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Hablar de la causa sobre la posible incidencia de la manifestación del 8M en la pandemia de coronavirus es hablar de la primera investigación penal sobre la gestión de la epidemia y de los controvertidos informes que elaboró la Guardia Civil en sus labores de policía judicial. No duró mucho el caso, apenas unos pocos meses, pero la tormenta política que generó aún colea, año y medio después. ¿La razón? El cese del coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y, por tanto, de los guardias civiles a cargo de esa investigación. En medio de la polémica, el Ministerio del Interior invocó "pérdida de confianza" para trasladar al alto mando. El pulso entre Pérez de los Cobos y el ministro Fernando Grande-Marlaska acababa de comenzar.
La casualidad ha querido que el enfrentamiento se haya dirimido justo cuando Grande-Marlaska es uno de los ministros más cuestionados por la derecha. Y a pesar de que un juez de la Audiencia Nacional había dado la razón al coronel, ahora una Sala de cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo acaba de determinar, por unanimidad, que el cese fue conforme a Derecho. La justificación de "pérdida de confianza" es, para el tribunal, argumento más que suficiente para llevar a cabo una medida que, según se puede concluir, fue puramente política y que correspondía tomar a los responsables políticos de Interior, pues el puesto de jefe de una comandancia de la Guardia Civil es de libre designación y su cese, también. Para los jueces, una vez "quebrada la confianza" no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, pues la confianza es una cualidad que "acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino".
Los informes de la causa del 8M fueron encargados por la juez de Madrid Carmen Rodríguez Medel, que dio orden expresa a la policía judicial de guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones y el Ministerio del Interior explicó días después del cese de Pérez de los Cobos que el detonante de su destitución no fue por una supuesta negativa del coronel a desvelar el contenido de los informes, sino que éste ofreció a sus superiores una versión distinta de la real. Un argumento que esgrimió la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional y que los magistrados comparten al confirmar que "la pérdida de confianza es por la no información del desarrollo, no del contenido, de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil; todo ello en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de policía judicial". La fina línea entre "desarrollo" y "contenido" de las investigaciones es suficiente para que el tribunal niegue la ilegalidad del cese.
Bulos y declaraciones tergiversadas
La destitución de Pérez de los Cobos se hizo pública un 25 de mayo de 2020. Días antes, los guardias civiles a su cargo que se ocupaban de la investigación sobre la autorización de las marchas feministas del 8M en Madrid remitieron un informe al juzgado de Rodríguez Medel cuyo contenido se filtró sólo unas horas después a El Confidencial. El texto, de 83 páginas, venía a concluir que "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" y que "tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer mientras se suspendía un congreso evangélico en la capital. Y no sólo eso, sino que señalaba también al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por haber tolerado la manifestación del 8M. De Simón llegaba a decir que algunas de sus declaraciones "implican un propio riesgo para la comunidad" y aunque no le atribuía ningún delito, tampoco a Illa, afirmaba que ambos conocían los riesgos y que aún así toleraron la marcha.
Aparte de las consideraciones políticas y de apuntar directamente a la cúpula del Ministerio de Sanidad, otros contenidos del informe pusieron en solfa las conclusiones de la Guardia Civil, que iban más allá de un informe puramente técnico sobre la posibilidad de que el ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco hubiese cometido un delito de prevaricación, que era el asunto central de la causa del 8M. Abundantes noticias de Okdiario, bulos sobre la pandemia que ya habían sido desmentidos o declaraciones tergiversadas de dirigentes del Gobierno de Pedro Sánchez también fueron incluidas en el documento.
Un par de ejemplos pueden servir de muestra. Junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en el 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas, obviando que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica. En otro punto, se incluye una noticia de Okdiario que afirma que el entonces ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, había reconocido que la gravedad del coronavirus se conocía desde enero. Nada más lejos de la realidad: en una rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, había explicado que los investigadores españoles empezaron a trabajar activamente desde que se conoció la enfermedad en enero, pero el atestado policial concluía: "El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus".
No tardó el coronel Pérez de los Cobos en echar su pulso particular al ministro Grande-Marlaska. Primero recurrió ante Interior; después, confirmada su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid, acudió a la Audiencia Nacional. En primera instancia, un juez le dio la razón declarando ilegal la destitución, pero ahora, un tribunal de cinco magistrados ha revocado la decisión. Por unanimidad, lo que complica las expectativas que pueda tener el coronel en caso de que decida recurrir al Tribunal Supremo. Tiene treinta días para hacerlo. Destinado ahora en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, ha tratado de ascender a general, algo que rechazó el ministerio. El enfrentamiento no ha terminado.
El procés y la operación Kitchenoperación Kitchen
El recurso a los tribunales como una forma más de hacer oposición al Gobierno vive una escalada sin precedentes
Con una larga carrera en la Guardia Civil, Pérez de los Cobos –hermano del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos– fue asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior, pero la salida del PSOE en 2011 y la llegada del PP al Gobierno no impidió que siguiera ejerciendo de consejero para asuntos de seguridad en este departamento, donde más tarde fue nombrado director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad. Muy respetado entre sus compañeros, su nombre empezó a ser conocido en el marco del proceso independentista catalán al ser designado como coordinador del dispositivo policial que debía impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Por esta actuación fue el testigo estrella de la Fiscalía en los juicios celebrados en el Supremo contra los dirigentes políticos que lideraron el procés, y en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra. Fue en este último proceso cuando llegó el que puede considerarse el primer revés judicial para el coronel: su versión sobre la actuación del mayor Josep Lluís Trapero, con el que tuvo una mala relación desde el principio, fue ampliamente contestada en la sentencia, que acabó absolviendo al ahora jefe de la policía autonómica. A diferencia de lo que mantenía el coronel, los dos tribunales concluyeron que Trapero no estaba alineado con los planes independentistas del Govern de Carles Puigdemont.
El juicio al mayor no ha sido la última visita de Pérez de los Cobos a la Audiencia Nacional. El coronel declaró como testigo en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la operación Kitchen, el operativo parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. ¿El motivo? Durante los siete años en que estuvo al frente del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad se encargó de visar los gastos de fondos reservados que le iban llegando de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De este dinero público que se debe destinar a operaciones sensibles para la seguridad del Estado salieron los fondos para financiar el operativo ilegal. Su testimonio, según el cual él no conocía el pormenor de las operaciones, sirvió para poner en evidencia aún más el descontrol en la gestión del dinero, unos seis millones de euros, en el Ministerio del Interior.
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