El pasado 26 de julio, la magistrada de Madrid Rosa María Freire proponía enviar al PP al banquillo de los acusados como presunto autor de los delitos de encubrimiento y daños informáticos por la destrucción de los dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en los que según su versión guardaba las pruebas de 18 años de la contabilidad B del PP.
De esta forma, el Partido Popular acumula ya cuatro casos en los que ha sido procesado, en concepto de autor en uno (borrado de ordenadores), como partícipe lucrativo en dos (Gürtel Época I y Boadilla del Monte) y como responsable civil subsidiario en los papeles de Bárcenas. Pero el PP, como persona jurídica, también está imputado en una pieza separada del caso Taula por el delito de blanqueo de capitales en relación a la presunta financiación irregular del partido en el Ayuntamiento de Valencia. Lo que eleva hasta cinco el número de casos que el PP tiene pendientes con la justicia.
La decisión de la jueza Freire sitúa a la formación de Mariano Rajoy a un paso de convertirse en el primer partido en la historia de España en sentarse en el banquillo de los acusados. Además, con esta decisión, todos los tesoreros del PP y de su antecesora Alianza Popular (AP), excepto Rosendo Naseiro, han sido procesados por delitos como organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa procesal, blanqueo de capitales, malversación y cohecho.
Rosendo Naseiro fue detenido en 1990 en el marco de la investigación que llevó el apellido del entonces tesorero, caso Naseiro, que finalmente fue archivado al considerar que las grabaciones que sostenían la investigación se habían hecho de forma irregular. Los conservadores acusaron al magistrado Luis Manglano de prevaricación, lo que dio paso al caso Manglano, que no llegó a ser inhabilitado.
En concreto, Luis Bárcenas afronta una petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción de 42 años de cárcel por Gürtel y de cinco por la contabilidad BGürtel . Álvaro Lapuerta, tres años en Gürtel y cinco años en papeles de Bárcenas; y Ángel Sanchís, ocho años de prisión por Gürtel.
También se sentará en el banquillo de los acusados el exgerente del PP Cristóbal Páez por la caja B, para quién el fiscal pide 18 meses de cárcel. Además, está imputado el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, por el presunto cobro de 200.000 euros para la campaña de María Dolores de Cospedal.
El gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas.
En este sentido, los tribunales juzgarán al menos otros dos procedimientos en los que el PP es el principal protagonista, aunque no se sentará en el banquillo al producirse los presuntos hechos delictivos antes de que entrara en vigor –el 17 de enero de 2013– la modificación legal que permite imputar delitos a personas jurídicas como los partidos políticos.
El primero es el caso Gürtel en Valencia, en el que están procesados cinco ex altos cargos del PP valenciano, entre ellos el exvicesecretario general Ricardo Costa y el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, por financiar ilegalmente las campañas electorales del PP autonómico. En este caso también está procesada la gerente del PP regional, Cristina Ibáñez Vidal.
El segundo es por la visita en 2006 del papa Benedicto XVI a la Comunidad Valenciana, por la que también está procesado el expresidente de las Cortes autonómicas Juan Cotino, así como varios altos cargos de Canal Nou, entre los que se encuentra el exdirector de la televisión pública Pedro García Gimeno.
infoLibre hace a continuación un análisis pormenorizado de los casos de corrupción en los que el Partido Popular, como organización, camina hacia el banquillo judicial.
1. Los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas
En el caso Bárcenas o caja B el Partido Popular está en el banquillo como responsable civil subsidiario, según el escrito de acusación del juez Pablo Ruz. Su sucesor como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha obligado a la formación conservadora a consignar una fianza de 1,2 millones de euros después de que el resto de imputados no lo hicieran, ya que la formación presidida por Mariano Rajoy es responsable civil subsidiario.
Eso significa que el PP está obligado a abonar el total de la fianza solidaria de todos los procesados, entre los que se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el exgerente Cristóbal Páez.
Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Pese a que este caso se denomina papeles de Bárcenas, en referencia a las notas manuscritas que publicó el diario El País en enero de 2013 en el que se reflajaba la contabilidad B que mantuvo el PP durante casi dos décadas, en realidad el juez Ruz se centró en los supuestos delitos cometidos por los dirigentes del PP en la remodelación de la sede nacional del partido en la madrileña calle de Génova.
Además, según el juez Pablo Ruz, el PP al omitir la presentación de una declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008 que recogiera las referidas donaciones ilegales, habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167 euros, "y ello sin perjuicio del eventual incremento de dicha cuota, al alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".
2. Gürtel Época IGürtel Época I
Quince excargos del Partido Popular serán juzgados en la primera pieza de la trama Gürtel, que las supuestas ilegalidades cometidas entre 1995 y 2005. Entre los procesados destacan los extesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta. Esta quincena de expolíticos del PP tendrán que afrontar en conjunto en la vista oral penas de cárcel de más de 360 años, según el escrito enviado por la Fiscalía Anticorrupción al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El escrito de acusación del Ministerio Público considera al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el pago del 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel de Francisco Correahabría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo de Alarcón, ambos municipios de la Comunidad de Madrid.
La diferencia entre ser considerado responsable civil subsidiario, como en el caso Bárcenas, y partícipe a título lucrativo, es que el PP en Gürtel no tendrá que afrontar el pago de las fianzas del resto de imputadosGürtel . Sólo ha tenido que consignar los 328.440 euros de los que se lucró presuntamente de forma irregular.
Anticorrupción, en este sentido, solicita el comiso de las cantidades defraudadas por el PP y por el resto de imputados de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. En el caso de Luis Bárcenas, las fiscales le reclaman las ganancias por los delitos no prescritos y por el delito de apropiación indebida, así como por el de blanqueo de capitales, con una suma que supera los 10,2 millones.
3. Pieza de Boadilla del Monte
El juez José de la Mata ha propuesto juzgar a 27 personas y al PP como partícipe a título lucrativo por las actividades presuntamente ilícitas cometidas por la trama Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Según especifica el magistrado en dos autos, el partido es responsable civil subsidiario por una cantidad de 204.198 euros, que es el dinero con el que presuntamente se lucró de forma ilícita.
Los hechos, por lo que están imputados los exalcaldes Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, y Juan Siguero, serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Inauguración de la sede del PP de Boadilla.
"El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo Correa por las adjudicaciones a Sufi SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247 euros)", constata el juez José de la Mata en el auto de apertura de juicio oral de 29 de junio de 2016.
4. Destrucción de los ordenadores de Bárcenas
Esta semana la magistrada de Madrid Rosa María Freire ha considerado que la actual tesorera del PP, Carmen Navarro; el representante legal de la formación, Alberto Durán; y el jefe de informática, José Manuel Romero, destruyeron los ordenadores de Luis Bárcenas para evitar que el juez Pablo Ruz, que investigaba la contabilidad B llevada por el extesorero del PP, accediera a información "muy relevante: no sólo para la defensa de Bárcenas, sino para la investigación", relata el auto.
"Y esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa", completa la resolución judicial. Por ello, los tres empleados del PP se sentarán en el banquillo de los acusados.
Según las conclusiones de la jueza Freire, los responsables del PP trataron de impedir al instructor del caso Gürtel obtener más informacióncaso Gürtel del denominado caso Bárcenas, por el que además del extesorero, también han sido procesados Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez.
5. Operación TaulaOperación Taula
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, que investiga en la operación Taula un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, imputó a 47 personas físicas y al PP como persona jurídica por las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipales de 2015.
Esta suma, según el magistrado Gómez Saval, el partido la devolvía en dos billetes de 500 euros "para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita", según consta en una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La jueza deja al PP y a su actual tesorera a un paso del banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
La operación Taula es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
Precisamente este viernes, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se abra causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal del PP, en el marco de la operación Taula.
El magistrado Víctor Gómez Saval consideraba –en su exposición dirigida al Supremo– que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, que tiene la condición de aforada.
El pasado 26 de julio, la magistrada de Madrid Rosa María Freire proponía enviar al PP al banquillo de los acusados como presunto autor de los delitos de encubrimiento y daños informáticos por la destrucción de los dos ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, en los que según su versión guardaba las pruebas de 18 años de la contabilidad B del PP.