Tras un arranque de semana a medio gas en lo parlamentario en señal de duelo por el trágico accidente de aviación en Francia en el que murieron más de medio centenar de españoles, este jueves el pleno del Congreso de los Diputados vivió una de las jornadas más intensas de toda la legislatura si se tiene en cuenta la carga política de las iniciativas que se debatieron y a las que se dio luz verde de forma definitiva. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara baja, el Gobierno logró aprobar las cinco leyes en torno a las que ha girado gran parte de su actividad política esta legislatura. Cinco leyes, por cierto, cuya tramitación ha sido fuertemente contestada tanto por la oposición parlamentaria como por los movimientos sociales. Se trata de la reforma del Código Penal, la ley de Seguridad Ciudadana, la ley de actividad económico–financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.
El primer turno del orden del día del debate de las enmiendas que llegan del Senado fue para el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El punto más conocido de esta reforma es la denominada "prisión permanente revisable", un término bajo el que el grueso de los partidos de la oposición ven un eufemismo para evitar hablar de cadena perpetua. Uno tras otro, los portavoces que subieron a la tribuna a anunciar el sentido de su voto coincidió en tildar la iniciativa de los conservadores de viaje al pasado. En ver un retroceso en los derechos y libertadas. "Un día negro" para la historia de Estado, según definió la jornada el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. En iguales términos se pronunciaron cuando tocó el turno de defender las posiciones de los grupos respecto a la ley de seguridad ciudadana: para todos los partidos –a excepción del PP– este texto legislativo impone un "estado policial".
Tanto la reforma del Código Penal como la ley de Seguridad Ciudadana fueron aprobadas en solitario por el Partido Popular. Así, la primera de las iniciativas registró 181 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Y la también denominada ley mordaza salió adelante con 181 apoyos, 140 rechazos y una abstención.
Los partidos de la oposición fueron muy insistentes a lo largo de sus intervenciones en que mantienen su compromiso de derogar lo que consideran una nueva fase de recortes tras los sociales. A saber: los de derechos civiles y libertades públicas.
Código penal
Desde el PSOE, el principal partido de la oposición, Rosa Aguilar denunció que el Ejecutivo, no contento con los recortes sociales, ha abierto una nueva fase de recortes. "La derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia", denunció la socialista.
La parlamentaria del BNG Olaia Fernández Davila avanzó que esta reforma del Código Penal no termina con su aprobación gracias a los votos del PP. Anunció recursos en contra. Muy en esta línea, el propio Llamazares hizo un llamamiento a la sociedad "para la resistencia y la desobediencia a estas leyes".
Pese a que en este primer turno el objeto de debate era la reforma del Código Penal –con la inclusión de la prisión permanente revisable–, los portavoces de los partidos de la oposición aprovecharon para extender sus observaciones al resto de iniciativas sobre las que iban a tener que pronunciarse después, sobre todo a la ley de seguridad ciudadana, conocida socialmente como ley mordaza. "Los ciudadanos quedan más desprotegidos que antes", señaló Carlos Martínez Gorriarán (UPyD). Desde CiU, Montserrat Surroca criticó que estas iniciativas, más que buscar el consenso, se han tomado "a medida del Partido Popular". Con interés "electoralista". "Lo único que pretende es endurecer las penas de manera injustificada", subrayó.
"Acogotar todavía más a los ciudadanos"
En un sentido similar a la diputada de CiU, desde el PNV, Emilio Olabarria lamentó el "brutal endurecimiento del sistema de penas".
Joan Tardà (ERC) habló de "tridente legislativo" refiriéndose a la ley de seguridad ciudadana, la reforma del Código Penal y a las medidas contra el terrorismo yihadista. Y resumió lo que, a su juicio, pretende el Gobierno de Mariano Rajoy con ellas: "Acogotar todavía más a los ciudadanos".
El PP a la oposición: "Se alejan de la verdad y la realidad"
"Encastillados en su caricatura [la de la reforma]". Así describrió el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, la actitud de la oposición. El diputado vasco defendió que la reforma pone el énfasis en la protección de los más débiles. "No renuncia a la responsabilidad del penado, pero pone especial énfasis en la protección de los ciudadanos".
Frente a las acusaciones de la oposición en pleno al PP de no haber trabajado por el acuerdo y el consenso, Barreda recalcó que la voluntad de su grupo ha sido siempre la de negociar. "Ustedes no hicieron nada y ahora dicen que lo que se hace es insuficiente", dijo refiriéndose a la bancada socialista.
seguridad ciudadana
Con argumentos similares al rechazo a la reforma del Código Penal, todos los partidos con representación en el Congreso, salvo el del Gobierno, cargaron contra el "estado policial" y el "despotismo" que ven tras la ley de seguridad ciudadana.
Desde la presentación del primer borrador hace más de un año, esta iniciativa se ha visto envuelta en la polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales. No en vano, entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros –la sanción más alta– a quienes participasen en protestas ante el Congreso sin permiso de la Delegación del Gobierno. Era la respuesta del Ejecutivo de Rajoy a las protestas que en los primeros años de legislatura fueron convocadas en las inmediaciones de la Cámara baja.
Durante el debate, al que asistió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor, consideró que estamos ante una regulación legislativa que no se corresponde con las necesidades de la ciudadanía. Además, dijo observar en el articulado de la ley castigos contra todas las formas de protesta o polémicas a las que se ha enfrentado el PP desde que gobierna.
En este sentido, habló de cláusulas contra los desahucios, contra el botellón... "Sólo falta una cláusula 'pequeño Nicolás", dijo de forma irónica mencionando al protagonista de uno de los escándalos que han salpicado a miembros del Gobierno.
Especialmente crítico se mostró el diputado de IU Ricardo Sixto, que hizo un paralelismo entre esta norma y las vigentes durante la época franquista. También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, lamentó la "innecesaria represión" incluida en la nueva ley.
"Los gritos, las protestas, las manifestaciones han mutado. Ahora son silenciosas, sutiles, implacables. Las manifestaciones cargadas de razón han adoptado una forma sencilla: un sobre y una papeleta", dijo Baldoví poniendo como ejemplo el resultado de las elecciones andaluzas del pasado fin de semana.
Por su parte, Conrado Escobar (PP) dijo tener "la tranquilidad" de que el texto constituirá un avance para la convivencia y un refuerzo de la democracia. "Nuestra marca es la libertad, la suya todavía no la han encontrado", añadió dirigiéndose al portavoz socialista.
A juicio del diputado conservador, con esta ley se pasa "de la patada en la puerta del PSOE, a la ley del domicilio protegido del PP; de las identificaciones indiscriminadas a las identificaciones limitadas; de los cacheos masivos, a los controles individuales y regulados; de la libertad prestada a la libertad protegida; de los derechos tutelados al pleno ejercicio de nuestros derechos y de la sanción desproporcionada a la sanción efectiva”.
Así, destacó que “España cuenta con una ley del año 92 que tras 23 años se ha visto desbordada, reinterpretada y necesita una revisión por varias razones, como la jurisprudencia contenciosa y constitucional, las exigencias sociales que reclaman mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos hoy impunes o la necesidad de una mejor cobertura y seguridad para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
El ministro del Interior quiso intervenir al término del debate y agradeció que "a pesar de la discrepancia, haya llegado este día". "Cuando entre en vigor esta ley se verá que queda garantizada la libertad", zanjó.
El texto entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.
ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS Y ALTO CARGO
Estas dos iniciativas legislativas integran el grueso del denominado paquete de regeneración democrática del Gobierno de Mariano Rajoy, un asunto pendiente para los conservadores desde que el presidente anunció leyes anticorrupción en su primer debate del estado de la nación, en febrero de 2013, en pleno estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas. Desde entonces, el PP y el Gobierno han anunciado en más de una decena de veces estas medidas. Pero hasta este jueves no han sido una realidad.
Además del pacto antiyihadista, en el que el PSOE va de la mano del PP, los conservadores no estuvieron solos en este par de leyes. Tanto PNV como CiU anunciaron su respaldo a algunos puntos.
Por su parte, el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) esgrimieron los casos Gürtel y de los papeles de Bárcenas para justificar su voto en contra de las dos principales leyes anticorrupción del Gobierno.
En este último debate parlamentario en el Congreso, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, sostuvo que estas dos leyes son "el más importante paquete legislativo contra la corrupción".
La figura del extesorero del PP sobrevoló en el hemiciclo. Para el socialista Antonio Pradas, resulta difícil hablar de regeneración democrática y de medidas contra la corrupción cuando el partido del Gobierno ha sido acusado por un juez de "ser participe a título lucrativo de un delito de financiación ilegal y de haber llevado al menos durante 18 años una contabilidad B".
"Nadie entendería que apoyáramos a un gobierno que no asume responsabilidades", señaló avanzando el sentido negativo de su voto.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural para la defensa de la posición de su grupo, Joan Josep Nuet, esgrimió los escándalos de corrupción que afectan al partido del Gobierno para justificar su voto en contra, algo que provocó que la vicepresidenta del Congreso le llamase la atención. "No estamos en un debate sobre Gürtel, estamos en el debate de las enmiendas presentadas en el Senado", espetó Celia Villalobos (PP). "No tenga ninguna duda de que estamos hablando de financiación de partidos políticos", respondió el diputado de la Izquierda Plural. En un momento de su intervención leyó algunos fragmentos del último auto del juez Ruz sobre la financiación del partido del Gobierno.
Al hilo de estas posiciones, Bermúdez de Castro subrayó que todavía no hay sentencia, sino un auto de un juez instructor.
"Fortalecer el sistema pasa por despreciar a los corruptos, pero también pasa por respetar los principio del Estado de Derecho y no extender la responsabilidad más allá de los culpables. Tan reprochable como improcedente es lanzar sombras de sospecha, dictar sentencias anticipadas, confundiendo un auto de instrucción con una sentencia".
Pacto antiyihadista
En uno de los últimos puntos del orden del día, PP y el PSOE se quedaron solos para defender la proposición de ley de reforma del Código Penal en materia de terrorismo que introduce nuevos delitos para, según los promotores de la iniciativa, paliar la amenaza yihadista y endurecer las penas en esta materia.
Cinco cosas que no podrás hacer con la 'ley mordaza' que se aprueba este jueves
La iniciativa, además, contó el en el pleno con el apoyo de Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Y la oposición del resto de grupos-
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) definió esta reforma como "una chapuza" fruto de la "rimbombancia propagandística". Y Llamazares insistió de nuevo en que este jueves pasaría a la historia como "un día negro para la democracia".
Jordi Jané (CiU) hurgó en la herida del PSOE, que llegó a un pacto con el PP en esta materia. A su juicio, existe una "contradicción" en las filas socialistas al decir el mismo día 'no' a la prisión permanente y 'sí' a estas medidas antiyihadistas.
Tras un arranque de semana a medio gas en lo parlamentario en señal de duelo por el trágico accidente de aviación en Francia en el que murieron más de medio centenar de españoles, este jueves el pleno del Congreso de los Diputados vivió una de las jornadas más intensas de toda la legislatura si se tiene en cuenta la carga política de las iniciativas que se debatieron y a las que se dio luz verde de forma definitiva. Gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara baja, el Gobierno logró aprobar las cinco leyes en torno a las que ha girado gran parte de su actividad política esta legislatura. Cinco leyes, por cierto, cuya tramitación ha sido fuertemente contestada tanto por la oposición parlamentaria como por los movimientos sociales. Se trata de la reforma del Código Penal, la ley de Seguridad Ciudadana, la ley de actividad económico–financiera de los partidos políticos, la ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.