Un paquete de documentos con movimientos bancarios agrupados bajo el título "Empresa Partido Popular". Una hoja con una inscripción "sobre Pedro J. Y una reunión con juez Castro". Un informe de nueve páginas sobre Arabia Saudí y una hoja con el nombre de un hotel junto al de Mohamed Ben Nayef, heredero del trono saudí hasta su caída en desgracia en junio de 2017. Otro informe sobre el expresidente catalán Artur Mas. Otro más sobre David Madí, que fue secretario de comunicación de Convergència. Un tercero relativo a la financiación de UDC. Y un cuarto sobre el referéndum de octubre del año pasado.
Todo eso y mucho más apareció en los registros practicados al estallar la Operación Tándem en las viviendas y las oficinas de José Villarejo, preso preventivo desde noviembre de 2017 acusado de graves delitos de corrupción. Los registros confirman el alcance y la diversidad de la red de negocios y –supuesta– extorsión que el antaño poderoso policía tejió gracias a la información acumulada durante décadas. Aunque el contenido exacto de los documentos intervenidos permanece secreto, el simple enunciado de a qué se refiere cada uno de ellos indica que Villarejo no solo grababa casi cada conversación a su alcance sino que almacenaba hasta el último trozo de papel que pudiera enarbolar en algún momento.
Qué movimientos bancarios recabó el policía sobre la enigmática "Empresa Partido Popular" es todavía un interrogante. Pero la sola presencia de unos archivos de esa naturaleza acrecienta los indicios de que, por sistema, el policía se pertrechó de datos útiles incluso cuando afectaban a aquellos a los que de un modo u otro estaba dando servicio desde su doble condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad y empresario boyante especializado en obtener información comprometedora.
Este periódico ignora asimismo a qué periodo temporal se refieren esos movimientos bancarios y si existe algún vínculo entre la anónima "empresa" que da título al paquete y los papeles sustraídos al extesorero Luis Bárcenas durante la denominada Operación Kitchen, en la que el mismo Villarejo participó a tenor de los datos de la investigación que han ido trascendiendo.
Los documentos bancarios se hallaban en las oficinas de Villarejo y su socio, Rafael Redondo, en la madrileña Torre Picasso. Allí, cuartel general de Cenyt, núcleo de su red de empresas, estaba también un recibo de entrega de 2.000 euros a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que recibió pagos con cargo a los fondos reservados para hacerse con papeles que estaban en poder del extesorero y su esposa.
Es también una incógnita a qué se refería el policía al unir en el mismo folio la inscripción "Pedro J.", fórmula habitual para designar al hoy director del digital elespanol.com, y la nota "Y una reunión con juez Castro". Ahora ya jubilado, el juez de Palma José Castro alcanzó máxima notoriedad cuando imputó a Cristina de Borbón por el caso Urdangarin en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y en medio de una formidable movilización del aparato del Estado en su defensa. Pero, signifique lo que signifique, su hallazgo denota que en el radar de Villarejo se encontraba el juez de Palma, quien ya en 2010 fue objeto de seguimientos al igual que el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Aquel episodio, como el de la sorprendente entrada en escena de un antiguo colaborador del CNI contratado por la defensa de Iñaki Urdangarin, nunca terminó de ser esclarecido.
En conversación telefónica con infoLibre, Castro negó este martes de forma categórica haberse reunido jamás con Pedro J. Ramírez ni con José Villarejo: "Nunca me he visto con ninguno de los dos ni los conozco personalmente y nunca ninguno de ellos me ha pedido, ni directa ni indirectamente, mantener una reunión".
De la libreta para el ministro del Interior a los papeles sobre Ignacio González
El rastreo policial también sacó a la luz los papeles que el comisario guardaba sobre Waldorf, la empresa de Delaware (EEUU) utilizada para la compra del lujoso ático de Ignacio González en Estepona y que activó la primera investigación judicial sobre el expresidente madrileño.
Villarejo mantenía igualmente a resguardo un fajo de documentos con anotaciones sobre el Canal de Isabel II, el centro de operaciones de González durante sus diez años de mandato como vicepresidente de Esperanza Aguirre y desde septiembre de 2012, su sucesor.
Asimismo, la Policía encontró en sus oficinas de la Torre Picasso una libreta dirigida al ministro del Interior. Este periódico no ha podido averiguar a cuál de los que se han sucedido en el cargo iba destinado el bloc. Pero lo que los hechos han ido constatando es que fue Jorge Fernández Díaz el titular de esa cartera con quien Villarejo mantuvo una colaboración más estrecha.
Fue bajo su mandato cuando tomó cuerpo la llamada Policía patriótica, que espió a políticos catalanes en busca de casos de corrupción que pudieran debilitar al soberanismo. Y no solo el nacionalismo catalán fue objeto de informes pagados con dinero público y elaborados de manera subrepticia por elementos policiales. En 2016, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía denunció ante el Tribunal de Cuentas a Podemos por financiación ilegal y delito electoral. El escrito de la Udef se remitía al denominado Informe PISA (Pablo Iglesias, SA), un texto anónimo que atribuía a Podemos haberse nutrido ilegalmente de fondos de Venezuela e Irán.
El entonces director general de la Policía y hoy portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguró en el Congreso que se trataba de “una información de la Dirección Adjunta Operativa que transmite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal”, que fue la que formuló la denuncia en el Tribunal de Cuentas. El caso quedó en agua de borrajas.
Los registros constataron que el policía guardaba varias carpetas bajo el título "Hepoca (sic) International Model Agency Hotel". Esa larga y peculiar denominación coincide en lo sustancial con la de Top Hepoca SL, que según varios medios era la agencia de prostitución encubierta empleada por Villarejo para obtener de políticos y empresarios lo que él mismo definió como "información vaginal".
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El comisario usó esa expresión durante el controvertido almuerzo de octubre de 2009 al que, junto a quien era director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, asistieron Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en aquel momento ocupaba una plaza de fiscal en ese mismo tribunal.
Difundida por la web moncloa.com, la grabación de ese almuerzo permite oír cómo funcionaba el sistema según su propio artífice: "Pero gente dura, correosa, en los Consejos de Administración, le ponías una chorbita, se la tiraba y a ese tío que iba a tomar (…) y muerto. (...) Además, es que es lo importante y contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Y claro (….) de verdad, de verdad, fíjate qué cosa tan tonta: era la información vaginal que yo decía. Era una cosa absurda».
Apareció igualmente una carpeta rotulada con otro excomisario que hoy se encuentra, como Villarejo, bajo la lupa de la justicia, Carlos Salamanca, que fue jefe de la Unidad Central de Fronteras. Acusado en la Operación Tándem de utilizar su cargo para permitir la entrada de guineanos en el país a cambio de mordidas, Salamanca fue desimputado por el hasta ahora juez instructor del caso, Diego de Egea. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como Podemos recurrieron el archivo de las actuaciones contra el antiguo comisario. La semana pasada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a las acusaciones y ordenó reabrir las investigaciones sobre Salamanca.
Un paquete de documentos con movimientos bancarios agrupados bajo el título "Empresa Partido Popular". Una hoja con una inscripción "sobre Pedro J. Y una reunión con juez Castro". Un informe de nueve páginas sobre Arabia Saudí y una hoja con el nombre de un hotel junto al de Mohamed Ben Nayef, heredero del trono saudí hasta su caída en desgracia en junio de 2017. Otro informe sobre el expresidente catalán Artur Mas. Otro más sobre David Madí, que fue secretario de comunicación de Convergència. Un tercero relativo a la financiación de UDC. Y un cuarto sobre el referéndum de octubre del año pasado.