El PNV quiere ser el principal promotor de la reforma en profundidad del estatuto de autonomía del País Vasco, en la que los grupos del Parlamento llevan trabajando varios meses. Por ello, los nacionalistas hicieron públicas hace unos días las líneas maestras de su propuesta de reforma, en las que proponen que el nuevo estatuto contemple el "derecho a decidir" de Euskadi –aunque dentro de la legalidad, con una fórmula que no se especifica– y el reconocimiento del País Vasco como una nación. La propuesta del PNV también contempla la asunción de nuevas competencias en materia de justicia, seguridad social o política exterior, así como el blindaje del concierto económico.
La semana pasada se reunió la ponencia del Parlamento Vasco en la que todos los partidos discuten las reformas que, a su juicio, debe experimentar el estatuto vasco, que data de 1979. Varios partidos presentaron sus propuestas, aunque es el PNV el que probablemente lleve la voz cantante como primer partido de la cámara vasca. Su borrador [consúltalo en PDF] sugiere que es necesario que Euskadi consiga un "concierto político" que acompañe al concierto económico que rige su relación a nivel fiscal con el Estado, y plantea la necesidad de que este concierto suponga el blindaje de las competencias ya asumidas por la comunidad y la adquisición de algunas nuevas, como las relativas a la administración de justicia.
El derecho a decidir también se contempla dentro del texto, aunque de forma ambigua y sin que se mencione en ningún momento la posibilidad de acceder a la independencia. Esta actitud ha soliviantado a EH Bildu, que ha criticado que en el borrador del PNV "no aparezca textualmente el derecho a decidir o que haya desaparecido la consulta habilitante". No obstante, la formación abertzale se ha mostrado dispuesta a pactar con el PNV y ha señalado que la "música" de su propuesta es "adecuada", aunque ha matizado que "otra cosa es cómo va a poner el PNV esa música en el pentagrama".
Reconocimiento como nación
Ciertamente, el documento de los nacionalistas vascos es un borrador, pero esa "música" a la que se refiere Bildu es bastante clara en algunos aspectos, entre ellos uno de carácter simbólico: el reconocimiento de Euskadi como una nación. En su propuesta, los nacionalistas señalan que el nuevo estatuto "debe expresar que Euskal Herria es un pueblo con identidad propia, en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio lingüístico, cultural y jurídico-institucional propio, que ha pervivido a lo largo de la Historia, y asentado geográficamente sobre siete territorios que en la actualidad se encuentran políticamente articulados en dos Estados europeos", España y Francia.
"El Pueblo Vasco es Nación porque cumple con todos los parámetros establecidos en el derecho comparado y porque, además, así lo reconoce e identifica una mayoría de su ciudadanía", sostiene en este sentido el PNV. Y eso implica, según el borrador, que es depositario de unos "derechos históricos" reconocidos en la Constitución, que deben servir como base para "configurar un nuevo modelo de relación de Euskadi con el Estado" de "naturaleza confederal". Eso implicaría que el País Vasco debería ver reconocida su soberanía y constituirse como un Estado para, posteriormente, confederarse con España.
Derecho a decidir
En el borrador de reforma hecho público por el PNV no se contempla expresamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskadi. No obstante, sí se enuncia de forma más ambigua que la ciudadanía vasca tiene derecho "a decidir su estructura política y su régimen de convivencia, esto es, a decidir sobre su futuro". Para ello, señala el texto, la "voluntad mayoritaria de la ciudadanía" tendrá que tener "un valor normativo relevante".
Y aunque "es necesario establecer que la actualización del Autogobierno vasco debe atender el principio de legalidad", según apunta el PNV, esa legalidad "no debe provocar la vulneración del principio democrático", ya que "la decisión de la ciudadanía vasca" debe tener "un valor relevante y primario", señala el borrador. "La moderna sociedad democrática [...] no concibe una fórmula de convivencia política que no cuente con el refrendo de la ciudadanía", defiende el PNV en su propuesta.
Las nuevas competencias
Más allá de la discusión sobre la soberanía y el estatus territorial del País Vasco, la propuesta del PNV recoge un amplio catálogo de competencias que, a juicio de los nacionalistas, el nuevo estatuto debería blindar como propias de la comunidad. Además, tanto las antiguas competencias como las que asumiera la administración vasca estarían sujetas al arbitrio de un "sistema de garantías que impida la modificación unilateral" del acuerdo con el Estado. Ese sistema consistiría en una mesa bilateral en la que los gobiernos vasco y central se sentarían al mismo nivel para resolver "las diferencias y conflictos de carácter competencial", y que dejaría al Tribunal Constitucional como "última instancia" a la hora de solucionar estos choques.
En cuanto a las competencias, el nuevo estatuto debería recoger –para el PNV– explícitamente que será competencia de la administración vasca lo relacionado con la "lengua y cultura", así como con las materias de "educación, seguridad, empleo público, derecho civil" y régimen del Concierto Económico". El estatuto también consagraría la particular organización institucional de Euskadi, que además de las instituciones autonómicas y municipales escoge de forma directa a los integrantes de las diputaciones forales, entes con mucho más poder que las diputaciones provinciales del resto de comunidades.
Además, el PNV reclama la transferencia de dos nuevas competencias del Estado: la administración de Justicia y todo lo relacionado con las relaciones laborales y la seguridad social. "Se reconocerá [...] la capacidad de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco", apunta el texto, lo que implica que la política penitenciaria también pasaría a depender del Gobierno vasco y establecería al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como la corte de "culminación ordinaria de los asuntos", aunque se seguiría respetando "la preeminencia del Tribunal Supremo" en lo relativo a "la legislación dictada por el Estado".
En el mismo sentido, el borrador establece que "los poderes públicos vascos" serán los titulares de "todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social". De esta forma, Euskadi constituiría una seguridad social independiente, aunque el proyecto matiza que se contemplarán "mecanismos de cooperación y de solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español".
Por otra parte, y según la propuesta, el nuevo estatuto debe también dejar claro el dominio de la administración vasca sobre el territorio de la comunidad autónoma. Así, serán "las instituciones vascas" las que tengan, según el borrador, "la titularidad [...] de los recursos naturales de su ámbito territorial –que se extiende hasta el mar territorial– y de las infraestructuras sitas en el mismo", ya sea en régimen de propiedad privada o de dominio público.
El concierto y el 135 de la Constitución
La propuesta del PNV también establece que el nuevo estatuto deberá blindar el concierto económico como el mecanismo que "operará sobre las relaciones con el Estado en todos y cada uno de los órdenes de naturaleza económica: el financiero, económico y fiscal". Y, dada esa preeminencia del concierto, Euskadi tendría derecho –siempre según el borrador– a modular la aplicación del polémico artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda pública. La "autonomía financiera" de la comunidad, señala el texto, "no puede resultar constreñida por la imposibilidad de participar y la asunción unilateral por el Estado del procedimiento de distribución de los límites del déficit y de la deuda entre los distintos niveles administrativos".
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El papel internacional de Euskadi
Buena parte del documento se dedica a establecer la visión del PNV sobre el papel que debe tener el gobierno vasco a nivel internacional. Para los nacionalistas, las instituciones autonómicas tienen que asumir un papel protagonista en Europa, y de hecho el PNV propone incluso que el estatuto establezca que Euskadi tendrá derecho a sentarse directamente en los foros de la UE donde se traten asuntos que le afecten y de los que tenga competencias.
En este sentido, para los nacionalistas la administración vasca tendría que tener representación directa en "los órganos consultivos del Consejo y la Comisión" europeas, así como en el Ecofin, la reunión de los ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros. Según la propuesta, Euskadi también tendría las competencias para gestionar "los fondos estructurales" concedidos por la UE, y podría firmar "acuerdos internacionales administrativos" sobre materias de su competencia.
El PNV quiere ser el principal promotor de la reforma en profundidad del estatuto de autonomía del País Vasco, en la que los grupos del Parlamento llevan trabajando varios meses. Por ello, los nacionalistas hicieron públicas hace unos días las líneas maestras de su propuesta de reforma, en las que proponen que el nuevo estatuto contemple el "derecho a decidir" de Euskadi –aunque dentro de la legalidad, con una fórmula que no se especifica– y el reconocimiento del País Vasco como una nación. La propuesta del PNV también contempla la asunción de nuevas competencias en materia de justicia, seguridad social o política exterior, así como el blindaje del concierto económico.