Una vez sofocado el fuego, las autoridades investigan ahora la autoría de los más de 200 incendios que arrasaron el noroeste peninsular y que dejaron 35.5000 hectáreas calcinadas. Por el momento, más de 200 personas han sido identificadas aunque sólo dos han sido detenidas, una de ellas está en prisión. Esta última se suma a las once personas que se encuentran actualmente encarceladas como responsables de incendios forestales.
El jueves, la Fiscalía Superior de Galicia reconoció que la posibilidad de una acción coordinada está sobre la mesa. La misma hipótesis ya se planteó, y posteriormente descartó, a raíz de los incendios de 2006. Durante la primera quincena de agosto, los montes gallegos fueron una vez más víctimas de las llamas. La dimensión de los incendios, que arrasaron al menos 77.000 hectáreas, dio alas a la teoría de una organización pautada, pero el fiscal coordinador de la actividad incendiaria en suelo gallego desmintió dicha hipótesis y subrayó la ausencia de cambios en la tipología y el número de los fuegos intencionados respecto a los años anteriores.
Los datos hasta el momento no parecen indicar que exista o haya existido en España cualquier tipo de trama organizada. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, confirma a preguntas realizadas por infoLibre que "actualmente hay once personas en prisión en los que el delito principal es el de incendio forestal". De los encarcelados, añade un portavoz autorizado de la institución, "cinco son preventivos", es decir, están pendientes de juicio; "otros cinco son penados", por lo que ya están cumpliendo condena, y un último "es internado judicial", lo que significa que se ajusta a razones de salud mental.
Tampoco la Memoria de la Fiscalía referente al año 2016 contempla una posible acción organizada. Según señala el documento emitido por la institución, basándose en datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, la media de siniestros forestales en 2016 se situó por debajo de la media del decenio comprendido entre 2006 y 2015, con un total de 8.817 frente a los 13.126 en la década anterior. Aunque 2016 fue un año con "un importante número de grandes incendios forestales", ascendiendo a 22 y superando en un 46,6% los registrados en 2015, la superficie afectada por los mismos –32.533,99– fue un 17,6% inferior a la del año anterior.
En cuanto a los autores del fuego, el año dejó a un total de 449 personas implicadas, 51 detenidas y 398 investigadas, lo que supuso un incremento del 4,66% en comparación con el balance anterior. Respecto a la causalidad, la razón más frecuente de incendios forestales en el país "continúa siendo las quemas, tanto de residuos y restos forestales o agrícolas como regeneraciones de pasto".
Según escribe Lourdes Hernández, responsable del área forestal y de desarrollo rural para WWF, en el Informe sobre Sostenibilidad en España 2017, entre los años 2006 y 2015 ardió una media de casi 100.000 hectáreas al año, como consecuencia, en el 96% de los casos, de la mano del hombre. Entre las causas, señala la autora recopilando datos oficiales de la última década, el 54,73% responde a acciones intencionadas, mientras que el 23,31% se produce por negligencias y el 15,38% por razones desconocidas. La motivación en una media del 42,71% de los casos atiende a la quema agrícola ilegal y abandonada, seguida a distancia por un 25,69% que se produce por quema para regeneración de pastos. Sólo el 3,84% de los incendios producidos entre 2006 y 2015 se explica por actos vandálicos.
Hernández analiza estos datos en conversación con infoLibre y entiende que once personas en prisión es "sin duda una cifra muy baja teniendo en cuenta que hay una media de 13.000 siniestros al año y en más del 96% está la mano del hombre detrás". El significado de ello, agrega la experta, es que "no estamos poniendo todos los esfuerzos necesarios para identificar a los autores y aplicar condenas que sean ejemplares, efectivas y que no haya sensación de impunidad para los que están prendiendo el monte".
Hasta 20 años de cárcel
La sección segunda del Código Penal contempla, entre los artículos 352 y 355, las penas que marca la ley para los responsables de los incendios forestales. La legislación vigente impone prisión de uno a cinco años y multa de doce a 18 meses para todo aquel que esté detrás de los fuegos en montes o masas forestales, pena que aumenta a entre diez y 20 años en caso de comportar peligro para la vida o integridad física de las personas.
Serán de tres a seis los años de cárcel y de 18 a 24 los meses de multa en caso de que el incendio "alcance especial gravedad", es decir, si incurre en determinadas circunstancias como daños a una superficie de "considerable importancia", alteraciones significativas en las condiciones de vida del entorno, o que afecte a zonas próximas a núcleos urbanos, entre otras. La misma pena se impondrá en caso de que primen motivos económicos como razón de las llamas.
Precisamente este último supuesto, el que atañe a las circunstancias especiales señaladas, fue objeto de modificación en el año 2015. El motivo de la reforma atiende a la constatación de la intencionalidad como principal causa de los incendios forestales, y a la resolución publicada en el año 2009 por el Parlamento Europeo, en la que pedía a los Estados miembros un endurecimiento de las sanciones penales para los actos delictivos que dañen el medioambiente, en particular en lo referido a los incendios forestales.
Por tales razones se produce la modificación, "para ofrecer una respuesta penal más adecuada a los incendios de mayor gravedad". En dichos casos, por tanto, se desvincula el concepto de pena en su mitad superior, elevándose hasta los seis años de prisión, y se recogen nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medioambiente o generadores de un peligro elevado. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado.
Finalmente, y si el fuego no llega a propagarse, el autor del incendio será sancionado con penas de entre seis meses a un año de prisión y multas de seis a doce meses.
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Según Lourdes Hernández, "el Código Penal sí es adecuado", pero el problema reside en su aplicación. "Es muy difícil incriminar a los responsables, pero también es verdad que el Seprona y la propia Fiscalía de Medioambiente requieren más medios" para poder realizar las investigaciones correspondientes.
Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España, opina que el Código Penal "no es la solución". Aunque "la investigación, el conocimiento de las causas y llevar a juicio es una vía importante para que no se genere impunidad, la solución no está en el aumento de las penas". Por el contrario, añade, estar ante un problema "poliédrico" significa que las soluciones son también variadas. "La labor de la Fiscalía y la detención de los culpables sirve como elemento disuasorio pero la asignatura pendiente es qué hacemos en el medio rural y con el uso del fuego en estas sociedades", sostiene el experto.
Soto recuerda que "venimos de una situación previa en donde ni siquiera se investigaba", por lo que resalta la importancia de tener en cuenta que "la Fiscalía no sólo hace muy buen trabajo, sino que las medidas de manera cautelar también son importantes". Si bien admite que se trata de un asunto de "lento" avance donde "queda mucho por hacer", subraya que "sí va existiendo una sensación de que a quien quema el monte le puede salir caro".
Una vez sofocado el fuego, las autoridades investigan ahora la autoría de los más de 200 incendios que arrasaron el noroeste peninsular y que dejaron 35.5000 hectáreas calcinadas. Por el momento, más de 200 personas han sido identificadas aunque sólo dos han sido detenidas, una de ellas está en prisión. Esta última se suma a las once personas que se encuentran actualmente encarceladas como responsables de incendios forestales.