Las tres primeras semanas del juicio del procés fueron tan solo una primera toma de contacto para la Fiscalía. Poco esperaba la principal acusación en la conocida como causa 20907/2017 de los interrogatorios a los doce líderes independentistas procesados por rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Y menos aún, si cabe, del expresidente del Gobierno y de los exministros que la pasada semana fueron desfilando por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha fiado en todo momento la carga probatoria del “levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”, requisito indispensable para la consideración del delito de rebelión, a las testificales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron trabajando sobre el terreno durante aquellos meses de enorme tensión en Cataluña y cuya comparecencia se ha encargado de solicitar. Especialmente, a la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, considerado uno de los testigos de cargo fundamentales presentados por la Fiscalía.
La testifical del alto cargo del Instituto Armado era clave en tanto que fue la persona designada –primero por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y luego por la magistrada instructora del mismo órgano judicial– para coordinar a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil con el objetivo claro de impedir la celebración del referéndum del 1-O mediante la incautación del material de la consulta y el cierre de los centros de votación, tal y como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para el Ministerio Público, por tanto, la declaración del que fuera director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad resultaba imprescindible para intentar evidenciar la supuesta inacción de los Mossos d’Esquadra a la hora de impedir la consulta y la utilización política de la policía autonómica en el “plan rebelde”, en palabras de la Fiscalía del Tribunal Supremo, orquestado para la consecución de la independencia de Cataluña.
Pérez de los Cobos no se salió del guion establecido en ningún momento. Con la fiscal Consuelo Madrigal orquestando durante poco más de dos horas un interrogatorio de vital importancia para la principal acusación, el coronel de la Guardia Civil fue apuntalando respuesta a respuesta el relato del Ministerio Público. Pérez de los Cobos aseguró que siempre existió un halo de desconfianza en relación con la actuación que los Mossos d’Esquadra tendrían durante la jornada de votación. Además, denunció la “pasividad absoluta” de los agentes de la policía autonómica para hacer cumplir la resolución judicial y aseveró que “el dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos” para el 1-O “estaba más encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta ilegal en lugar de impedirlo”. También habló, como era de esperar, del “grado de virulencia” al que tuvieron que hacer frente los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y rechazó que se llevaran a cabo aquél día cargas policiales: “El concepto carga está encaminado a la disolución o desalojo de un local”.
“Insuficiente, inadecuado e ineficaz”
Uno de los ejes de las acusaciones en el relato de aquél otoño caliente de 2017 se centra en los Mossos d’Esquadra, que según señala la Fiscalía “antepusieron las directrices políticas recibidas del Govern de la Generalitat al cumplimiento de la ley y del mandato judicial que prohibía su realización”. Y la actuación de la policía autonómica fue, por tanto, uno de los asuntos en los que más se incidió a lo largo del interrogatorio. En este sentido, el coronel de la Guardia Civil empezó cargando desde el minuto uno contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero. “La relación siempre fue difícil con el señor Trapero”, señaló el que fuera coordinador del operativo del 1-O, que sostuvo que el mayor de los Mossos siempre rechazó su designación por parte de las autoridades judiciales al entender que suponía una “injerencia” y establecía “algún tipo de autoridad por parte de un funcionario de otra Administración”. Es más, en alguna ocasión llegó a situar a Trapero alineado “con los convocantes del referéndum ilegal”.
A lo largo de las cuatro horas que se prolongó el interrogatorio, Pérez de los Cobos insistió por activa y por pasiva en la inacción de los agentes autonómicos para impedir el referéndum del 1 de octubre. El coronel de la Guardia Civil señaló que el dispositivo de los Mossos fue “insuficiente, inadecuado e ineficaz” y aseguró que estaba “más encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta ilegal que a impedirla”. En este sentido, puso de relieve la detección de “patrullas de vehículos camuflados” de la policía autonómica “haciendo seguimientos” sobre las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil. E, incluso, llegó a aseverar que, más allá de actitudes de “pasividad absoluta” por parte de los agentes de los Mossos, se llegaron a registrar también “actitudes activas” de algún miembro de la policía autonómica intentando “obstruir físicamente” la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Era muy grave porque nos dejaba más en evidencia a los ojos del resto de individuos que también trataban de impedir nuestra actuación”, señaló.
Pérez de los Cobos aseguró que la desconfianza en la actuación de la policía autonómica existía desde “muchísimo antes” del 1-O y criticó su papel en los días previos a la consulta independentista. Así, relató que las visitas de los Mossos d’Esquadra a los centros de votación tuvieron “la finalidad contraria a lo que se pretendía” porque, además de comunicar que los locales debían estar desalojados el día del referéndum, agregaban que ellos se personarían de nuevo en los colegios el 1-O y que tendrían que actuar salvo que se encontraran “una masa de ciudadanos que lo dificultara” porque “en ningún caso harían uso de la fuerza”. “[Esa circunstancia] fue conocida por distintas organizaciones sociales para hacer un llamamiento de manera que se configurara antes de las seis de la mañana ese escenario definido por los Mossos como aquel que iba a imposibilitar sus actuaciones”, completó el que fuera coordinador del operativo policial montado de cara al referéndum.
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“Casos en los que la situación de violencia fue muy grave”
Esta situación fue aprovechada posteriormente por la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, el letrado Xavier Melero, que ha sido el único que ha podido preguntar al testigo clave en la sesión de este martes. Así, el abogado recordó que el auto del 27 de septiembre de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba a los distintos cuerpos policiales clausurar los centros de votación para impedir la consulta declarada ilegal. “¿Llevaron a cabo ese cierre de centros?”, preguntó Melero. “No”, respondió Pérez de los Cobos, que afirmó que no lo hicieron por, entre otras cosas, “cuestiones operativas” y por respeto “a las competencias”. Con todos estos detalles sobre la mesa, el letrado se preguntó por qué Policía y Guardia Civil no emprendieron “esas actuaciones de cerrar los colegios” a pesar de que las dudas sobre la actuación que tendrían los Mossos eran “muy anteriores”. “Nunca llegamos a pensar que la inacción terminase siendo absoluta”, se defendió el coronel de la Guardia Civil.
La defensa de Forn también le recordó la instrucción emitida por el secretario de Estado de Interior en las horas previas a la celebración de la consulta en la que se señalaba que “toda intervención” de los agentes debía “estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad (...) sobre la eficacia y preservar la pacífica convivencia”. Sin embargo, defendió el “uso exquisito de la proporcionalidad” de la Policía y la Guardia Civil, aseguró que “no hubo ninguna intervención contra votantes” y rechazó tajantemente que en aquella jornada se produjeran cargas: “El concepto carga está encaminado a la disolución o desalojo de un local”. Y eso que, dijo, se produjeron “casos en los que la situación de violencia fue muy grave”. Porque el coronel de la Guardia Civil también cumplió para dejar bien atado el relato de violencia sobre el que el Ministerio Público sostiene la rebelión. Habló de “encapuchados”, de “virulencia”, de “grupos perfectamente organizados y jerarquizados”, de “ejercicio de la fuerza física” y de “murallas humanas” listas para actuar “con la mayor contundencia posible”.
Las tres primeras semanas del juicio del procés fueron tan solo una primera toma de contacto para la Fiscalía. Poco esperaba la principal acusación en la conocida como causa 20907/2017 de los interrogatorios a los doce líderes independentistas procesados por rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Y menos aún, si cabe, del expresidente del Gobierno y de los exministros que la pasada semana fueron desfilando por el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El Ministerio Público ha fiado en todo momento la carga probatoria del “levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia”, requisito indispensable para la consideración del delito de rebelión, a las testificales de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron trabajando sobre el terreno durante aquellos meses de enorme tensión en Cataluña y cuya comparecencia se ha encargado de solicitar. Especialmente, a la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, considerado uno de los testigos de cargo fundamentales presentados por la Fiscalía.