Pagar hasta por hacer pis: piden blindar por ley los baños públicos ante la ola de privatizaciones
La estación Méndez Álvaro de Madrid es uno de los lugares más transitados de España. Da servicio a más de 50 operadores de transporte que llegan a 1.500 destinos en todo el país y a más de 500 de Europa y Marruecos. Lo que no indica la página oficial de Turismo de la ciudad de Madrid es que al baño de esta estación tan frecuentada le han puesto un torno y un cartel pegado precariamente que dice “Solamente se acepta pago con tarjeta”.
El baño está donde siempre, junto a las cafeterías y cerca de las pantallas anunciadoras. El baño está como siempre, no le han puesto las maderas impolutas, ni la grifería negra ni los mensajes de spa (“Alíviate, refréscate, recárgate”) de la empresa holandesa adjudicataria de la privatización de Adif, en las estaciones de Atocha o Chamartín. El baño de Méndez Álvaro sigue pareciendo un baño público medio español, pero ahora cuesta un euro el pase en un lugar en el que muchas personas cada día pueden tener que esperar horas.
En España, lo dicen los expertos, se habla poco de baños. Pero cuando aparecen imágenes como la de Méndez Álvaro en redes sociales, se desata, por un lado, la indignación ciudadana (“pagar hasta por hacer pis”) y, también, el argumentario de quienes lo justifican (“yo prefiero pagar y que estén limpios”). “Esto responde a la lógica de la privatización de los servicios públicos: dejas de mantener de manera adecuada un servicio público para que, una vez se deteriore, la gente casi prefiera pagar por ello y tener un servicio de calidad. Esta lógica funciona desde para el transporte público hasta para la Sanidad”, explica a Infolibre David Sánchez Carpio, director del La Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Faltan datos para hacer un diagnóstico completo de la situación en España, pero la percepción generalizada es que hay pocos baños públicos y que los que hay están en malas condiciones, según recoge el Informe sobre la presencia de baños y fuentes de agua de CECU publicado el 20 de noviembre. La Federación quiere que en esta nueva legislatura se apruebe una ley marco estatal que defina el número de baños y fuentes públicas por habitante y sus condiciones de mantenimiento para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento en todo el Estado, dos derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas, que además forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La privatización excluye a los más vulnerables
La falta de baños públicos se hizo patente durante la pandemia del covid-19, con el cierre de los bares. “Quienes tenían que salir por sus obligaciones, debían planificar un lugar para ir al baño y se encontraban en problemas”, recuerda Sánchez Carpio. Que no haya suficientes baños afecta a todos, pero sobre todo a quienes necesitan usarlos con más frecuencia: personas con enfermedades intestinales crónicas, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que ya representan el 1% de la población. También tiene mayor impacto en las personas mayores o dependientes, quienes padecen incontinencia urinaria, quienes toman medicamentos con ciertos efectos secundarios, las mujeres que tienen la regla y los niños.
Que, como en el caso de Méndez Álvaro, se imponga el uso exclusivo de tarjeta de crédito para acceder al baño supone una doble exclusión. “No todo el mundo tiene acceso a una tarjeta, por ejemplo, migrantes que no tienen regularizada su situación, o la gente mayor que no se siente cómoda con este sistema de pago”, señala el director de CECU. En Méndez Álvaro, aunque muchos pasajeros se irán de la estación sin saberlo, hay otro baño, todavía público, “escondido en un sitio bastante sórdido, en la zona de abajo, de las dársenas, lo cual es un poco maltrato”, apunta el experto. “Tienes que garantizar que el baño público funciona bien y si hay problemas de seguridad, controlarlo. No puede ser una excusa para privatizar y discriminar”, añade.
Qué dice el artículo 49 y por qué las personas con discapacidad llevan 20 años exigiendo que se cambie
Ver más
El investigador Guido Corradi, que ha estudiado a fondo la cuestión del baño público, considera que “falta conciencia de que se trata de un derecho del ciudadano que debe ser respetado y mantenido”. “A otros servicios públicos se dedica dinero a espuertas, a pesar de que sea difícil y caro, por ejemplo, el derecho a la seguridad. Que la gente cometa crímenes no hace que dejemos de tener policía. Entonces, que los baños públicos requieran cuidado y seguridad, no justifica que los privaticen”, ha indicado a Infolibre el investigador del departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela.
Los baños públicos españoles, cuando existen, presentan problemas como la suciedad o la falta de papel higiénico y jabón de manos. “Lo que han hecho en Adif y Méndez Álvaro es la solución fácil: lo he dejado degradar tanto que la gente hasta me lo agradece cuando lo privatizo. Es la lógica de la privatización del servicio público”, indica Sánchez Carpio. En CECU defienden que un derecho humano como el saneamiento “no debería mercantilizarse” porque de ese modo se discrimina a los colectivos especialmente vulnerables. Que falten baños públicos empeora la calidad de vida de esas personas, pero también supone un problema de salud pública para el conjunto de la población, “ya que hace que más gente use la vía pública para orinar o defecar”.
Corradi argumenta que lo primero es “comenzar a hablar de baños públicos y dejar de hacerlo a escondidas”. “Evaluar la situación y tomar conciencia del problema es el primer paso para un horizonte donde tengamos baños de calidad para todos, que respeten las necesidades de cada individuo. Debemos exigir nuestro derecho básico a no tener que esperar a llegar a casa para ir al baño”, defiende. CECU prepara acciones en los próximos meses para que este tema sea debate político y también un derecho blindado por ley.
