El Gobierno de Mariano Rajoy cumplió, el pasado 4 de febrero, sus primeros cien días de mandato con la llamada de atención de las organizaciones sociales. Poletika, una red de 500 plataformas –entre las que se encuentran Oxfam Intermón o Médicos del Mundo–, se manifiesta tajante en su valoración: el Ejecutivo debe impulsar un "giro inmediato" en sus políticas para que "se garanticen los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables".
El Gobierno conservador aprobó en noviembre del 2015 una Estrategia Integral Nacional para las personas sin hogar. Aunque el equipo de Mariano Rajoy sí ofrece los detalles de su propuesta, no existen datos sobre el impacto de su aplicación tras un año de balance. Jesús Sandín, responsable de la organización Solidarios para el Desarrollo, subraya en conversación con infoLibre que, desde noviembre del 2015, "no se ha vuelto a saber nada". Sandín señala que las ONG que trabajan con las personas sin hogar no han visto "nada que indique que se está haciendo algo" en esta materia por parte del Gobierno.
Según datos revelados por Cáritas, aproximadamente 40.000 personas viven en la calle en España, una cifra a la que se suman los 3,6 millones que habitan en una vivienda insegura –sin título legal, con notificación de desahucio o bajo amenaza de violencia– y los 5 millones que residen bajo un techo inadecuado –en estructuras temporales, asentamientos o chabolas, sin acceso a los suministros básicos o en hacinamiento–.
La información que facilita el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin embargo, dista de aquella elaborada por las organizaciones de la sociedad civil. El plan nacional impulsado por el Ministerio de Sanidad ya advierte de la escasa variedad de estudios al respecto, y de la "dificultad de extrapolar" los datos existentes "a toda la población que está sin hogar". En el año 2012, el INE contabilizó 22.938 personas sin hogar que estaban siendo atendidas en centros asistenciales. No obstante, añade el plan nacional, "las consecuencias de la crisis en 2012 aún estaban en su primera etapa, y los datos se refieren a usuarios de centros". Según el informe, "si se considerara que hay un 10% de personas sin hogar durmiendo en espacios públicos que no son localizadas por los recuentos", los cálculos finales apuntan a una media de 33.275 personas sin hogar en el año 2012, cifra que "no deja de ser una estimación que habrá de tomarse con mucha precaución".
Plan de acción
Tal y como explica Jesús Sandín, "las administraciones lo que hacen es repartir el nivel de responsabilidad que a cada uno le toca, hay competencias que son municipales, otras de la comunidad, y hay competencias que han de ser estatales", algo que, agrega, "con la sanidad pública se entiende perfectamente".
La Estrategia Nacional impulsada en el 2015 define una serie de objetivos y actuaciones a instancias de la UE, donde doce Estados miembros ya cuentan con medidas similares en vigor. El plan no cuenta con memoria económica ni previsión de incremento de presupuesto, algo que ya en su momento fue cuestionado por organizaciones como la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh) –compuesta por nueve entidades y plataformas que agrupan a más de 41 organizaciones–, quien el mismo mes de noviembre lamentó la ausencia de un presupuesto específico para el desarrollo de la estrategia: "La prevención, la innovación social, la investigación y evaluación continuada requieren también de dotaciones económicas extraordinarias claras".
El exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, recalcó que el plan se materializaría en planes concretos que correspondería poner en marcha a cada comunidad. La fePsh reclamó, como respuesta, "que éstos se definan lo antes posible y que tengan su correspondiente asignación presupuestaria que permita su ejecución". Sin embargo, a día de hoy la aplicación del plan resulta desigual y los resultados difícilmente evaluables.
Enrique Domínguez, responsable nacional del programa de personas sin hogar de Cáritas Española, valora la creación de la estrategia, pero manifiesta sus dudas respecto a su "desarrollo e implementación". Más de un año después de su ratificación, el plan "no tiene demasiada visualización", ya que "dejaba la aplicación de sus ejes al desarrollo de estrategias regionales". Por el momento, señala Domínguez, "no hemos podido ver desarrollos concretos porque las estrategias regionales aún se están iniciando, y en algunos casos ni siquiera han dado comienzo". En este sentido, subraya que sus efectos "dependen de lo que quiera apostar cada comunidad", pero las organizaciones sociales todavía se encuentran "a la espera de ver en qué se concreta".
Enrique Cuesta, coordinador del programa contra la exclusión en la plataforma Acción en Red Madrid, admite que "es muy pronto para evaluar las consecuencias del plan nacional", y aunque considera que "tenía partes muy buenas, como el cambio de estrategia hacia modelos más personalizados", también señala que "eso requiere de una evaluación a largo plazo y la colaboración de todas las administraciones, que se está produciendo ahora y con cuentagotas". Además, añade, "el pilar de la financiación no se puso en marcha, porque el retraso en la formación de Gobierno y la coyuntura política han hecho que muchas comunidades tengan presupuestos muy conservadores o no los tengan".
La ONG Rais Fundación celebra la existencia de la estrategia nacional, y espera que, con el inicio de la nueva legislatura y el relevo ministerial, "en breve podamos dar un nuevo impulso para que la estrategia se pueda comenzar a desarrollar en su máximo nivel y empezar a ofrecer resultados concretos sobre las personas, erradicando el sinhogarismo".
La labor del tercer sector
En la actualidad confluyen tres tipos de atenciones dedicadas a las personas sin hogar. La pública, que depende de la intervención institucional, la que proviene de las entidades pertenecientes al tercer sector, y finalmente el voluntariado. "En Madrid suelen estar coordinados, pero no en todos los sitios es así, y eso genera distorsiones en la intervención", señala Enrique Cuesta. En el caso de la capital madrileña, "el Ayuntamiento y los otros dos grupos hicimos un esfuerzo por coordinarnos y mantener líneas discursivas y prácticas coherentes", argumenta.
No obstante, Cuesta muestra cierto grado de preocupación por "la precarización de las condiciones laborales del sector". Por un lado, "las administracones abaratan los servicios que prestan, mientras que las entidades están sumidas en una carrera loca para sobrevivir más como empresas que como proyectos, y han consentido que la administración abuse a costa de precarizar a sus trabajadores".
La organización Solidarios para el Desarrollo "apuesta por un modelo de voluntariado no asistencial que complemente la red de atención a personas sin hogar precisamente en lo que no puedes esperar de unos recursos de atención, que es la creación de vínculos afectivos y relacionales", señala el responsable del programa de atención a personas sin hogar. La organización entiende que "el trabajo de calle sirve para complementar la intervención profesional de los servicios sociales y de los profesionales de los recursos, pero sólo si uno es consciente de dos cosas: no perpetuar el estereotipo, y no reforzar la decisión de no acudir a los recursos".
Sandín matiza que "esto no significa que apoyemos al 100% y sin crítica el modelo de intervención y la red de recursos, entendemos que tiene muchísimas carencias, que el diseño no está enfocado a la integración, sino a que en el mejor de los casos se institucionalicen, que acaben fuera de la calle pero dentro de la red de personas sin hogar, sin volver a la sociedad de manera organizada, pero aún así es la única manera de que reciban una atención integral, así que el trabajo de calle no puede servir para que la persona refuerce su decisión de no acudir a la red de recursos, por deficitaria que ésta sea".
Por su parte, Rais Fundación trabaja en base a la aspiración de "una sociedad que no permita que nadie viva en la calle", tal y como señala en declaraciones a este diario Alejandro López, subdirector técnico de la organización. "Creemos en la responsabilidad colectiva de generar soluciones frente al fenómeno del sinhogarismo", y para ello, continúa, es necesario "transformar las estructuras sociales que lo identifican como un problema individual y enfrentarnos a este fenómeno como un problema del conjunto de la sociedad". La organización apuesta "por la influencia en la agenda social y política, la generación de conocimiento, la innovación y la evaluación de resultados", objetivos que persiguen colaborando habitualmente con las instituciones, a fin de influir en las políticas públicas y favoreciendo la creación de instrumentos que refuercen su labor.
Vivienda y trabajo, cuestiones clave
Jesús Sandín no oculta el cariz crítico de su valoración: "El Gobierno nacional no está haciendo absolutamente nada". Matiza, no obstante, que "esto no es distinto al Gobierno anterior, o al anterior, o al anterior", porque "la exclusión nunca ha estado en la agenda política, al menos la exclusión extrema, y cuando ha estado su presencia ha sido tangencial, sin tiempos ni presupuesto como para comprometer nada, más allá de las palabras". Por el contrario, Domínguez considera que, a día de hoy, la exclusión social sí "está en la agenda política, pero no es una prioridad". Del mismo modo que tampoco lo es para la sociedad en general, matiza, como consecuencia de la invisibilidad existente en esta materia. "Es necesario un cambio colectivo, pero desde luego que las administraciones pueden hacer mucho más", remata.
Sandín reclama que "si se quiere integrar a una persona sin hogar es necesario coordinar diferentes cuestiones", porque "una persona que está en la calle puede tener muchos problemas diferentes y vinculados a diferentes administraciones", tales como enfermedades mentales, problemas para conseguir documentación o irregularidades administrativas. Entiende, en este sentido, que "no puede delegarse todo en la competencia municipal porque no llega a todo, sino que únicamente llega a sacarle de la calle y llevarle a un albergue".
Como respuesta, Sandín apunta a dos ejes que hacen que una persona sin hogar deje de serlo: el acceso a una vivienda digna y a un puesto de trabajo. Recalca, en primer lugar, que el acceso a la vivienda "no es el acceso a una plaza de albergue", que resulta "un buen recurso de emergencia, pero no reintegra en la sociedad". Lo fundamental para conseguir una verdadera reintegración, continúa, "es volver a ser vecino, y volver a ser vecino pasa por acceder a una vivienda". Para ello llama a entender el significado del artículo 47 de la Constitución, "cuando dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna" y "entender que digna se refiere a un espacio de intimidad donde puedas construir un proyecto vital, sostenerlo en el tiempo, y donde puedas acceder a tus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos".
La violencia contra las mujeres sin hogar se nutre de la desprotección y la falta de recursos
Enrique Domínguez dirige una petición a las administraciones para "poner de relieve el acceso a derechos como la vivienda". Exige, de esta forma, "que la vivienda sea un derecho y se reconozca, vivienda digna y adecuada, que es mucho más que un techo".
La segunda condición, agrega Sandín, es el acceso al trabajo. "Estamos hablando de gente muy vulnerable y con un nivel de deterioro considerable", de manera que"no todo el mundo va a poder trabajar, pero el que pueda tiene que hacerlo". Para ello, son necesarias políticas activas de empleo, "algo que se entendió hace tiempo con las personas discapacitadas".
Sandín insiste en que "el mercado laboral es competitivo, y las personas que están en una situación vulnerable no pueden competir en igualdad de condiciones". Para lograr una reintegración completa, por tanto, resulta imprescindible que las personas sin hogar reciban "protección y apoyo, o nos seguiremos conformando con institucionalizarles, lo cual sería un gran fracaso, no sólo para la persona que lo padece, sino para nuestro propio modelo de convivencia".
El Gobierno de Mariano Rajoy cumplió, el pasado 4 de febrero, sus primeros cien días de mandato con la llamada de atención de las organizaciones sociales. Poletika, una red de 500 plataformas –entre las que se encuentran Oxfam Intermón o Médicos del Mundo–, se manifiesta tajante en su valoración: el Ejecutivo debe impulsar un "giro inmediato" en sus políticas para que "se garanticen los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables".