Panamá, uno de los países opacos por excelencia, ha rechazado la comisión rogatoria lanzada por la jueza que investiga el ático que el presidente de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero, compraron a una empresa pantalla domiciliada en Delaware (EEUU) denominada Coast Investors Llc. El argumento de la república centroamericana, que ha denegado el auxilio judicial a velocidad meteórica y a la que España dejó de considerar paraíso fiscal en abril de 2013, estriba en que el delito fiscal no existe en su legislación.
El envío de una solicitud de cooperación judicial a Panamá se produjo como resultado del informe de la UDEF que señalaba a la empresa local Waldorf Overseas Investments como la matriz de Coast Investors Llc.
El sindicato policial SUP, cuya denuncia originó la apertura de las investigaciones, también pidió en marzo la remisión de otra rogatoria a EEUU tras la cursada a Londres para conocer los movimientos de la cuenta en la que el matrimonio González-Cavero ingresó los gastos de alquiler del ático durante los tres años y medio –de junio de 2008 a diciembre de 2012– en que lo disfrutó bajo arrendamiento antes de su compra.
Elaborada por la Fiscalía General panameña, la bofetada a la petición judicial española ha sido más que rápida: la nota oficial de la Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados Internacionales de Panamá llegó al ministerio público —a Procuraduría, en la nomenclatura panameña— el 29 de julio de este año. El 13 de agosto, la secretaria general de la Procuradoría, Martha I. Gómez Solís, firmó su negativa a colaborar con España.
La Fiscalía panameña argumentó su negativa del siguiente modo: "Una vez analizada la rogatoria judicial que nos atañe y las conductas sobre las cuales se sustenta la misma, hemos de señalar que en nuestra legislación punitiva los delitos contra la Hacienda Pública no se encuentran tipificados como delito y por ende constituyen una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá”. En consecuencia, y dado que no se cumple el requisito de "doble incriminación" –que el mismo hecho sea delito en los dos países–, Panamá no dará un solo dato.
“No obstante –añade la resolución panameña– en nuestra legislación sí se encuentra tipificado el delito de blanqueo de capitales; no obstante, dicho delito no tiene como delito precedente para su configuración el delito contra la Hacienda Pública”. En otras palabras: Panamá no alberga ninguna pretensión de colaborar con España en la detección y castigo de delitos fiscales para cuya comisión se hayan utilizado empresas panameñas, que es lo que la comisión rogatoria trataba de verificar al reclamar información sobre Waldorf Overseas Investments.
La pareja formada por el jefe del Goberno regional y su mujer mantuvo arrendado el lujoso piso entre junio de 2008 y diciembre de 2012, cuando lo adquirieron de Coast Investors Llc por 770.000 euros. La transacción quedó fechada el 18 de diciembre, justo al día siguiente de que Anticorrupción pidiese a Hacienda toda la información tributaria sobre la vivienda.
Representada por el testaferro profesional Rudy Valner, Coast Investors Llc había comprado el piso el 12 de mayo de 2008 para, a renglón seguido, arrendarlo al matrimonio González-Cavero. Aquella compra estuvo rodeada de circunstancias más que inusuales en el mercado inmobiliario: Valner —y así lo declaró el propietario original, Javier Villate Pérez— lo compró por teléfono cuando el ático llevaba dos años en venta. Y cerró la compra “en 12 o 15 días”, justo después de que Villate la hubiera enseñado la vivienda a Lourdes Cavero.
Villate relató ante la jueza cómo, a comienzos de 2008, recibió una llamada teléfonica. "Un día me llamó una persona [Rudy Valner] que estaba interesada en comprar. Me dijo que era americano, pero hablaba castellano. Hablamos por teléfono y concertamos la venta", declaró Villate. ¿Y el comprador no mostró interés en ver el inmueble? "No, la venta se realizó sin mostrar el ático", respondió Villate.
La venta se cerró en 750.000 euros y Valner le envió 100.000 euros de señal. La negociación fue muy rápida, se cerró "en 12 o 15 días", sin conocerse ambos. Así se lo explicó Villate a la jueza: "Vi al comprador en la notaría de Madrid. Allí se cerró la venta porque el comprador trajo un cheque complementario, un cheque americano, y se puso una cláusula en la escritura que hasta que el cobro no fuera efectivo yo seguiría ocupando el ático". Rudy Valner, mexicano afincado en Estados Unidos, utilizó para la compra del inmueble de Estepona a la sociedad Coast Investors Llc. El cheque complementario era por importe de 650.000 euros.
La ruta del dinero: a EEUU desde Panamá
La investigación judicial de Estepona continúa en marcha, aunque a trompicones, después de que el Tribunal Supremo rechazara una querella de los extrabajadores de Telemadrid, a la que se adhirió Attac, y de otra de los socialistas madrileños. Ambas presentaban el ático como el pago de un presunto soborno a Ignacio González.
Los antiguos trabajadores de Telemadrid señalaban como supuesto autor del soborno al empresario audiovisual Enrique Cerezo mientras que los socialistas consideraban que los datos también apuntaban al constructor Fernando Martín, cuya empresa Martinsa dio un auténtico pelotazo en 2008 gracias a una adjudicación de terrenos en el municipio de Arganda, situado a unos 30 kilómetros de la capital.
En su querella, los socialistas madrileños (PSM) explicaban cuál había sido, según sus datos, la ruta seguida por los 750.000 euros con los que Coast Investors Llc compró el ático que primero alquiló a Ignacio González para, finalmente vendérselo: "La cantidad usada para la compra del ático –dice la denuncia– la recibió [Coast Investors Llc] a su vez de otra cuenta de Panamá, cuyo titular es la sociedad Waldford Oversead Investments Ltd [en realidad, se refieren a Waldorf], quien a su vez habría recibido una transferencia del banco Merrill Lynch Private Banking Miami como gestora de una cuenta del Bank of America Corporation, cuyo titular es una sociedad propiedad de Enrique Cerezo, administrada precisamente por el ya mencionado Rudy Valner".
"A su vez —proseguía la querella—, las mencionadas cuentas de Enrique Cerezo recibieron varias transferencias de una cuenta de Lloyds Bank de Mónaco a nombre de la firma panameña Cedargrove Investments SA, cuyo último beneficiario es Fernando Martín".
Rogatorias atascadas
Desde la apertura de diligencias en 2012, la investigación ha tropezado con múltiples obstáculos. En diciembre del año pasado, la jueza que instruye el caso en Estepona imputó deprisa y corriendo a la mujer de Ignacio González con un auto por el que, simultáneamente, se inhibía a favor de la Audiencia Nacional con argumentos que la Audiencia de Málaga tumbó luego de plano al tiempo que levantaba la imputación de Lourdes Cavero.
El auto de la jueza de Estepona, Mariana Peregrina, titular del juzgado de instrucción 5 de la localidad malagueña, dejaba constancia del bloqueo sufrido por las comisiones rogatorias cursadas hasta entonces, diciembre de 2013: la rogatoria enviada a Londres para conocer los movimientos de la cuenta abierta por Coast Investors Llc en el Lloyds Bank había sido devuelta “sin cumplimentar ni traducir”. Y la dirigida a EEUU para interrogar allí al testaferro Rudy Valner ni siquiera había cruzado aún la frontera: “Está siendo traducida para su remisión”, escribió la jueza. Qué ha ocurrido desde entonces continúa siendo una incógnita.
Panamá, uno de los países opacos por excelencia, ha rechazado la comisión rogatoria lanzada por la jueza que investiga el ático que el presidente de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero, compraron a una empresa pantalla domiciliada en Delaware (EEUU) denominada Coast Investors Llc. El argumento de la república centroamericana, que ha denegado el auxilio judicial a velocidad meteórica y a la que España dejó de considerar paraíso fiscal en abril de 2013, estriba en que el delito fiscal no existe en su legislación.