El programa electoral con el que el PP de Pablo Casado se presentó a las últimas elecciones, en noviembre de 2019, dedica apenas un par de párrafos a la política exterior española. Y en ninguno de ellos hace referencia a África, al Magreb ni mucho menos a Marruecos.
El primero habla de recuperar la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El segundo propone reforzar la relación con los Estados Unidos —presididos en aquel momento por Donald Trump— y promover que Rota se convierta en la base de la VI Flota. Y ahí acaba todo.
No siempre ha sido así. La cuestión del Sáhara formó parte de casi todos los programas electorales de Manuel Fraga, de José María Aznar y de Mariano Rajoy. De hecho, la última vez que el PP incluyó este asunto en su oferta electoral fue en 2016. Entonces los conservadores apoyaban el papel central de la ONU y la búsqueda de “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”.
Pero desde que llegó a la presidencia del PP Casado nunca ha hecho referencia al Sáhara Occidental. No al menos en términos de trasladar propuestas de solución o de demandarlas. En sesión de control sólo ha mencionado en dos ocasiones a la antigua colonia española. La primera, para poner en evidencia las diferencias de criterio entre PSOE y Unidas Podemos. La segunda, para ridiculizar al Gobierno porque no supiese con antelación que Donald Trump iba a reconocer el Sáhara como territorio marroquí.
El PP no respondió este jueves a las preguntas de infoLibre sobre la posición actual del partido sobre el Sáhara Occidental. En los tres años que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa, los mismos que Casado ha estado al frente del principal partido de la oposición, el presidente del PP apenas ha hecho referencias a Marruecos más allá de la necesidad de cuidar la relación en ese país y de criticar al Gobierno en todo lo que se refiere a sus relaciones con Rabat.
Empezando por el hecho de que Sánchez no eligiese Marruecos como su primera visita oficial en calidad de presidente. O que el vicepresidente Pablo Iglesias publicase un tuit el año pasado respaldando la celebración de un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto del Sáhara, tal y como estableció en su día la ONU y como el propio PP apoyó, aunque sólo fuese formalmente, al menos hasta el mandato de Rajoy.
El PP de Casado mantiene relaciones con dos partido marroquíes clave. De hecho, él mismo se entrevistó por vía telemática, apenas unos días antes de que Marruecos pusiese en marcha la operación para desbordar la frontera facilitando la llegada de miles de migrantes, con los líderes de ambos.
Casado habló con Nizar Baraka, secretario general del Istiqlal, y con Aziz Ajanuch, presidente del Partido Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI). La primera es una formación con décadas de historia y un programa marcadamente nacionalista, en el que destaca no sólo la reivindicación del Sáhara sino de Ceuta y Melilla.
El segundo, el RNI, es mucho más reciente. Es un partido instrumental muy vinculado a la voluntad del monarca alauita, Mohamed VI, lo que ha hecho de su líder, Aziz Ajanuch, amigo personal del rey, un hombre muy influyente.
Ajanuch, poseedor de una de las mayores fortunas de su país gracias al negocio petrolero, ejerce su influencia en el Gobierno a través del poderoso Ministerio de Agricultura y Pesca, lo que le convierte en un interlocutor clave de la Unión Europea y con seguridad en una pieza decisiva en el conflicto pesquero que ha llevado a los tribunales europeos la explotación de los recursos del Sáhara Occidental y que es uno de los elementos que, según todos los expertos consultados por infoLibre, está en el origen de la crisis de Ceuta.
Las amenazas del aliado político de Casado
Ajanuch ya amenazó en 2017 con facilitar la llegada de migrantes a España si la Unión Europea impedía a Marruecos comerciar con los productos del Sáhara Occidental. amenazóCualquier obstáculo respecto a los acuerdos agrícolas y de pesca conllevaría el riesgo de que se reanudase “el flujo migratorio que Marruecos, mediante un esfuerzo sostenido, ha conseguido gestionar y contener”, advirtió en aquellos días el Gobierno de Rabat después de que el entonces comisario europeo de Medioambiente, el español Miguel Arias Cañete (del PP), asegurara que los acuerdos entre la UE y Marruecos “se aplicarán teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”.
El líder del RNI declaró entonces a la agencia Efe: “¿Cómo queréis [los europeos] que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros? ¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes y darles empleo [a los africanos establecidos en Marruecos]?”
Ajanuch había recibido un año antes, en 2016, concedida por el Gobierno de Rajoy, la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario y Pesquero, la condecoración más importante en el sector agroalimentario español.
Que la entrevista de Casado con Ajanuch y Baraka está vinculada con lo ocurrido en Ceuta lo reconoció en su día implícitamente el PP, que nada más celebrarse la reunión telemática presentó en el Congreso una batería de iniciativas pidiendo explicaciones el Gobierno por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que está siendo atendido en un hospital y que, según la Embajada marroquí en Madrid, es la causa por la que este país dejó de vigilar la frontera con Ceuta para facilitar la llevada masiva de migrantes.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en cambio, aseguró este jueves que la reunión de Casado con Ajanuch y Baraka se produjo porque el líder de la oposición “vio venir esta crisis” con el país vecino y tuvo “mucha más visión” que el presidente del Gobierno. Si el PP estuviese gobernando esto “no habría ocurrido”, sentenció.
El propio Casado se entrevistó con la embajadora marroquí, Karima Benyaich, el pasado 24 de noviembre después de que el vicepresidente Iglesias se mostrase favorable a la solución del referéndum para el conflicto del Sáhara.
El líder del PP no ha explicado hasta ahora en qué consiste la política que su partido defiende para Marruecos más allá de comprometerse “a intensificar una relación de vecindad estratégica”, que considera “fundamental para la Unión Europea, el espacio atlántico, la región del Magreb y el continente africano”, según reza una nota de prensa difundida por el partido tras la entrevista con los líderes del Istiqlal y el RNI.
El vínculo del PP con estos partidos es a menudo objeto de reproche por parte del Frente Polisario. Su representante en España, Abdulah Arabi, considera “sorprendente que las formaciones políticas marroquíes que tienden la mano al Partido Popular en su campaña de desprestigio contra el pueblo saharaui y su presidente, sean las mismas que en sus movilizaciones internas señalan a España como enemigo de la denominada integridad territorial del Reino de Marruecos”.
Istiqlal, recuerda Arabi, sigue defendiendo en sus resoluciones que “la integridad territorial de Marruecos quedará incompleta sin recuperar todas las tierras marroquíes ocupadas, incluidas Ceuta y Melilla”. En fecha tan reciente como el pasado 11 de enero declaró que “la lucha por la libertad e independencia solo completará sus objetivos con la recuperación de todas las tierras marroquíes aún bajo colonización”, sin que eso haya merecido reproche alguno, al menos de carácter público, por parte de Casado.
El giro de guion del expresidente Donald Trump de considerar el Sáhara como territorio marroquí a cambio de que Marruecos reconociese oficialmente el Estado de Israel impulsó una ofensiva diplomática y política que la mayoría de observadores sitúan en el origen de la suspensión, nunca aclarada, de la reunión de alto nivel que los gobiernos de Madrid y Rabat iban a celebrar el pasado diciembre. Y que el PP se apresuró a relacionar con el malestar del país vecino con Iglesias.
La decisión de Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha puesto “presión sobre España”, si bien la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, con “una política exterior donde los derechos humanos y la democracia tengan un nuevo protagonismo, debe jugar a favor de España”. Esa es, al menos, la opinión del Real Instituto Elcano, expresada a través de su informe España en el mundo en 2021: perspectivas y desafíos.
Las consecuencias de la decisión de Trump
“El júbilo mostrado por Marruecos [tras la decisión de Trump] y el anuncio de abandono del alto el fuego por parte del Frente Polisario”, señala el citado documento, “muestran que este movimiento no ayuda en absoluto a la búsqueda de una solución negociada ni a la construcción de un Magreb más integrado y estable. Una carrera armamentística entre Argelia y Marruecos y el recurso al nacionalismo para atajar crisis estructurales no son buena noticia. España debe trabajar con sus socios europeos y con la nueva Administración Biden para contrarrestar los efectos desestabilizadores de una decisión que reconoce hechos consumados al margen de la legalidad internacional”.
España “también debe contribuir a recuperar la vía negociadora entre las partes del conflicto y los países vecinos, empezando por el nombramiento de un nuevo enviado personal del secretario general de la ONU, puesto que está vacante desde mayo de 2019”. Exactamente la misma política que está llevando a cabo la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como ella misma explicó en el Congreso el pasado mes de febrero.
Porque la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia es la defensa de la celebración del referéndum acordada por Naciones Unidas, que exige el Polisario pero rechaza Marruecos. La misma que defendió el PP hasta Rajoy y que en la práctica supone dejar enteramente la iniciativa para resolver el problema en manos de Naciones Unidas, una organización que ni siquiera tiene ya a alguien encargado de resolver el conflicto porque el último enviado personal del secretario general para la zona, el alemán Horst Köhler, dimitió en 2019. Y su plaza sigue vacante.
Desde los años noventa hay un consenso político y diplomático en España en relación con Marruecos del que participan el PSOE y también el PP, al menos hasta Mariano Rajoy. Si bien hubo una época, tras las elecciones de 2004, en la que dentro del PP convivían dos tendencias, como reflejó en su día Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter (Reino Unido). Una más ideologizada, defendida por el sector próximo al pensamiento neoconservador, representado por el propio expresidente Jose María Aznar y la Fundación FAES, y otra “realista”, organizada en torno a su sucesor, Mariano Rajoy.
Ese consenso entre ambos partidos se basa en la consolidación de la interdependencia económica de ambos países, algo para lo que los analistas han acuñado el concepto de “colchón de intereses”.
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Esa estrategia se ha desarrollado teniendo en cuenta la necesidad de hallar un equilibrio en las relaciones con Marruecos y Argelia en el que todas las partes se beneficien —algo muy difícil de conseguir, subraya Fernández-Molina, porque las relaciones entre estos dos países siguen sin mejorar—. Y buscando europeizar las relaciones con el Magreb para hacer valer así el peso de la Unión Europea en su conjunto, sobre todo en relación con los acuerdos de pesca —ahora en cuestión—.
Donde sí es fácil hallar diferencias marcadas entre el PSOE y el PP es cuando están en la oposición. Un buen ejemplo lo protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero como secretario genertal del PSOE durante el conflicto del islote Peregil, cuando Aznar era el presidente. En aquella ocasión, que contrasta vivamente con la actitud que está teniendo estos días Pablo Casado en relación con la crisis ceutí, Zapatero defendió “sin complejos” la actitud del Ejecutivo defendiópor entender que en aquel momento la única prioridad era defender los intereses de España.
El entonces secretario general del PSOE defendía, como líder de la oposición, que la inmigración no fuese un elemento de controversia política y abogaba por “desterrar la demagogia”.
El programa electoral con el que el PP de Pablo Casado se presentó a las últimas elecciones, en noviembre de 2019, dedica apenas un par de párrafos a la política exterior española. Y en ninguno de ellos hace referencia a África, al Magreb ni mucho menos a Marruecos.