El vicepresidente Pablo Iglesias ha interpuesto una querella contra el que se perfila como uno de los instigadores más contumaces del escrache diario que desde hace más de dos meses ha alterado su vida y la de su pareja, Irene Montero, en el chalé de Galapagar donde residen con sus tres hijos pequeños. El escrito fue presentado el pasado 21 de julio y relata cómo el querellado, Miguel Frontera, es el autor de varios vídeos y tuits donde llama a Iglesias la "garrapata", anuncia que lo someterá a un acoso permanente y explica cómo intenta "burlar a las autoridades, para poder acercarse a la vivienda y saltar el perímetro de seguridad que han instalado las fuerzas de seguridad del Estado", según el texto, al que ha tenido acceso infoLibre.
Frontera, prosigue el texto, incluso fue detenido hace dos semanas tras grabar imágenes interiores del domicilio familiar. Según la denuncia, ha creado además un crowdfunding "del que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas". Y eso significa que "se lucra" con una actividad "ilícita y delictiva". Iglesias acusa a Frontera de seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Remitida a los juzgados de Collado Villalba, cabeza del partido judicial del municipio madrileño de Galapagar, la querella constituye el segundo intento de parar una protesta permanente iniciada el 15 de junio. Hace dos semanas, una jueza de Collado archivó la denuncia dirigida por Irene Montero contra otra de las impulsoras del escrache, la concejal de Vox Cristina Gómez. La magistrada usó el argumento de que Gómez, uno de cuyos vídeos muestra su intención de proseguir hasta que la protesta logre echar de España a Iglesias y Montero, estaba haciendo uso de su libertad de expresión y no perpetrando un delito de acoso ni otro de coacciones. Montero ha recurrido a la Audiencia Provincial. La semana pasada, uno de los jueces que intervino en la oleada de escraches contra los desahucios de la crisis iniciada en 2008 subrayó en declaraciones a infoLibre lo que también otros juristas han transmitido luego a este periódico: que cabe alegar libertad de expresión en el caso de protestas puntuales pero no cuando se somete a una misma persona a un acoso y una coacción permanente.
La querella abunda en esa idea: "Queremos destacar que todas estas actuaciones que alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución española". La denuncia aporta varios vídeos y un dossier donde "lo único que se dice es 'Vamos a la Gran Cacerolada en el Casoplón del Chepas'". El texto da así la puntilla: "No es una protesta política sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente del Gobierno de España y a su familia".
Entre los hechos relatados en la querella sobresale uno esgrimido como prueba de que Frontera ha cometido un delito de coacciones con violencia "manifiesta". El 12 de julio, fecha de las elecciones gallegas y vascas y el día en que los manifestantes se enfrentaron con insultos y gritos al diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago cuando acababa de abandonar la vivienda de la familia, Frontera hizo lo siguiente: "Se sube al muro del chalet y es detectado por los moradores del mismo, grabando un vídeo hacía el interior del domicilio a través de su teléfono móvil, siendo una intromisión ilegitima y de todo punto de vista inaceptable. Tal es así que fue detenido horas después por los agentes de la Guardia Civil presentes en la zona". La querella sigue relatando cómo, según informaciones publicadas, "la propia guardia civil en el atestado viene a imputarle un delito de revelación de secretos". Y en una entrevista realizada al día siguiente, el mismo Miguel Ángel Frontera "reconoce que estuvo grabando" y que "va a seguir asistiendo a la vivienda a importunar hasta que se canse , el querellante y su familia, y que va a seguir poniendo música cada vez más alta".
"La violencia es manifiesta –sostiene la querella de Iglesias– puesto que tanto la reiteración, como que esta persona se ve acompañada por un tumulto de sujetos que irrumpen en las inmediaciones del domicilio particular incluso subiéndose a la tapia de la vivienda".
Que la querella vaya dirigida contra Frontera parte de un hecho que los abogados de Iglesias consideran incuestionable: "Desde el 5 de junio de 2020 se autoproclama como instigador de las protestas ilegitimas ante el domicilio particular de nuestro patrocinado, a través de su cuenta de twitter @MiguelFrontera7 . "A partir de la referida fecha –enuncia el texto– el querellado comienza a adquirir una repercusión y reconocimiento notable a raíz de erigirse como impulsor y protagonista de las caceroladas junto a la vivienda".
Frontera emprendió a mitad de junio "una nueva estrategia de acoso consistente en desplazar cada día su vehículo con el que transporta la megafonía con generador portátil que monta junto a la vivienda del vicepresidente del Gobierno de España, Don Pablo Manuel Iglesias Turrión, a lo alto de un cerro, situado a unos 400 metros de la misma". "Esta actuación –señala el texto– conlleva que aumenten los watios de sonido, el impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial es de dudosa legalidad".
El vicepresidente Pablo Iglesias ha interpuesto una querella contra el que se perfila como uno de los instigadores más contumaces del escrache diario que desde hace más de dos meses ha alterado su vida y la de su pareja, Irene Montero, en el chalé de Galapagar donde residen con sus tres hijos pequeños. El escrito fue presentado el pasado 21 de julio y relata cómo el querellado, Miguel Frontera, es el autor de varios vídeos y tuits donde llama a Iglesias la "garrapata", anuncia que lo someterá a un acoso permanente y explica cómo intenta "burlar a las autoridades, para poder acercarse a la vivienda y saltar el perímetro de seguridad que han instalado las fuerzas de seguridad del Estado", según el texto, al que ha tenido acceso infoLibre.