El Gobierno de Mariano Rajoy encara en los últimos días de septiembre dos asuntos clave para su estabilidad. El más grave de ellos es la pretensión de la Generalitat de Cataluña de celebrar un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma el 1 de octubre. El otro, el arranque de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros pretende dar luz verde a este proyecto. En el caso de las relaciones entre el Gobierno y el partido que le sostiene –el PP– y el PNV ambos asuntos se cruzan.
Si la semana pasada los nacionalistas avisaban a Mariano Rajoy de que una reacción "exacerbada" en Cataluña en lo relacionado con el 1-O podría poner en riesgo a las cuentas públicas, en las últimas horas ha crecido el grado de las advertencias. Este martes, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguraba no disponer información de los Presupuestos que el viernes se debatirán en el Consejo de Ministros.
A la vez, desde el Gobierno vasco se advertía de que este mismo viernes la vicepresidenta del Gobierno y máxima responsable de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, recibirá un informe con un listado de las transferencias pendientes. ¿La finalidad? Que el Ejecutivo "cumpla íntegramente" el Estatuto de Gernika.
Las fuentes conservadoras consultadas ven en esta sucesión de declaraciones la "incomodidad" de los nacionalistas vascos con la situación en Cataluña. Y consideran que, de cara a los Presupuestos, están "calentando el ambiente", "tensando la cuerda".
Una posición "sin fijar"
En todo caso, se muestran convencidos de que los nacionalistas vascos no tienen todavía fijada su posición respecto a unas cuentas públicas sobre las que no ha habido mesas de negociación y no ven cerca un escenario de ruptura entre ambas formaciones. Así, recuerdan que el PNV dio luz verde al techo de gasto para 2018, el paso previo a los Presupuestos. Y el PNV responde que no se trató de un cheque en blanco.
Como ocurrió en la reciente aprobación de las cuentas para el ejercicio en vigor, los cinco escaños de los nacionalistas vascos son fundamentales para que Mariano Rajoy saque adelante las de 2018.
Pasa salvar las cuentas, el PP necesita la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), lejos de los 134 diputados que componen su grupo parlamentario. Con su socio de investidura Ciudadanos (32 escaños), Foro Asturias (1), UPN (1), PAR (1) y Coalición Canaria (1), los conservadores están todavía a 6 escaños de la mitad más uno de los parlamentarios. Para las cuentas en vigor esos seis diputados fueron los 5 del PNV más Pedro Quevedo de Nueva Canarias.
Si con las de 2017 aprobadas, los conservadores se aseguraron media legislatura, las de 2018 proporcionarían algo más de oxígeno al Gobierno, alejarían algo más un adelanto electoral en una situación muy complicada por el desafío soberanista.
La reacción de los nacionalistas viene a quebrar parte del discurso del PP del momento en que lograron el sí a las cuentas de 2017. El Ejecutivo, aseguraban, había logrado vincular gran parte de los compromisos de 2017 a los de 2018, por lo que tenía prácticamente garantizados los mismos apoyos.
La lista de las transferencias
El listado de transferencias que el Gobierno vasco reclama al Gobierno llegará a Santamaría a prácticamente una semana del 1-O. A día de hoy, el Ejecutivo autonómico no precisa el catálogo completo, pero Erkoreka avanzó que no serán 34 como se establecía en anteriores documentos, informa Europa Press. No obstante, en ese listado no faltan la gestión económica de la Seguridad Social y la de las prisiones.
Hasta el momento, desde el PP, se han enfriado estas demandas de los nacionalistas. Hace unos días, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, pidió un "ejercicio de responsabilidad" a los partidos que sustentan el Gobierno vasco –PNV y PSE-EE– de cara a la aprobación de las cuentas públicas para 2018. A su juicio, la transferencia de competencias a Euskadi, como la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o prisiones, "no puede plantearse en ningún caso como condición para poder seguir colaborando" y no puede suponer "un obstáculo para que la colaboración pueda seguir entre los partidos y los gobiernos".
Los acuerdos de las cuentas de 2017
En el acuerdo firmado el pasado mayo entre Rajoy y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por el que el Grupo Vasco acabó apoyando los Presupuestos, se incluyó una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que situaba la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023.
Junto a la rebaja, el Gobierno accedió a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios. El impacto que el acuerdo en conjunto, sin contar las inversiones ferroviarias, podría tener en las cuentas de 2017 es cercano a los 4.000 millones.
El Ejecutivo asume que el 1-O aleja al PNV y teme que la relación no se pueda "encauzar"
Actuación en Cataluña
Este martes, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, salió a asegurar que tanto el Ejecutivo autonómico como su lehendakari, Iñigo Urkullu, mantienen con el PNV una "sintonía absoluta" respecto a Cataluña y aquellas medidas que se han de adoptar. Así respondía preguntado sobre si existían diferencias entre Gobierno autonómico y partido después de que cargos del PNV asistieran a manifestaciones pro 1-O mientras Urkullu ha sostenido que el referéndum no cuenta con todas las garantías que debiera.
La clave, según Erkoreka, es que Rajoy "no está respondiendo a la reclamación de hacer política" en Cataluña. A su juicio, lo que procede es "apelar al diálogo, practicar el diálogo y hacer política".
El Gobierno de Mariano Rajoy encara en los últimos días de septiembre dos asuntos clave para su estabilidad. El más grave de ellos es la pretensión de la Generalitat de Cataluña de celebrar un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma el 1 de octubre. El otro, el arranque de las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros pretende dar luz verde a este proyecto. En el caso de las relaciones entre el Gobierno y el partido que le sostiene –el PP– y el PNV ambos asuntos se cruzan.