Educación. Pensiones. Empleo. Energía. Lucha contra la violencia de género. Financiación autonómica. Y unidad de España y defensa de la Constitución. Estos son los siete grandes pactos de Estado que ofreció el presidente del Gobierno a los grupos parlamentarios en su primer discurso de investidura, el que tuvo lugar en agosto de 2016. Acostumbrado a gobernar con un mayoría más que absoluta en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy daba por inaugurada la llamada "legislatura del diálogo" pidiendo la colaboración del resto de fuerzas políticas y advirtiendo del peligro que supondría derribar las reformas, sobre todo económicas, que su grupo parlamentario había aprobado en solitario. Han pasado ya casi 19 meses de este discurso. Y poco se ha movido: ni los partidos de la oposición se han puesto de acuerdo para derribar el legado legislativo de los primeros años de Rajoy en la Moncloa, ni el Gobierno se ha atraído a sus rivales para sacar adelante esos pactos de Estado.Gobierno
A día de hoy sólo ha cuajado el Pacto contra la violencia de género, aunque los partidos ven todavía serias lagunas, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación. La proximidad de las elecciones autonómicas y municipales complican los avances. Pero el Ejecutivo mantiene en público que no tira la toalla.
"La idea de pacto implica que hay varias partes que se ponen de acuerdo. El Gobierno puede mostrar disponibilidad, y la tiene, voluntad política, y la tiene, y ganas, que también las tiene. Pero evidentemente si las otras partes no quieren, es muy difícil llegar a acuerdos", criticó recientemente el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El Ejecutivo cree que los ciudadanos, a la hora de votar, castigarán la actitud de las formaciones que impidieron avanzar en pactos que considera necesarios al margen de ideologías. "Al final serán los ciudadanos los que tendrán que juzgar quién tenía voluntad, quién tenía disposición y quién tenía ganas y quién no", añadió.
El también titular de Educación no puede ocultar su enfado con "quienes hablan de pactos y cuando llega la hora de la verdad no quiere pactar". No citó a quién iban dirigidas sus palabras, pero pocos tuvieron dudas de que se refería al Partido Socialista.
Adiós al pacto educativo
Hace un par de semanas, el Grupo Parlamentario Socialista se levantó de la mesa de negociación del Pacto de Estado Político y Social por la Educación. Un foro que se está llevando a cabo en el Congreso desde hace 15 meses.
Los socialistas rechazaron la propuesta de financiación del PP, que establece un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2025, y no se han movido de su exigencia de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo. "Es inexplicable", se ha llegado a quejar el propio ministro mostrando su sorpresa por el hecho de que el principal partido de la oposición se haya borrado de las negociaciones "después de pactar 15 ejes".
El Gobierno confía en que la situación se pueda reconducir. Pero creen que los socialistas se están comportando de manera "desleal y oportunista". "El PSOE no da razones lógicas y sustanciosas", se quejan.
En Educación creen que derogar la LOMCE sería un "disparate" porque dejaría a más de ocho millones de alumnos en un limbo. Además, insisten en "mantener el gesto" de suspender las reválidas porque tienen voluntad de seguir trabajando en ese acuerdo. Una suspensión que fue acordada con el PSOE a la espera de los avances de esa mesa de negociaciones que vive sus horas más bajas. Un día después de que los socialistas diesen un portazo hicieron lo mismo desde Unidos Podemos.
Financiación autonómica: sin Presupuestos y con el 155 en vigor
El Partido Popular celebra su convención nacional el primer fin de semana de abril en Sevilla. Es la cita que, según los estatutos del partido debe celebrarse los años que no toca convocar congreso nacional. Para antes de esta fecha, los barones conservadores se han comprometido a tener lista una base, una propuesta, de reforma del modelo de financiación autonómica, una tarea pendiente desde 2014.
Los conservadores pretenden que esta base sirva para desbloquear las negociaciones con el Partido Socialista, que lleva meses demandando al Gobierno que presente una propuesta sobre la que trabajar. Pero el escenario no está exento de baches. Primero, no hay Presupuestos Generales del Estado. La idea del Ejecutivo es que reciban la luz verde del Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario el 27 de marzo, antes de Semana Santa, y que lleguen al Congreso el 3 de abril, ya pasados los días festivos.
Las fuentes conservadoras consultadas consideran que Rajoy no daría el paso de presentar las cuentas públicas para 2018 si antes no cuenta con los apoyos necesarios. Pero en público, tanto Ciudadanos como PNV, fuerzas que permitieron al Gobierno sacar adelante los Presupuestos de 2017, niegan que haya habido avances.
El segundo bache es el de la situación en Cataluña. "No se puede negociar un nuevo sistema de financiación autonómica sin una comunidad autónoma", señala una de las fuentes consultadas. La "normalización", añade, llegará cuando se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y esto es algo que no ocurrirá hasta que tome posesión un nuevo Govern "con todas las garantías".
El último obstáculo tiene que ver con los plazos electorales. "A medida que se vayan acercando las municipales y autonómicas será más difícil que los otros partidos, sobre todo el PSOE, quiera hacerse esa foto con nosotros", valora un diputado del PP. "Y eso será algo que los ciudadanos sabrán interpretar", añade en la línea de lo planteado por el portavoz del Ejecutivo.
Pensiones: subidas vinculadas a los Presupuestos
La pasada semana quedó muy claro en el Congreso que el pretendido pacto sobre pensiones está muy lejos. También quedó muy claro este sábado, cuando decenas de miles de pensionistas se echaron a la calle contando con el apoyo de los principales partidos de la oposición.
El Ejecutivo cree que no ha llegado el momento de subir las pensiones con carácter general. Que a lo máximo a lo que se puede llegar es a deducciones en el IRPF para algunos pensionistas y a "mejorar" las pensiones mínimas y de viudedad, pero siempre en el marco del Pacto de Toledo y dentro de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Pero nada de introducir el IPC como factor para la revalorización, como demandan los pensionistas, los sindicatos y los partidos de la oposición.
"Ese esfuerzo adicional [la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad] podemos hacerlo ahora que la situación económica mejora. Pero debe ser un esfuerzo responsable, lo que significa respetar el procedimiento general de revalorización, que está siendo un elemento determinante para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas de hoy y a las nuevas generaciones", precisó Rajoy.
Empleo, energía, unidad de España...
El el citado discurso de investidura, Rajoy también dio importancia al acuerdo en materia energética. Un asunto que también formaba parte del pacto que suscribieron PP y Ciudadanos: "Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, conciliando una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, siempre en sintonía con las políticas energéticas europeas y apostando por la innovación. Este Pacto ha de dotar al sistema de seguridad jurídica, fomentar la competencia y apoyar la estrategia española de interconexiones internacionales", puede leerse en uno de los puntos. A día de hoy tampoco es una realidad, aunque ya haya iniciativas de comunidades autónomas, de distinto signo político, que presionan para ello en el marco del debate abierto sobre la financiación autonómica.
El pasado febrero, Asturias, Aragón y Castilla y León firmaron una declaración institucional en la que reclaman al Ejecutivo un pacto de Estado por la energía "compatible con mantener actividad, vida y empleo" en las zonas mineras de estas tres comunidades. "Sin una transición energética ordenada y con una interrupción brutal del carbón no podría ser posible y las repercusiones en el coste de la energía y, por tanto, sobre la industria, serían muy importantes", advirtió Francisco Javier Lambán, presidente de Aragón.
Con posterioridad al debate de investidura, el presidente del Gobierno puso sobre la mesa la necesidad de impulsar otros pactos de Estado, por ejemplo, en materia de Justicia o Industria. Hay pocos avances también al respecto.
Los pactos de Estado que se le atragantan a Rajoy: desde la financiación autonómica a la educación
El pasado febrero, Ciudadanos abandonó la subcomisión que prepara el Pacto por la Justicia por considerar que PP y el PSOE quieren mantener el sistema vigente para "seguir controlándola".
Respecto al gran acuerdo en materia de empleo, desde el Ejecutivo sostienen que se han dado pasos en el marco de la mesa de diálogo social del Plan de Choque por el Empleo y en la Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Tampoco hay un Pacto de Estado por la unidad de España. Pero desde el Ejecutivo destacan la importancia de que el principal partido de la oposición y Cs hayan ido de su mano a la hora de defender la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Educación. Pensiones. Empleo. Energía. Lucha contra la violencia de género. Financiación autonómica. Y unidad de España y defensa de la Constitución. Estos son los siete grandes pactos de Estado que ofreció el presidente del Gobierno a los grupos parlamentarios en su primer discurso de investidura, el que tuvo lugar en agosto de 2016. Acostumbrado a gobernar con un mayoría más que absoluta en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy daba por inaugurada la llamada "legislatura del diálogo" pidiendo la colaboración del resto de fuerzas políticas y advirtiendo del peligro que supondría derribar las reformas, sobre todo económicas, que su grupo parlamentario había aprobado en solitario. Han pasado ya casi 19 meses de este discurso. Y poco se ha movido: ni los partidos de la oposición se han puesto de acuerdo para derribar el legado legislativo de los primeros años de Rajoy en la Moncloa, ni el Gobierno se ha atraído a sus rivales para sacar adelante esos pactos de Estado.Gobierno