Está dispuesta a invalidar todo el proceso selectivo para iniciar uno nuevo con nuevos aspirantes. Pese a que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo calificó a los cuatro candidatos preseleccionados como idóneos para los puestos a los que optan, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quiere que las dos plazas claves del alto tribunal —la presidencia de la Sala de lo Penal que, hasta inicios de diciembre, ocupó el polémico magistrado conservador Manuel Marchena, y la de lo Contencioso-Administrativo, que controla los actos, disposiciones y nombramientos del Gobierno y otras instituciones— sean ocupadas por los candidatos aupados por los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces. Con esa posición, la presidenta se salta la paridad entre sexos que impone la ley y obvia el reparto de asientos en la institución que dirige, en la que 10 vocales fueron propuestos por el PSOE y Sumar y otros 10 por el PP. Los nombramientos exigen mayoría de tres quintos (13 votos).
La posición de Perelló vulnera el reparto equitativo entre sexos (40%-60%) en las presidencias de las Salas del Supremo aprobado por la comisión de igualdad del Consejo y que impone la ley de paridad, en vigor desde el pasado agosto. Porque los candidatos de la presidenta, y también del sector conservador, son dos hombres. Al frente de la Sala de lo Penal quieren colocar a Andrés Martínez Arrieta (de la asociación conservadora pero moderada Francisco de Vitoria). Y, en la de lo Contencioso, al magistrado Pablo Lucas. Para cumplir con el criterio de paridad, sin embargo, uno de los dos puestos debe ser cubierto por una mujer, porque de las cinco presidencias de Sala del Supremo, dos han recaído en hombres y solo una, la de lo Social, en una magistrada (Concepción Ureste).
Y hay candidatas a ocuparlos, aunque no le gusten a Perelló. Ambas han sido apoyadas por el sector progresista al que, teóricamente, la presidenta también pertenece. A la presidencia de lo Penal opta Ana Ferrer, que redactó un voto particular discrepante muy duro contra la cuestionada decisión de sus compañeros de tribunal de no aplicar una ley en vigor y sin tacha de inconstitucionalidad hasta el momento, la de amnistía, a los condenados en el juicio del procés. A la presidencia de lo Contencioso opta la magistrada Pilar Teso. Tanto Ferrer como Teso fueron las candidatas del sector progresista a presidir el CGPJ tras su renovación, pero al final, la elegida fue Perelló con el apoyo de todo el sector conservador y solo algunos vocales propuestos por el PSOE y Sumar.
Ni los currículos de cada uno, ni sus programas de actuación, ni lo que impone la ley de paridad, ni el necesario reparto por cuotas entre los sectores progresista y conservador del Consejo que se deriva del consenso necesario para la elección valen a Perelló. Para la presidenta, según fuentes del órgano, lo que cuenta es que los dos candidatos conservadores y hombres "se lo merecen" por su larga trayectoria en el Supremo. Tan larga que, elegir a cualquiera de ellos, obligaría a convocar de nuevo la plaza en 2026, cuando ambos llegarán a la edad de jubilación. Solo las dos magistradas que aspiran a ambos puestos pueden cumplir con un mandato íntegro de cinco años, el que establece la ley para estos puestos.
Desde la elección de Perelló el pasado septiembre, la presidenta ha impuesto como regla de funcionamiento que los nombramientos y decisiones más trascendentes se pacten previamente por ambos sectores para evitar el rosario de polémicas protagonizado por los integrantes del Consejo anterior. Sin embargo, para colocar a sus candidatos en las presidencias clave, Perelló ha hecho saber a los vocales que está dispuesta a saltarse esa norma y forzar una votación en el Pleno que no tiene visos de prosperar sin acuerdo.
Si el Consejo vota tres veces un nombramiento sin alcanzar la mayoría necesaria, el proceso decae y hay que volver a convocarlo. Los cuatro candidatos y candidatas fueron preseleccionados hace cinco meses tras analizar sus trayectorias y programas de actuación y todos han sido entrevistados por la comisión de calificación del órgano. La Sala de Gobierno del Supremo, que dirige la propia Perelló, los ha considerado idóneos para las plazas en liza, por lo que abrir nuevos procesos con nuevos aspirantes supondría una muestra de la incapacidad de ambos sectores para ponerse de acuerdo en dos de las vacantes de mayor carga política.
A diferencia de los vocales conservadores (y de Perelló), el sector progresista se conforma con que una de sus candidatas —Ana Ferrer o Pilar Teso— sea elegida para cualquiera de las plazas y están dispuestos a ceder la otra a uno de los aspirantes de los consejeros propuestos por el PP. El tiempo, sin embargo, corre a favor de los conservadores, ya que los dos magistrados que defienden ocupan ya ambas plazas en funciones al ser los más antiguos de cada una de las salas.
Dos salas trascendentales
Ambas, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, son las de mayor trascendencia del alto tribunal. La de lo Penal, además de tener la última palabra en todos los procesos criminales que se inicien en España, es la que se encarga de investigar y juzgar los delitos de los políticos y otros cargos públicos aforados. Durante el mandato de Marchena ha tomado decisiones muy polémicas, como la causa abierta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el desmentido de un bulo sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, o la decisión de no aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas, que gran parte de la doctrina jurídica ha considerado activismo judicial. En los últimos meses sus magistrados han llegado a advertir a los miembros del Tribunal Constitucional que podrían juzgarlos por prevaricación en sus resoluciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo también es crucial porque, entre sus potestades, está la de resolver los recursos contra las decisiones y normas aprobadas por el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos y otras administraciones que pueden llegar a anular. También decide en última instancia sobre los nombramientos y demás actos administrativos de la Fiscalía (como el ascenso de la exministra y ex fiscal general Dolores Delgado a fiscal de Sala del Tribunal Supremo) y el CGPJ, así como de los organismos reguladores como el Banco de España o la CNMV.
Está dispuesta a invalidar todo el proceso selectivo para iniciar uno nuevo con nuevos aspirantes. Pese a que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo calificó a los cuatro candidatos preseleccionados como idóneos para los puestos a los que optan, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quiere que las dos plazas claves del alto tribunal —la presidencia de la Sala de lo Penal que, hasta inicios de diciembre, ocupó el polémico magistrado conservador Manuel Marchena, y la de lo Contencioso-Administrativo, que controla los actos, disposiciones y nombramientos del Gobierno y otras instituciones— sean ocupadas por los candidatos aupados por los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces. Con esa posición, la presidenta se salta la paridad entre sexos que impone la ley y obvia el reparto de asientos en la institución que dirige, en la que 10 vocales fueron propuestos por el PSOE y Sumar y otros 10 por el PP. Los nombramientos exigen mayoría de tres quintos (13 votos).