El pleno del Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP —que habían presentado enmiendas a la totalidad— y CUP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalara que no vulnera la Constitución ni el Estatut, según informa Europa Press.
La proposición de ley, que se ha debatido este miércoles al inicio del pleno, recoge que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular, y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros, sin fijar porcentajes.
La iniciativa se ha aprobado una vez superado el plazo que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Conselleria de Educación ejecutara la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.
Los grupos parlamentarios de PSC-Units, ERC, Junts y comuns estuvieron semanas negociando con la intención de aprobar una ley antes de que terminara el plazo que el TSJC dio para ejecutar la sentencia, un pacto que finalmente alcanzaron en el último momento.
Sin embargo, el plazo terminó el 31 de mayo sin que se aprobara la ley, ya que Vox, Cs y PP la llevaron al CGE —el Govern sí aprobó en paralelo un decreto que descarta porcentajes—, después de que socialistas, republicanos, Junts y comuns alcanzaran este acuerdo la semana anterior.
Los cuatro grupos impulsores de la propuesta la acordaron tras reabrir negociaciones después de que Junts se descolgara en marzo de un acuerdo inicial para modificar la Ley de Política Lingüística, que los de Laura Borràs descartaron horas después del anuncio al considerar que había generado rechazo en comunidad educativa y entidades.
Los grupos en contra
El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que la proposición de ley es "el último engaño de una crónica de engaños y deslealtades tejidas por el nacionalismo en cooperación con el socialismo y la izquierda que representa Podemos", y además de asegurar que su contenido pretende excluir el castellano de las aulas y burlar las órdenes de los tribunales, ha explicado que han presentado una iniciativa alternativa para revertir esta situación.
Desde Vox, el diputado Joan Garriga ha reiterado que llevarán la proposición de ley al Tribunal Constitucional (TC) por no reconocer el castellano como lengua vehicular y que presentarán una querella por presunta desobediencia por "incumplir" la sentencia del TSJC, y ha acusado al Govern de usar la inmersión como un objetivo político.
"La inmersión, tal y como se aplica en Cataluña, es ilegal en todo el mundo democrático en el que confluyen dos o más lenguas oficiales", ha lamentado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, tras asegurar que se quiere tratar al castellano como lengua extranjera, y ha reprochado que socialistas y comuns apoyen la proposición de ley.
Desde la CUP, Carles Riera ha pedido retirar la ley porque cree que representa un primer paso para introducir el bilingüismo en las escuelas catalanas, y ha preguntado al presidente del Govern, Pere Aragonès, y al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, si darán instrucciones a los centros que ya están aplicando un 25% para que dejen de hacerlo una vez aprobada la ley.
Los grupos impulsores
Esther Niubó (PSC-Units) ha defendido que la ley "en ningún caso vulnera la normativa, desafía a los tribunales ni busca la confrontación", sino que reconoce por primera vez el uso curricular del castellano, por lo que ha lamentado el papel de Vox, Cs y PP, especialmente de los populares y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que en Catalunya se da un "apartheid lingüístico".
Desde los comuns, la diputada Jéssica González ha criticado que "hacen daño los discursos perversos que dicen que hoy, lo que se hace, es introducir el castellano en las aulas en detrimento del catalán", ha defendido el consenso político que han conseguido construir y ha pedido que se deje trabajar a los docentes.
La republicana Mònica Palacín ha acusado a Vox, Cs y PP de haber hecho un ejercicio de filibusterismo —en sus palabras— al llevar la ley al CGE, y ha destacado que el 80% de los diputados la apoyarán tras haber recuperado el consenso, al que ha invitado a la CUP a sumarse a través del decreto del Govern que rechaza porcentajes: "Alejamos la escuela de la imposición del 25%".
El diputado de Junts Francesc Ten ha explicado su abstención en la votación en apoyo al activista Salvador Ribot, a quien le ha pedido que abandone la huelga de hambre que hace en defensa del catalán en las escuelas, y también ha defendido la importancia de que el Govern también impulsase un decreto ley "sin los porcentajes que impone la justicia politizada del Estado español".
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La presidenta del Parlament, Laura Borràs, también ha destacado el nombre de Salvador Ribot por los 13 días de huelga de hambre que lleva en defensa del catalán, y ha querido dar las gracias a todos los estamentos del sistema educativo así como a todas las entidades y personas que trabajan "para garantizar que el derecho al aprendizaje en nuestra lengua sea una realidad día a día".
Votación y fotografía
Tras la aprobación de la nueva ley, los diputados de la CUP se han levantado exhibiendo carteles con el mensaje "Defensem la llengua", mientras que los de los grupos promotores han celebrado la aprobación con un largo aplauso en pie, y Aragonès ha encajado la mano con Salvador Illa (PSC), Josep Maria Jové (ERC), Albert Batet (Junts) y Jéssica Albiach (comuns).
Representantes de los grupos impulsores de la ley y entidades se han tomado después una fotografía conjunta, en la que han posado Aragonès; el vicepresidente de la Generalitat y conseller, Jordi Puigneró, y los consellers de Universidades, Gemma Geis; Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y Cultura, Natàlia Garriga, entre otros.
El pleno del Parlament ha aprobado la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria con el apoyo de PSC-Units, ERC, Junts y comuns y el rechazo de Vox, Cs, PP —que habían presentado enmiendas a la totalidad— y CUP, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avalara que no vulnera la Constitución ni el Estatut, según informa Europa Press.