sería un buen gesto" por su parte retirar la enmienda e insistió en que "siempre hay posibilidades de seguir trabajando". Fuentes de la formación manifiestan a preguntas de este medio que la crisis sanitaria debería ser motivo para prorrogar la tramitación de la ley. "Creemos que, ni por fondo ni por forma, es conveniente que salga adelante". Los de Inés Arrimadas apelan además a la vuelta a las aulas como prioridad en materia educativa, mientras que en relación al texto normativo censuran que "relega a la escuela concertada a un papel de mera subsidiaria" o que no blinda "el derecho a recibir educación en español". Sí creen importante, no obstante, dar pasos hacia un pacto por la educación, "dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil". Las mismas fuentes aseveran que "no podemos tener una ley educativa pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", algo que al margen de la crisis sanitaria "todo el mundo debería tener claro".
Enmiendas parciales y búsqueda de consenso
Este miércoles, los grupos parlamentarios debatirán las enmiendas a la totalidad y parece que la posición generalizada no comulga con la de los grupos conservadores.
Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) confirman su voto en contra a las enmiendas y señalan su voluntad por seguir conversando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "garantizar que no se invadirán competencias". En ese sentido, los catalanes defienden las ventajas de un pacto educativo, al que no se oponen "siempre que se haga desde el respeto al marco competencial catalán y al modelo de escuela catalana". Los pactos educativos, subrayan, "se deben abordar desde las instituciones que gestionan la educación", pero lo cierto es que, a día de hoy, no ven "viable un pacto de estas características".
También el Partido Nacionalista Vasco (PNV) recalca su voto en contra, en lo relativo a las enmiendas. "Históricamente, en relación a las leyes educativas o los intentos de pactos de estado, nuestra posición ha sido siempre la de defender la competencia exclusiva en materia educativa que ostenta la comunidad autónoma vasca, y por tanto no permitiremos ninguna injerencia en lo que es un ámbito de actuación de la comunidad", recalcan fuentes del grupo parlamentario.
Otras fuerzas políticas, como EH Bildu o Más País, confirman igualmente su oposición a las enmiendas de la derecha. Lo que no significa que ellos no vayan a realizar sus propias sugerencias. "Enmienden ustedes y mejoren el texto", animaba la propia ministra en la entrevista de marzo.
Bel Pozueta, diputada navarra de EH Bildu, explica a infoLibre que los ánimos por parte de su formación están encaminados a "llegar a consensos", precisamente para ser capaces de construir una ley que "dure décadas". Aunque votará en contra de las enmiendas a la totalidad, su partido sí ha preparado un centenar de correcciones para rectificar "el planteamiento totalmente recentralizador" de la norma. Es necesario, a su juicio, que "cada comunidad pueda desarrollar sus competencias en educación" y no permitir que las comunidades "tengan que gestionar lo que desde Madrid se decide". Además, Pozueta defiende una escuela "feminista, laica y pública", donde sí percibe más posibilidades de consenso con los socialistas.
Para la diputada navarra, la "dificultad de base es que no se ha dado posibilidad de participación a la comunidad educativa", de manera que el diálogo "empieza cojo". "Para llegar a consensos hay que saber escuchar, que tanto los grupos como la comunidad educativa hablen", subraya la parlamentaria.
Sobre enmiendas parciales al articulado trabaja también el grupo de Inés Sabanés, Más País-Equo. "Vamos a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad, porque entendemos que efectivamente todos los intentos de alcanzar grandes consensos han sido fallidos", explica la diputada a este diario. "Después de muchísimos años y mucha leyes, se mantiene un elemento que define para mal nuestro sistema educativo: la desigualdad de oportunidades". La crisis del covid-19 lo ha evidenciado de manera contundente, por lo que se impone la responsabilidad compartida de alcanzar acuerdos.
Sabanés fija la mirada en la tasa de abandono, "que además se ceba con el alumnado con menos recursos económicos". Sólo por corregir esta situación, argumenta, "hay que darle una oportunidad a la ley de educación". Su grupo enmendará la norma para "pactar y resolver lo que puede ser mejorable de la ley".
La parlamentaria explica la imposibilidad, hasta ahora, de alcanzar consensos apelando a que "el papel de la educación en la construcción de país y en la conformación de una ciudadanía crítica" no ha sido lo suficientemente valorado. En consecuencia, "siempre que ha habido recortes ha estado muy afectada la educación". En añadido, reprocha la diputada, "hay posiciones inmensamente encontradas, conflictos de interés y criterios bastante cerrados". En ese contexto, reitera, la confrontación "viene porque muchos grupos no miran tanto al interés general, la igualdad y la importancia de la educación para hacernos mejores ciudadanos". "Ha llegado un punto en el que deberíamos saber que el interés de país pasa por la educación", sentencia y recuerda que "el diagnóstico está hecho, ahora deberíamos tener los elementos para alcanzar un gran acuerdo, especialmente para salir de esta terrible crisis".
Por el lado de Unidas Podemos reconocen su escepticismo. El diputado Joan Mena (En Comú) sostiene que "cuanto más avanzamos en derechos para la mayoría social, más se incrementa el ruido de la derecha". Para Mena, el "primer gran acuerdo por la educación tendría que ser no politizarla, que es lo que ha hecho la derecha en los últimos años" al referirse a cuestiones como el veto parental o la supuesta imposición de las lenguas cooficiales. "Han usado sus mantras ideológicos, que no tienen ningún fundamento, en el terreno educativo", lamenta el parlamentario.
Unidas Podemos ha acordado con el PSOE mantener la ley –cuyos orígenes se asientan exclusivamente en los socialistas– para no ralentizar el trámite parlamentario, a cambio de "presentar enmiendas conjuntas" sobre las que ya se está trabajando y que se encuentran "muy debatidas".
Mena entiende que el problema no está estrictamente en las múltiples leyes educativas – "las leyes tienen que estar al servicio de la sociedad y las necesidades evolucionan"–, sino en que "ninguna de esas leyes se ha hecho con el aval de la comunidad educativa". A partir de ahí, comenta, se hace necesario un "gran acuerdo de financiación", que fue precisamente el motivo por el que los socialistas se levantaron, hace dos años, de la subcomisión que trataba de alcanzar un pacto educativo. Martínez Seijo lo recuerda bien. De aquella subcomisión, relata, apostaría por evitar "el modelo de llegar a acuerdos: o el PP decía que sí o no se acordaba nada".
Tiempo de consensos
"Nosotros llevamos defendiendo la necesidad de un pacto por la educación desde 1995". La rotundidad de la afirmación viene de Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT. En conversación con infoLibre recuerda con detalle todos los obstáculos que han impedido alcanzar ese gran pacto. "La vez que más cerca se estuvo fue en el año 2010", con el socialista Ángel Gabilondo al frente del Ministerio de Educación. Entonces había acuerdo en una importante cantidad de asuntos sustanciales que llegaron a quedar plasmados por escrito, pero el Partido Popular dio marcha atrás. "Nunca han querido dar explicaciones sobre los motivos, pero había un acuerdo importante de la comunidad educativa, de todos los colores, el acuerdo estaba avanzado", rememora Loranca. Aunque no lo han reconocido en público, los conservadores "ya percibían la situación crítica por motivos de la crisis" y el consiguiente "cambio de gobierno", así que a última hora decidieron no firmar el acuerdo.
La experiencia demuestra que "un pacto global sin el acuerdo de los dos grupos mayoritarios se antoja poco más o menos que imposible", expone la sindicalista. Actualmente, su organización sindical apuesta "firmemente por la tramitación de la ley", porque no sólo es un "compromiso de la coalición de gobierno, sino también de los partidos de la oposición". La Lomce, recuerda, se aprobó en solitario por el PP y "ha sido la ley más contestada por la comunidad educativa en democracia", señala al tiempo que confiesa haber perdido la cuenta de las manifestaciones y huelgas convocadas como respuesta.
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Albert Sangrà, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coincide en que la educación es "un elemento fundamental para la transformación de la sociedad y el desarrollo económico de un país". Sin embargo, reprocha, "en lugar de utilizarla con esa misión, se acostumbra a usar como arma arrojadiza entre los distintos grupos políticos". A su entender, el consenso debe orbitar en torno a la idea de que "un sistema educativo estable es bueno para todos". Ahora bien, advierte, "un pacto no tiene que dejar a nadie fuera, porque si no, no será un buen pacto". Debe ser "inclusivo, flexible y con capacidad para la interpretación y la mejora".
La educación debería erguirse como epicentro fundamental del gran consenso político al que ha obligado la crisis del coronavirus, precisamente porque, junto a la sanidad, "son los pilares sobre los que debe construirse el bienestar y el futuro de cualquier sociedad". El covid-19, detalla el catedrático, "ha puesto de manifiesto muchas carencias del sistema sanitario y educativo". En este último, las consecuencias se expresarán "al cabo de unos años, pues la mayoría de efectos de la educación no son de percepción inmediata". Existe el riesgo, por tanto, de que la esfera educativa se quede ahora al margen de los grandes consensos con el riesgo de "estar hipotecando el futuro de nuestras próximas generaciones" y de generar un "ecosistema educativo inestable, donde nadie se siente seguro: ni los docentes, ni las familias, ni la confianza del tejido productivo, ni lo que es peor, los propios alumnos".
A juicio de Loranca, la norma tejida por Isabel Celaá debe ser "el primer paso para abordar una ley básica de educación que sea más ambiciosa" y en ese sentido "un pacto sería deseable", aunque la situación actual y la existencia de tres enmiendas a la totalidad "no presagia que sea posible". Al menos, considera, "sí sería positivo que en determinados puntos sustanciales hubiera acuerdo", tarea para la que se requiere de elementos clave, como una financiación garantista, pero también de la voluntad de todas las partes.