El debate se ha descorchado. Por el rey Juan Carlos pero no sólo por él. Los grupos de la oposición quieren discutir sobre el amplísimo régimen de aforamientos existente en España, la malla de protección de la que disponen diputados, senadores, Gobierno central y autonómicos, parlamentarios regionales, jueces y fiscales y altos cargos de instituciones del Estado. Unos 10.000 en total. Los partidos desean que se limite el escudo legal. El PP, a todos ellos, los emplaza a un debate "sensato" cuando llegue al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pero ello sólo resolvería una de las partes del problema, la que afecta a los miembros de la Justicia. Para tocar a diputados, senadores y Gobierno hace falta modificar la Constitución. Para arrebatar el blindaje a los representantes autonómicos, habría que cambiar los respectivos estatutos.
El PP ha querido aforar al rey Juan Carlos (y a las reinas Sofía y Letizia, y a la princesa de Asturias, Leonor, y su futuro cónyuge) a toda prisa. Y lo conseguirá, dada su mayoría absoluta. El viernes pasado presentó dos enmiendas a una ley orgánica que sólo toca tangencialmente la LOPJ –en lo que afecta a la jubilación de los miembros de la Justicia y su régimen de asuntos propios–, ayer las aprobó la ponencia y hoy el PP las sacó adelante, en soledad, en la Comisión de Justicia del Congreso. Los conservadores han forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para este jueves –que seguirá a la sesión ya convocada– con el fin de que la norma camine rauda hacia el Senado. Todos los grupos se han echado encima del PP por lo que entienden como una "chapuza" parlamentaria. Tanto por el formato elegido (colgar dos enmiendas de un texto legal que estaba tramitándose pero que nada decía de la Corona ni de los fueros) como por la urgencia impuesta. La posición más significativa es la del PSOE, que ayer anunció que se desmarcaba y que este martes lo materializó. Votó abstención, porque no comparte el procedimiento del PP.
Pero los grupos quisieron hoy marcar también postura respecto a una queja ciudadana bastante extendida: los políticos gozan de demasiados privilegios. Eso es el aforamiento: que a un determinado cargo público lo juzgue un tribunal especial (sea el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo), no un juzgado ordinario.
Las demandas para que se busque un acuerdo político que permita restringir el ámbito de los aforamientos en España y el número de afectados se oyeron hoy desde el BNG (Grupo MIxto) hasta el PSOE, pasando por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, PNV y UPyD.
La abdicación del rey, "una buena ocasión"
"Parece que hay bastante consenso en las fuerzas políticas en que es necesario abordar esta reforma", dijo la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, tras recalcar que su grupo es lo que persigue, "plantearlo", pero que es el Gobierno quien debe abrir camino, el que tendría que "decir que sería bueno hacerlo". El aforamiento exprés de Juan Carlos es, en su opinión, una "buena ocasión para poder encontrar primero un acuerdo político que nos permitiera ir abordando esa reforma necesaria", abundó Rodríguez, aun reconociendo que se trata de un "tema con muchas aristas".
La portavoz recordó que en la Conferencia Política que el PSOE celebró en noviembre pasado se aprobó una posición: que es necesario reformar el aforamiento para reducir el número de afectados y para reformar este régimen de protección, para que ese escudo sólo sirva para aquellas actuaciones que estén dentro de las funciones atribuidas al cargo público –el PP ha previsto un blindaje total, penal y civil, para Juan Carlos–. Sin embargo, llevar a la práctica esa limitación "no es fácil", ya que haría falta modificar la Constitución, los estatutos de autonomía, la LOPJ o las leyes que atañen a altas instituciones del Estado (caso de la del Tribunal de Cuentas, por ejemplo). "Una ley orgánica no puede cambiar todo este ordenamiento jurídico. Queremos plantear este asunto, pero vamos a ver si es posible", remachó Rodríguez.
Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, se pronunció justo después de ella. Separó, de un lado, el aforamiento exprés de Juan Carlos y del grueso de la familia real –defendió el trámite elegido por "impecable", porque había que cubrir el vacío legal "con celeridad"– del debate más general sobre el fuero de diputados, senadores, gobiernos, parlamentarios autonómicos y, sobre todo, magistrados, jueces y fiscales (estos suman 7.500 del total de 10.000, pensado para "proteger su independencia" frente a sus compañeros"). Esa discusión deberá abordarse en la modificación amplia de la LOPJ que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que aún no ha llegado a la Cámara.
Sobre el estatus de diputados y senadores, Alonso señaló que comprende varias facetas y que es discutible si la inmunidad parlamentaria, que recoge el artículo 71 de la Carta Magna, debe alcanzar también a actuaciones que desbordan el marco de la función pública –un parlamentario que atropelle a un peatón por conducir ebrio está fuera de su acción en las Cámaras y, en cambio, hoy es visto por el Supremo–. Pero recalcó que para cambiar ese privilegio haría falta tocar la Constitución, un melón que el PP ni siquiera se atreve a abrir para dar salida al desafío soberanista catalán. Lo mismo ocurre con los políticos autonómicos, resguardados por sus estatutos correspondientes. "Pido un debate sensato, no podemos plantear expectativas que luego no podamos cumplir", dijo, insistiendo en que el momento de reflexionar sobre este tema será cuando llegue la LOPJ al Congreso.
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José Luis Centella, portavoz adjunto de Izquierda Plural, se mostró de acuerdo con que la figura del aforado se revise y, desde luego, no afecte a su ámbito privado (blindaje del que sí gozará Juan Carlos). IU ha prometido presentar su propia iniciativa en esta materia. Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, reiteró que su grupo ha sido siempre de los más exigentes. Los aforamientos son "anacronismos y un privilegio que hay que tender a eliminar". La formación magenta pidió que, por lo pronto, se arrebate el escudo protector a todos aquellos para quienes no lo prevé la Constitución, con lo que se quedarían unos 600 –diputados, senadores y Gobierno central–, pero esa enmienda fue rechazada hoy en la Comisión de Justicia de la Cámara baja. UPyD cree que, para evitar las demandas "temerarias y falsas" contra el rey, lo que hay que hacer es "endurecer" la responsabilidad de aquellos que las presenten.
Pedro Azpiazu, del PNV, también evidenció la disposición de su partido a negociar sobre el número de aforados en España, aunque para él, que lleva 14 años con ese paraguas, no sea tan importante. Según Jordi Jané, de CiU, la modificación del régimen de aforamientos debe hacerse desde el "consenso y el sosiego". Finalmente, Rosana Pérez (BNG) expuso que su formación considera que "no debieran existir los aforamientos, empezando por los de los propios diputados".
El debate se ha descorchado. Por el rey Juan Carlos pero no sólo por él. Los grupos de la oposición quieren discutir sobre el amplísimo régimen de aforamientos existente en España, la malla de protección de la que disponen diputados, senadores, Gobierno central y autonómicos, parlamentarios regionales, jueces y fiscales y altos cargos de instituciones del Estado. Unos 10.000 en total. Los partidos desean que se limite el escudo legal. El PP, a todos ellos, los emplaza a un debate "sensato" cuando llegue al Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pero ello sólo resolvería una de las partes del problema, la que afecta a los miembros de la Justicia. Para tocar a diputados, senadores y Gobierno hace falta modificar la Constitución. Para arrebatar el blindaje a los representantes autonómicos, habría que cambiar los respectivos estatutos.