El paso de Víctor de Aldama por la Audiencia Nacional dio buena cuenta de lo medido que estaba todo. El empresario comenzó el día en un furgón policial. Y lo acabó abandonando la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional en el marco del caso Hidrocarburos. Fue clave, para esta puesta en libertad, su declaración ante el instructor del caso Koldo, en el que se le considera "nexo corruptor". Un relato de dos horas que ha provocado un seísmo político y mediático. Y que ha combinado acusaciones sobre las que por ahora no hay pruebas con otras declaraciones que han permitido apuntalar algunos extremos de la investigación.
Es frecuente que en causas de corrupción algunos investigados decidan colaborar con la justicia. Al fin y al cabo, les abre las puertas a la aplicación de una atenuante en caso de condena futura. Lo hicieron el extesorero del PP Luis Bárcenas, el empresario David Marjaliza o Isabel Jordán, la que fuera administradora de las empresas de la Gürtel. Y es el camino que ahora ha comenzado a explorar Aldama. Su declaración fue autoinculpatoria. El comisionista reconoció, por ejemplo, que cobró 5,5 millones por los contratos de material sanitario que se consiguieron en pandemia. O los pagos y favores a Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
"Asumir responsabilidades y ofrecer información complementaria sobre sus propias conductas es algo que los tribunales siempre valoran", apunta un magistrado con dilatada experiencia. Una colaboración que en buena parte de los casos más mediáticos ha ido siempre acompañada de documentación. Cuando Bárcenas tiró de la manta en 2013, lo hizo aportando sus anotaciones manuscritas y digitales originales en relación a los fondos recibidos en el PP –nueve carpetas puso sobre la mesa del magistrado Pablo Ruz–. Más de un millar de documentos, por su parte, aportó Marjaliza en Púnica. Y un disco duro con archivos relevantes para la investigación fue lo que aportó Jordán en Gürtel.
Pero de Aldama, por el momento, sólo se tiene su declaración como investigado. "No ha aportado ningún papel", decían fuentes de las acusaciones tras su comparecencia. Algo que resulta fundamental, sobre todo después de haber acusado abiertamente en sede judicial a distintos cargos del PSOE y del Gobierno de haber cobrado mordidas. "Las imputaciones a otros requieren de corroboración externa", dicen las fuentes jurídicas consultadas. Desde el Ejecutivo le acusan de ser un mentiroso y se preparan para emprender acciones legales. Él, sin embargo, reitera que aportará pruebas.
Acusaciones sin acreditar
La implicación de otras personas vinculadas al Ejecutivo y a la formación socialista fue, precisamente, uno de los momentos más potentes a nivel mediático de su declaración. Y el que puso el broche al interrogatorio de su abogado, que ocupó casi tres cuartas partes de la comparecencia. "Le voy a preguntar por algo un poco más sensible. Además de para Koldo y Ábalos, ¿en alguna ocasión se le pidió dinero para otros?", lanzó el letrado. "Sí", respondió Aldama. Y, acto seguido, señaló al número tres del PSOE, Santos Cerdán; al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda; y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Sobre el primero, dijo que se le entregaron 15.000 euros en un bar frente a Ferraz en relación con una "licitación con una constructora" de la que no quiso dar el nombre. "Si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que entra él, entro yo y entra el señor Koldo", aseveró ante el magistrado Ismael Moreno. En el caso del segundo, Carlos Moreno, afirmó que se le dieron 25.000 euros en relación con un aplazamiento de Hacienda. Y sobre el tercero, aseguró que Koldo le pidió 50.000 euros para Torres en relación con la compraventa de mascarillas, un dinero que, en este caso, dice que se "negó a entregar" pese a las presión del exasesor.
Todos ellos han negado las acusaciones. Y lo cierto es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha apuntado hasta el momento en esa dirección. En su último informe, elaborado con la información extraída de las intervenciones telefónicas y el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos, no hace mención alguna ni a Santos Cerdán ni a Moreno. Sí a Torres, pero sin referir en ningún momento que el expresidente canario pudiese haber pedido ninguna mordida a nadie. Los investigadores, más bien, relatan que Koldo le habló al ministro de la empresa Megalab Eurofins y le envió algunos whatsapps insistiéndole en ese asunto.
Un proyecto que no figura en las pesquisas
El comisionista también mencionó durante su comparecencia a la recién elegida vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. "Además de esta oportunidad de negocio con relación a las mascarillas, ¿se intentó obtener algún otro negocio? En concreto, con el Ministerio de Transición Ecológica", preguntó el abogado. Aldama contó, en este sentido, que se había reunido con Ribera "en varias ocasiones" para un "proyecto" que tenían en la España Vaciada: "Queríamos convertir esas zonas en pueblos temáticos con la condición de darle a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar".
El empresario explicó, en este sentido, que era algo que tenían pensado hacer con Wakalua, vinculada a la Globalia de Javier Hidalgo. Y dijo que "en al menos una" reunión con Ribera en torno a este proyecto estuvo la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Nada de todo esto consta tampoco en los informes elaborados hasta ahora por la UCO de la Guardia Civil. Ahora bien, sí consta en el sumario el interés de Aldama por tener el contacto de la ministra de Transición. "Pásame teléfono de la vicepresidenta, que ni Javier ni yo lo tenemos, porfa, no sé donde lo echamos de la de transición ecológica", le escribió a Koldo en julio de 2020, quien le facilitó dos horas después el contacto.
Apuntala indicios con Ábalos
Aldama, por otro lado, vino a apuntalar algunos indicios recogidos por la Guardia Civil en relación a Ábalos en su último informe, que sirvió de guía al abogado del empresario para llevar a cabo el interrogatorio. Así, confirmó que la casa de La Alcaidesa de La Línea de la Concepción se compró para que la usase el exministro. "Koldo me dice si hay posibilidad de obtener una vivienda en la Costa del Sol para disfrute de Ábalos", contó Aldama, si bien aclaró que se hizo con un "contrato de arrendamiento con opción de compra" y que, por eso, cuando el exministro dejó de pagar se le "desahució". La UCO cree que el chalet era una "contraprestación" para la obtención de un título de operador de hidrocarburos.
"¿Se le pedían constantemente atenciones o regalos?", preguntó el letrado. "Sí", respondió Aldama. Y vino a confirmar el otro gran pago en especie del que, según los investigadores, habría disfrutado Ábalos: el abono de varias mensualidades del alquiler del inmueble en el que vivía la pareja del exministro. "Se me pidió que si podía pagar ese piso y le dije que sí. Por no hacerlo yo directamente, igual que me negué a hacer lo de la otra casa, se lo dije a mi socio y que lo pagara él", contó el empresario. Del mismo modo, confirmó que se abonaron 2.700 euros mensuales. En total, 88.101,43 euros.
Todo esto, aseveró, era "adicional" a lo que se pagaba a Ábalos. Porque, según explicó, el exministro también cobró comisiones. Un extremo que, por el momento, la investigación no ha puesto de relieve –tanto la Guardia Civil en sus informes como el instructor en la exposición razonada al Supremo sólo mencionaron esas contraprestaciones en especie–. En concreto, Aldama dijo que por la compraventa de material sanitario Ábalos cobró 250.000 euros "en efectivo", si bien en otro momento de su declaración aseguró que "quitando las mascarillas" y otros regalos se le habrían entregado al extitular de Fomento en total unos 400.000 euros.
El investigado llegó a contar que por las mascarillas tanto Ábalos como Koldo querían mucho más. En concreto, 2,5 millones. Y para explicarlo se apoyó en un documento de Excel que fue localizado por los investigadores en su ordenador personal. En el mismo, aparece "El Gran" junto a "2.000.000". Y "Goblins" junto a "500.000" y "Casa".
La UCO interpretó que la primera referencia podía aludir a Koldo y vinculó de manera indirecta la segunda a Ábalos y a la casa de La Alcaidesa. Pero en su declaración, Aldama dijo que era justo al revés y que era lo que le pedían de comisión por los contratos de material sanitario. El exministro, sin embargo, ha negado todas las acusaciones del empresario.
Confirma los pagos a Koldo
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El empresario, del mismo modo, aseveró que todos los meses se le entregaban 10.000 euros a Koldo García, apuntalando así otro de los extremos con los que llevan trabajando desde el primer momento los investigadores. Uno de los indicios que apuntan en esa dirección, y en los que se apoya la Guardia Civil, es una nota creada por uno de los investigados en la causa en su teléfono móvil con el nombre "gastos fijos" y en la que se reseña "K 10.000".
A esto hay que añadir, además, que los investigadores intervinieron durante un registro en el domicilio del exasesor una libreta en la que tenía anotado bajo el título "ingresos", según la UCO, "varios ingresos de 10.000 euros en metálico junto a fechas concretas, sin año". En aquella intervención, además, los agentes encontraron 24.000 euros en efectivo.
Los investigadores, por el momento, sólo habían vinculado a Koldo con esos pagos realizados por la trama. No obstante, Aldama señaló en sede judicial que parte de ese dinero iba al bolsillo del exministro. "Repartía sí o sí, porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo he estado en el ministerio le entregaba al señor Ábalos", resaltó el comisionista.
El paso de Víctor de Aldama por la Audiencia Nacional dio buena cuenta de lo medido que estaba todo. El empresario comenzó el día en un furgón policial. Y lo acabó abandonando la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba en prisión provisional en el marco del caso Hidrocarburos. Fue clave, para esta puesta en libertad, su declaración ante el instructor del caso Koldo, en el que se le considera "nexo corruptor". Un relato de dos horas que ha provocado un seísmo político y mediático. Y que ha combinado acusaciones sobre las que por ahora no hay pruebas con otras declaraciones que han permitido apuntalar algunos extremos de la investigación.