Derogar la ley de Memoria Democrática autonómica, aplicar el veto parental y reformar la ley trans. Son solo algunas de las cuestiones que han pactado PP y Vox en Aragón para investir al popular Jorge Azcón como presidente, un acuerdo cargado de ideología en el que Vox impone su sello. La extrema derecha ha logrado una vicepresidencia y dos consejerías, Aragón sigue así sigue la senda de otras autonomías como Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura, en las que el PP ya gobierna en coalición con los de Santiago Abascal. Hasta la fecha los ultras solo se han quedado fuera del Gobierno en Baleares tras firmar un acuerdo programático.
Han sido los portavoces de ambas formaciones en Las Cortes, Ana Alós (PP) y Alejandro Nolasco (Vox) los encargados de comparecer este viernes al mediodía para suscribir el acuerdo de 80 puntos. El gran ausente ha sido Azcón, que tomará posesión del cargo el próximo miércoles, y solo se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter, desde la que ha asegurado que el suyo será un gobierno "de los aragoneses" que anteponga a la región "por encima de todo".
Nolasco será vicepresidente primero y tendrá la cartera de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Además, Vox también dirigirá la consejería de Agricultura y Ganadería pero sin las competencias de Medio Ambiente, como es lo habitual, ya que la ultraderecha se declara negacionista del cambio climático.
Vox prioriza las consejerías de agricultura frente al resto
Se repite el mismo patrón en todos los gobiernos que Vox comparte con el Partido Popular: la consejería de agricultura cae de su lado. Sucedió primero en Castilla y León, donde los de Santiago Abascal gobiernan desde hace más de un año, y también en el resto de autonomías en las que han entrado tras el 28M. Es más, la única cartera que Vox tiene en Extremadura es, precisamente, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. El PP no tiene problema en cederle la bandera del campo a los de Abascal, que buscan ser la referencia política para los que viven del sector agrario. Para muestra, la campaña del 23J, en la que Vox colgó banderolas con el eslogan 'Vota campo' por un lado y la foto del líder del partido por el otro.
La ultraderecha española tiene un voto abrumadoramente masculino en todos los ámbitos. En el campo español siempre han trabajado también las mujeres, pero los titulares de las explotaciones, los que poblaban y siguen poblando esos entornos rurales, esos cotos de caza, esas agrupaciones agrarias son principalmente hombres. Quienes se han quedado en los pueblos a trabajar las tierras y el ganado heredado de sus familias son sobre todo hombres. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo se refiere a esto con frecuencia: “Faltan mujeres en el campo para fijar población” (es decir, reproducirse).
En 2019, Vox logró romper el bipartidismo en las provincias menos pobladas, donde PP y PSOE resisten los cambios políticos gracias a su implantación territorial y al sistema electoral español, pero no ha podido mantener esa fuerza. A diferencia de Podemos y Ciudadanos, la formación ultraderechista logró crecer homogéneamente en entornos urbanos y rurales. Encontró un granero de votos en la España interior, en la España de provincias pequeñas y pueblos.
Sin embargo, el resultado de las últimas generales revela que la formación ultra ha perdido fuelle en regiones del interior como Castilla y León, donde las organizaciones agrarias tienen mucho peso. El pasado 23J la mayoría de votantes conservadores concentraron su voto en torno al partido de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha pasó de tener seis escaños a quedarse solo con uno. La estrategia de buscar en el malestar del campo su granero de votos llevó a su consejero, Gerardo Dueñas, a tratar se suavizar los protocolos de prevención de la tuberculosis bovina el pasado mes de junio, lo que terminó con un detenido y varios policías heridos por una protesta ganadera en la delegación territorial de la Junta en Salamanca.
A la 'caza' del voto cazador
La caza ha sido otra de sus banderas, una cuestión que sigue teniendo gran importancia en España y ha hecho mucho daño, por ejemplo, al PSOE en favor de Vox en Andalucía. La Real Federación Española de Caza (RFEC) es la tercera federación con más licencias en España, sólo por detrás del fútbol y el baloncesto. Un sector que, según el lobby cinegético Fundación Artemisan, emplea a 187.000 personas, genera el 0,3% del PIB y mueve 6.500 millones de euros.
El predominio del voto conservador en el ámbito rural es un fenómeno de época. Las protestas contra la inflación de los sectores agrícola, cazador y transportista, con fuerte presencia del mundo rural, pusieron a la izquierda en el centro de la diana y mostraron sintonía con posiciones de PP y Vox. Los de Abascal han desarrollado su propia estrategia para marcar perfil rural, con un discurso de agravio frente al "progre urbanita" que explota el malestar social y la incertidumbre de sectores económicos muy dependientes de la energía, como la agricultura, al tiempo que se erige en defensor tradicionalista de estilos de vida genuinos.
Con todo los políticos de Vox, muchos provenientes de élites urbanas, tienen claro a quienes se dirigen: acostumbran a pisar el campo con prendas de tono verde oscuro que realmente se parecen más a las que usan los cazadores pudientes de las capitales que a las que emplean los agricultores y ganaderos en su trabajo diario en el campo.
La fuerte oposición a la ley de bienestar animal
Vox busca en el malestar del campo el granero de votos que Trump encontró en la minería
La ley de bienestar animal, la primera norma estatal que regula la relación con los animales de compañía, puso en pie de guerra desde el primer momento a las asociaciones cinegéticas, que alegaban que el Ejecutivo estaba prohibiendo, de facto, la caza. La Real Federación Española de Caza exigió la retirada de varios puntos de la ley, como la prohibición del tiro al pichón y del silvestrismo, así como las nuevas exigencias de esterilización de animales domésticos.
La presión fue tal que el PSOE finalmente excluyó a los perros de caza, rehalas, de trabajo y animales auxiliares del proyecto de ley, provocando malestar en la coalición, especialmente en el ministerio de Derechos Sociales dirigido por Ione Belarra como impulsor de la norma. A los socialistas les preocupa esa derechización del electorado rural y durante la legislatura que expira han tratado de hacerle guiños a través del ministro de Agricultura, Luis Planas.
"Tenemos un poco complejo de partido urbano, a veces me da la impresión de que tenemos una visión donde sólo tres meses antes de las elecciones nos enteramos de que, por ejemplo, hay diez circunscripciones que tienen cuatro escaños y ocho que tienen tres escaños. Y en esas 18 provincias puede estar el Gobierno de España”, advertía ya Planas en el 40º Congreso Federal del PSOE de octubre de 2021 en València.
Derogar la ley de Memoria Democrática autonómica, aplicar el veto parental y reformar la ley trans. Son solo algunas de las cuestiones que han pactado PP y Vox en Aragón para investir al popular Jorge Azcón como presidente, un acuerdo cargado de ideología en el que Vox impone su sello. La extrema derecha ha logrado una vicepresidencia y dos consejerías, Aragón sigue así sigue la senda de otras autonomías como Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura, en las que el PP ya gobierna en coalición con los de Santiago Abascal. Hasta la fecha los ultras solo se han quedado fuera del Gobierno en Baleares tras firmar un acuerdo programático.