El propio colectivo tiende a referirse a ella, y no sin motivos, como "la comunidad más discriminada". Las personas transexuales abanderan una lucha continua dentro del movimiento LGTBI por recuperar los derechos que les pertenecen y que, de una u otra forma, les son diariamente arrebatados. La invisibilización, el hostigamiento, los delitos de odio y la exclusión social son algunas de las constantes a las que se han visto obligados a hacer frente. Sólo en el año 2016, según documenta Transgender Europe, un total de 295 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo.
Los miembros de la comunidad transexual han tenido voz este martes en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos –celebrada en el campus de Cantoblanco, Universidad Autónoma de Madrid–, que hasta el miércoles se encarga de abordar las diferentes reivindicaciones y aristas de las que se compone el movimiento LGTBI.
Las personas trans se encuentran, en la actualidad, "sujetas a estereotipos" que las relegan a un segundo plano. "Parece que sólo estamos capacitadas para desarrollarnos en ámbitos muy concretos, como el espectáculo o el trabajo sexual", señala Carla Antonelli, diputada socialista de la Asamblea de Madrid. "Ha sido muy larga la lucha, y las personas trans hemos demostrado que estamos capacitadas para desarrollarnos en cualquier ámbito", ha expresado la diputada durante el coloquio sobre La situación actual de la comunidad trans en el mundo.
Pese a lo categórico de su alegato, el colectivo trans debe hacer frente de forma cotidiana a un terreno minado minuciosamente diseñado para impedir su total inserción y su aceptación social sin excepciones.
Invisibilidad
"Si hay un colectivo por el que nos tenemos que esforzar es el colectivo de mujeres y hombres trans, porque es el que peor lo está pasando en todo el mundo de entre todas las siglas LGTBI". Con estas palabras describe Carla Antonelli la situación actual de la comunidad trans en el mundo, que a su entender requiere de un compromiso común encaminado a darle visibilidad. La suya, añade, "es una carrera de fondo que hay que ganar".
En esta carrera de fondo los obstáculos no son pocos. Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Legislativa de Venezuela y activista en la Red LGTBI del país latinoamericano, subraya las consecuencias no sólo para el propio colectivo sino también a nivel global. Los estudios relativos al impacto sobre el PIB de los países en base a la exclusión derivada de la homofobia y la transfobia lo dejan claro: "Prácticamente el 98% de las personas trans al estar excluidas son incapaces de aportar al crecimiento de sus propios países de forma eficiente, por lo que hay un impacto negativo sobre el PIB", señala la activista.
Las causas, a su juicio, resultan evidentes. El escenario viene dado por fenómenos como el acoso escolar, la ausencia de posibilidades de inserción, de obtener una vivienda digna, o las numerosas dificultades que asumen las personas trans a la hora de ocupar espacios públicos. La realidad descrita viene determinada por "la transfobia que se convierte en una barrera de entrada para el goce de derechos fundamentales en igualdad", sostiene Tamara Adrián.
A la hora de vencer los obstáculos impuestos, continúa la activista, se conjugan dos elementos fundamentales: "La inclusión laboral y el equipamiento educativo por parte de los gobiernos".
En esta tarea llevan manos a la obra sindicatos y organizaciones sociales desde hace años. Comisiones Obreras y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) han elaborado de forma conjunta una guía dirigida a las empresas y sus trabajadores para la inserción de las personas trans. Cogam, por su parte, cuenta con un informe sobre LGTBfobia en las aulas donde propone medidas concretas para aplicar en el ámbito docente. Los menores trans, señala el documento, son quienes más riesgo de rechazo y de acoso escolar sufren: únicamente el 30% del alumnado de los centros de Educación Secundaria Obligatoria piensa que se acepta totalmente a sus compañeros y compañeras trans.
Las trabas sanitarias
La odisea de las personas trans no hace sino complicarse en el espacio sanitario. Todo aquel que decide acceder a la hormonación o a procesos quirúrgicos requiere, excepto en comunidades como Cataluña, un diagnóstico clínico de disforia de género.
Trinidad Labanca, doctora en la Unidad de Género de IM Clínic, denuncia las múltiples trabas que tiene que asumir el paciente trans a la hora de iniciar una intervención quirúrgica. Ser soltero, haberse sometido a evaluaciones psiquiátricas o haber alcanzado la mayoría de edad son algunos de los requisitos que ha expuesto Labanca durante la conferencia sobre los Avances sociosanitarios de la comunidad trans. "En algunas ocasiones se obliga a que el paciente haya transitado de uno a dos años, lo que retrasa enormemente el acceso a su integración social", subraya la doctora, quien considera que tales requisitos evidencian una "violación de los derechos humanos como consecuencia de la falta de participación de la comunidad trans".
Pero las trabas en el acceso sanitario no se reducen únicamente a las condiciones impuestas. El coste de las operaciones hace que ser transexual sea "tremendamente caro", debido al tiempo empleado en las operaciones, el tratamiento médico, quirúrgico, las complicaciones que pueden existir y el coste del proceso. "Si queremos abogar por la igualdad deberíamos plantearnos quién asume estos costes", reclama Labanca.
A principios de año, diversas organizaciones sociales denunciaron ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el desabastecimiento de los medicamentos Testex Prolongatum y Meriestra, utilizados por hombres y mujeres transexuales, respectivamente, para su tratamiento hormonal. El departamento dirigido por la ministra Dolors Montserrat se comprometió entonces a paliar la situación y aseguró estar trabajando por que en el plazo de dos años algún laboratorio español se interese y produzca medicamentos equivalentes.
Isidro García, cofundador de la Fundación Daniela, considera que el "avance que más necesita la comunidad trans es la despatologización y que sean las personas trans las que decidan cuáles son los tratamientos que quieren realizar".
En Cataluña, que a finales de 2016 permitió a las personas trans proceder a un cambio de sexo sin diagnóstico psiquiátrico, las operaciones "han ido aumentando exponencialmente". Entre los procesos quirúrgicos, el 70% responden a cirugía de reasignación sexual, el 21% a la feminización o masculinización corporal, y el 6% a la feminización facial, mientras que el 3% restante equivale a la corrección de procesos anteriormente realizados.
Recorrido en España
Según Transgender Europe, una veintena de países europeos obligan a la esterilización para el reconocimiento legal de género. En España, la ley 3/2007 permite el cambio de nombre y género en los documentos de identidad, pero no sin matices. Aunque la normativa española señala en su artículo uno que "toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo", el título cuarto impone un conjunto de requisitos para hacerlo.
Entre ellos, la ley incluye la obligación de que la persona solicitante "acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género", mediante "informe de médico o psicólogo clínico". Otra condición versa sobre el tratamiento médico "durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado".
Sanidad mantiene la transexualidad en un listado de enfermedades
Frente a la legislación estatal, existen "leyes autonómicas que se basan en la autodeterminación de género y la despatologización", señala Isidro García, quien sin embargo aclara que "no en todas las comunidades los procedimientos médicos están cubiertos por las instituciones". El colectivo LGTBI viene denunciando la disparidad reglamentaria en los distintos puntos del territorio español y reclama mayor uniformidad legislativa. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia o Madrid son algunas de las comunidades más avanzadas en la materia.
La diputada socialista Carla Antonelli entiende que la ley de 2007 fue "el primer paso para decirle al mundo que ser hombre o ser mujer iba mucho más allá de los genitales". Sin embargo, argumenta la diputada, el movimiento necesario ahora apunta a la eliminación del requisito de edad e informe psicológico. Siguiendo esta lógica, el PSOE pidió en febrero del presente año modificar la ley para su completa despatologización e incluir a los menores sin ningún tipo de requisito.
Desde el pasado año, la FELGTB trabaja sobre el borrador de la Ley de Igualdad LGTBI como el avance definitivo que necesitan tanto las personas trans como el colectivo en su conjunto. Entre las medidas más destacadas se encuentran la aclamada despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género.
El propio colectivo tiende a referirse a ella, y no sin motivos, como "la comunidad más discriminada". Las personas transexuales abanderan una lucha continua dentro del movimiento LGTBI por recuperar los derechos que les pertenecen y que, de una u otra forma, les son diariamente arrebatados. La invisibilización, el hostigamiento, los delitos de odio y la exclusión social son algunas de las constantes a las que se han visto obligados a hacer frente. Sólo en el año 2016, según documenta Transgender Europe, un total de 295 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo.