Una de las consecuencias de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones es que todas las iniciativas depositadas en las Cámaras que no hayan sido aprobadas decaen. Es decir, que si los grupos parlamentarios siguen interesados en que se aprueben determinadas leyes, todo vuelve a la casilla de salida y deben empezar el proceso desde cero.
Esa consecuencia es aplicable también a las declaraciones de actividades de los diputados. Depositadas en el registro de intereses del Congreso, no serán públicas hasta que el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sea elevado a Pleno y aprobado. Dado que dicha Comisión acaba de constituirse y que agosto no es un mes hábil a efectos parlamentarios, la posibilidad de nuevas elecciones amenaza la publicación de las declaraciones de actividades de los diputados. Una de esas declaraciones en el punto de mira es la de Adolfo Suárez Illana, diputado del PP y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja.
Según desveló infoLibre la semana pasada, Adolfo Suárez Illana, número dos del PP por Madrid en la lista que encabezó Pablo Casado, ocultó en su Declaración de Actividades que es administrador único de una empresa —Suárez & Illana Inversiones SL— que tiene intereses económicos millonarios en Andorra. En concreto, a 31 de diciembre de 2018, tenía en la entidad Vall Banc una cartera de valores de unos 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones.
Adolfo Suárez tenía que haber declarado en el Congreso su doble condición de socio único y de administrador único de la compañía. Tenía que haber incluido en su Declaración de Bienes que es el dueño del 100% de las acciones de dicha empresa –lo que hizo correctamente– y haber señalado en su Declaración de Actividades que es el administrador único de la sociedad, algo que omitió.
Cuando desde este diario se informó el pasado martes al PP de la publicación de la información relativa a Suárez Illana, su portavoz indicó que iba a presentar de inmediato una ampliación de su declaración para incorporar los datos omitidos al principio, aunque entendía que no era obligatorio. Pero si se convocasen nuevas elecciones, la declaración de Suárez y la del resto de diputados podrían no llegar a ser públicas.
"Muy ajustados"
Si el 23 de septiembre no hay candidato a la Presidencia del Gobierno investido, se disolverán las Cortes para la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre. En este supuesto, para que las declaraciones de actividades de sus señorías de esta XIII Legislatura sean públicas, tendría que aprobarse el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados antes de esa fecha y con tiempo para ser introducido en el orden del día de un Pleno. Todas las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre coinciden en que los plazos son "muy ajustados" y que existe un alto riesgo de que estos datos no vean la luz.
Y son ajustados porque la Comisión tendría las primeras semanas de septiembre para estudiar una a una las declaraciones de actividades que consignaron los diputados al acreditarse en el Congreso después de las elecciones y, después, emitir el dictamen con las actividades que se les autoriza (o no) compatibilizar con el escaño. Una vez elaborado, el dictamen pasa al Pleno para ser aprobado.
La LOREG, la ley electoral, refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar.
¿Pasar por la Diputación Permanente?
¿Habría una vía más ágil para que se aprueben las declaraciones antes de una eventual convocatoria electoral? Algunas de las fuentes consultadas apuntan a que, siendo agosto inhábil a efectos parlamentarios, sería necesario la convocatoria de una Diputación Permanente, el órgano que sustituye las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, que a su vez autorizase una sesión extraordinaria de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Sería la citada comisión la que tendría que revisar las declaraciones y elaborar el dictamen. "En este caso, los plazos seguirían siendo muy apurados", consideran.
En la XI legislatura, que fue corta tras transcurrir los dos meses sin candidato investido desde la primera de las votaciones, sí se conocieron estas declaraciones de actividades. Las elecciones fueron convocadas el 20 de diciembre de 2016. El dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado fue aprobado el 21 de abril y fue ratificado por el pleno el 28 de abril. El 3 de mayo se disolvieron las Cámaras para una nueva convocatoria de elecciones generales.
Junto a las comisiones de Peticiones y Reglamento, la Comisión del Estatuto de los Diputados integra las comisiones permanentes no legislativas del Congreso de los Diputados.
La de esta XIII Legislatura fue constituida el pasado 30 de julio. Su presidenta es la diputada socialista Begoña Nasarre Oliva.
La página web del Congreso de los Diputados —igual ocurre en la del Senado— dedica un apartado a cada uno de los parlamentarios en el que se ofrece una especie de ficha con los principales datos del político, sus funciones dentro de las diferentes comisiones, su correo electrónico de contacto y un enlace a sus declaraciones de bienes y rentas y a la de actividades. Las de bienes y rentas del grueso de sus señorías ya son accesibles. En el caso de las de actividades, al acceder al enlace de cada uno de los diputados electos en las generales del 28A, puede leerse el siguiente mensaje:
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"La publicidad del documento elaborado por la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que consten las actividades declaradas, exige que haya recaído acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados sobre dichas actividades, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 2.a) del Acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban normas en materia de registro de intereses".
Tradicionalmente, los dictámenes se aprobaban por unanimidad. Pero en la pasada legislatura, el PSOE se desmarcó del resto de grupos al considerar que la autorización al pluriempleo de los diputados debería reducirse al mínimo. Los socialistas eran partidarios de que sólo se permitiese la compatibilidad con la docencia ocasional, el ejercicio profesional puntual sin remunerar y la creación literaria o la participación en programas de medios de comunicación, también sin remunerar.
Los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de éstas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios como Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.
Una de las consecuencias de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones es que todas las iniciativas depositadas en las Cámaras que no hayan sido aprobadas decaen. Es decir, que si los grupos parlamentarios siguen interesados en que se aprueben determinadas leyes, todo vuelve a la casilla de salida y deben empezar el proceso desde cero.