La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca en una nota de prensa emitida este jueves que el contundente dictamen en el que avala al exjuez Baltasar Garzón es pionero y creará jurisprudencia internacional. "Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial", explica José Santos Pais, miembro del comité. Asimismo, este comunicado señala que es la primera vez que este organismo "se pronuncia y condena a un Estado" por el "uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones".
La nota de prensa también destaca que los juicios contra Garzón por los casos Franquismo y Gürtel fueron "arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial".Franquismo Gürtel En el caso de la causa de las víctimas del franquismo, el dictamen del comité especifica que las decisiones del exmagistrado "constituían cuanto menos una interpretación jurídica plausible, cuya mayor o menor idoneidad fue revisada en apelación, sin que se desprenda que dichas decisiones constituyeran una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones". Con respecto a la trama corrupta, este organismo considera que la interpretación de Garzón "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal".
El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos insiste que "aun en el supuesto de que Garzón hubiera incurrido en un error judicial, este debiera haberse corregido mediante la revisión por un tribunal superior y no mediante el procesamiento penal del exjuez". Con respecto a este punto, Santos Pais explica que "el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de toda persona a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente incluye una garantía implícita contra procedimientos arbitrarios o motivados políticamente". Asimismo, destaca que en el caso de los jueces, este derecho cobra especial relevancia y asegura que puedan realizar su labor judicial sin injerencias ni obstrucciones indebidas, protegiéndoles de procedimientos penales o disciplinarios arbitrarios.
Por esta razón, explica la nota, el comité concluye que Garzón no tuvo derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y destaca que los procesos fueron tramitidos simultáneamente. Asimismo, recuerda que algunos jueces del Supremo que lo juzgaron "interviniron en ambos casos", a pesar de la solicitud del exjuez a que fuera recusados.
La condena, señala el dictamen, no se basó "en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida" por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976. Es precisamente ese acuerdo internacional el que invoca el comité para concluir que España debe resarcir a Garzón por el daño infligido."El Estado parte –dice el dictamen– tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados". Para empezar, "el Estado parte tiene la obligación, 'inter alia', de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido".
"Es inexplicable lo que ocurrió pero ocurrió. Celebro esta decisión"
La Abogacía del Estado defendió ante la ONU la condena a Garzón con los Gobiernos de PP, de PSOE y de coalición
En conversación telefónica con infoLibre, Garzón sopesa pedir ahora su reingreso en la carrera judicial, aunque se mantiene a la expectativa hasta conocer qué decisión adopta el Gobierno y cómo reacciona el Tribunal Supremo: "Es inexplicable lo que ocurrió pero ocurrió. Celebro esta decisión". "Es muy difícil que se pueda reparar lo que ha ocurrido, pero la decisión de la ONU me da plena satisfacción tanto personal como profesionalmente", asegura el exmagistrado.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en marzo de 1976. Garzón presentó su demanda el 31 de enero de 2016 y el dictamen es de julio de este año, aunque ha sido notificado este 25 de julio. El propio Garzón escribió sobre este asunto en mayo en infoLibre [pinchar aquí].
En su demanda ante el comité, Garzón denunciaba que, tras ocupar durante 22 años el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, fue "víctima de una persecución y represalias" por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y el caso Gürtel. Los tres procesos abiertos contra él por prevaricación en esas investigaciones —además de la causa por la financiación por parte del Banco Santander de unos cursos en la Universidad de Nueva York—, fueron, según el exjuez "arbitrarios y abusivos" y violaron su derecho a "un tribunal independiente e imparcial". De estas tres causas, Garzón fue absuelto en la del franquismo y los cursos de la Universidad de Nueva York, pero inhabilitado durante 11 años por las escuchas a los abogados de Gürtel.Gürtel
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca en una nota de prensa emitida este jueves que el contundente dictamen en el que avala al exjuez Baltasar Garzón es pionero y creará jurisprudencia internacional. "Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial", explica José Santos Pais, miembro del comité. Asimismo, este comunicado señala que es la primera vez que este organismo "se pronuncia y condena a un Estado" por el "uso del derecho penal contra un juez en el marco de sus funciones".