El pasado mes de septiembre de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba a iniciar trabajos sobre una ley específica contra la violencia en la infancia. El plazo acordado para sacarla adelante era de un año, pero el Consejo de Ministros aprobó en diciembre su plan anual para 2018 sin rastro de la ley prometida y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado tampoco cuenta con una partida específica para su puesta en marcha. A principios de mayo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció que la ley "estará cuanto antes". Las organizaciones piden acelerar los plazos con el fin de que la norma pueda entrar a trámite, tal como acordó la Cámara Baja, el próximo mes de septiembre.
La demanda de una ley de tales características viene de lejos. Ocho años lleva la ONU sacándole los colores a España en materia de infancia. El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, se comprometió el pasado 22 de enero ante los relatores del Comité de la ONU para los Derechos del Niño que examinaban a España en Nueva York a aprobar la ley antes del mes de septiembre. La norma fue reclamada por este organismo internacional hace ocho años.
El borrador, en el que han colaborado organizaciones de la sociedad civil, está ya terminado, pero todavía no ha pasado a consulta pública. Las organizaciones que se dedican a proteger los derechos de niños y niñas llaman a acelerar los trámites para que la norma sea una realidad próxima. Argumentan que hacer efectivas las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia en la infancia es urgente. Según el último informe de Unicef, cerca de 300 millones de niños de dos a cuatro años en todo el mundo son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus padres o cuidadores. La situación en España no es menos preocupante. Según el Ministerio del Interior, en el año 2016 hubo 4.650 denuncias pero los datos del Registro Unificado de Sospecha de Maltrato Infantil (RUMI), dependiente del Ministerio de Sanidad, localizó en el mismo año un total de 14.569 sospechas de maltrato a niños y niñas.
La violencia en la infancia engloba además delitos como la violencia sexual, cuya denuncia es especialmente compleja para los menores. En España, de las 4.390 denuncias de delitos contra la libertad sexual que se produjeron en 2016, más de la mitad fueron cometidos contra menores de 18 años, "un porcentaje desproporcionado si lo comparamos con otros delitos", señala Unicef, que destaca además lo difícil que resulta "para un niño verbalizar un abuso e incluso darse cuenta" de que lo está padeciendo.
El acoso escolar continúa siendo un problema a la orden del día. Durante el año 2016 la Fundación Anar recibió un total de 468.754 llamadas generales por casos de acoso a menores, y atendió a un total de 9.910 víctimas. Según reflexiona Unicef, detrás de los 70 suicidios de adolescentes en 2016 se podrían encontrar "meses de vejaciones, palizas, burlas y soledad". Además, durante el año 2016 fueron registradas 60 víctimas por homicidios o asesinatos a menores de edad.
Catalina Perazzo, analista jurídico de derechos de infancia en Save the Children, indica que por el momento ya se ha celebrado una Comisión Interautonómica en la que se trasladó el texto a las comunidades, que actualmente están realizando sus aportaciones. También hay un grupo específico dedicado en exclusiva a la ley en el Observatorio de Infancia y el Ministerio de Sanidad ha hecho ronda con otros ministerios implicados, como son el de Justicia o Educación. "Estamos esperando el paso siguiente para que dé tiempo a entrar este año a tramitación parlamentaria, que es sacarla a consulta pública", señala Perazzo en conversación con este diario. La experta confía en que el Gobierno cumpla los plazos y "vea que es prioritario", un asunto en el que "están de acuerdo todos los grupos de la oposición y la sociedad civil".
Pedagogía social
Almudena Olavide, especialista en políticas de infancia de Unicef España, cree que la norma "puede ver la luz en el último trimestre" e insiste en que en España "hace falta, además, una pedagogía social, un conocimiento de la sociedad de que en la infancia hay muchos tipos de violencia, a veces en ámbitos cotidianos y de mano de quien debería protegerlos". No siempre, dice, se detecta la violencia, muchas otras no se llega a denunciar e incluso los niños no son conscientes de estar siendo agredidos. "Existe un desconocimiento enorme de que esto es necesario" y, por ello, Olavide apuesta por un registro de datos "que permita hacer un análisis pormenorizado de lo que supone para preparar acciones de prevención, sensibilización y tratamiento".
Para ello es necesaria una "coordinación entre sectores, entre los profesionales para evitar la revictimización secundaria de las víctimas y dar una respuesta adecuada". En cuanto a las comunidades autónomas, Olavide observa una "necesidad de adaptación, a veces a través de una nueva ley, o a través de una ley que ya existía", del mismo modo que se ha hecho con las leyes de igualdad y contra la violencia de género.
La ley, estima Catalina Perazzo, "tiene que ser la columna vertebral de una estrategia nacional". El primer paso, dice, es "implementar la ley, aterrizarla". La norma "da un marco para que haya un mínimo, pero cada comunidad tiene que implementarlo" y la manera de hacerlo es mediante "una estrategia, con una periodicidad concreta, que permita ir aterrizando la ley y evaluando las medidas". Posteriormente, las comunidades "podrían desarrollar sus propias leyes, a raíz de esta ley o modificando sus leyes de infancia".
Medidas clave
En cuanto a los puntos innegociables, Catalina Perazzo señala como asunto fundamental el que atañe a la especialización de los juzgados. Del mismo modo que los existen especializados en violencia sobre la mujer, "deberían existir otros relativos a violencia sobre la infancia, con jueces y fiscales especializados", explica. Una "parte importante" de la ley, comenta Perazzo, contempla precisamente al sistema judicial, que "ahora mismo no está preparado para las víctimas". El hecho, por ejemplo, de grabar el testimonio de un niño para que no tenga que repetirlo en el proceso, "eso ahora mismo el juez quien lo decide en cada caso, pero no es obligatorio". Lo que pide Perazzo es que "sea obligatorio en menores de 16 años y para eso es necesario adecuar los juzgados para que haya garantías", como por ejemplo mediante la implementación de la Cámara Gesell, un espacio donde los niños pueden testificar siendo observados por terceros que no interactúan con ellos. "Un juzgado da miedo hasta a los adultos, hay jueces que se quitan la toga cuando entra un niño o hacen pequeños gestos, pero no vale que dependa de su buena voluntad", subraya la experta.
Por otro lado, Perazzo recuerda que, de acuerdo al estudio Ojos que no quieren ver, realizado por Save the Children, entre un 10% y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia y únicamente un 15% de los colegios en los que el niño ha contado ser víctima de abuso sexual lo ha comunicado a las autoridades. "Un porcentaje muy alto de las denuncias no llega a juicio, se queda en la parte de instrucción, especialmente por la prueba, porque no se valora bien el testimonio del niño", agrega Perazzo, quien repara en que "es necesario ser muy creativo para que un niño pueda y sepa expresarse".
También Almudena Olavide cree necesaria la formación en el ámbito de la judicatura y la fiscalía. "Los jueces y fiscales tienen que tener formación en temas de infancia, cómo interrogar a un niño, debe haber fiscalías o juzgados especializados, salas apropiadas y tratamiento adecuado", relata.
En cuanto a los abusos sexuales, a su entender no debería ser necesario probar que hubo violencia y debe tenerse en cuenta la "especial vulnerabilidad de un niño". También propone que la prescripción de los delitos contra los niños se amplíe –actualmente es de entre diez y quince años desde que se cumple la mayoría de edad– porque "los adultos que fueron abusados de niños requieren de mucho tiempo para darse cuenta, tener el valor de hablar y denunciarlo".
Cuestión de género
La ley de violencia contra los menores contemplará el abuso sexual, acoso en redes y un registro de víctimas
Pero la violencia en la infancia es también una cuestión de género. Las niñas sufren formas muy determinadas de discriminación y violencia por el simple hecho de ser niñas. En esta materia insiste especialmente Plan Internacional, presente también en las conversaciones con el Gobierno a la hora de elaborar la nueva norma. Emilia Sánchez, directora de incidencia política de la organización, explica en conversación con este diario que ha pedido "muy insistentemente que se traten los temas de género de manera transversal, no sólo mediante un apartado de niñas, sino que esté transversalizado y se nombren cuáles son los problemas que tienen las niñas por el hecho de ser niñas". El acoso callejero, la mutilación genital o el matrimonio infantil, son algunas de las cuestiones que cree fundamentales en la ley. "Se tienen que nombrar para que luego haya soluciones específicas", añade.
También Sánchez apuesta por "datos desagregados por edad y género", porque "cuando hablamos de violencia y acoso son fundamentales datos fiables separados por género y edad para ver lo que les pasa específicamente a los menores y a las niñas".
La especialista insiste, además, en que la ley requiere de un presupuesto específico. "Si hubiese salido antes habríamos pedido un apartado específico en los Presupuestos Generales del Estado", añade Sánchez, quien cree que la norma debería entrar en vigor "en esta legislatura". Por el momento, el borrador espera ser sometido a consulta pública. El pasado 11 de mayo se cerró el plazo de consulta del Anteproyecto de Ley de protección de los menores frente a los efectos del consumo de alcohol, pero la nueva norma no recogió su testigo para la deliberación pública. Las expertas consultadas admiten visitar la web del Ministerio de Sanidad "al menos una o dos veces por semana" a la espera de que la norma pase por fin a la siguiente fase y cumpla con los plazos requeridos.
El pasado mes de septiembre de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba a iniciar trabajos sobre una ley específica contra la violencia en la infancia. El plazo acordado para sacarla adelante era de un año, pero el Consejo de Ministros aprobó en diciembre su plan anual para 2018 sin rastro de la ley prometida y el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado tampoco cuenta con una partida específica para su puesta en marcha. A principios de mayo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció que la ley "estará cuanto antes". Las organizaciones piden acelerar los plazos con el fin de que la norma pueda entrar a trámite, tal como acordó la Cámara Baja, el próximo mes de septiembre.