"La política fiscal debe estar guiada por el criterio de que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos". La frase, todo un clásico del argumentario neoliberal, está incrustada en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales. Y sirve de guía a toda la política impositiva del –al menos por el momento– principal partido de la derecha española. Expresado con otras palabras, el compromiso fiscal de Ciudadanos para el 26M es similar: bajar o suprimir impuestos sin excepción. Vox es aún más radical. Fracasado el asalto al Gobierno de España tras una campaña de las generales en las que hicieron una fortísima apuesta de bajada de impuestos, los tres partidos conservadores han trasladado ahora la subasta, en una versión aún más extrema, a las autonomías.
Las ofertas a la baja se radicalizan pese a que el modelo de financiación autonómica está en crisis y pendiente de reforma, pese a las tensiones entre comunidades a causa del dumping fiscal y también pese a que hay regiones que incumplen los objetivos de déficit y están en camino de volver a incumplirlos. Nada detiene la puja.
"España tiene un problema serio con el déficit público estructural. Es poco razonable decidir bajadas de impuestos o aumentos de gasto antes de encauzar el problema principal", señala el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago-Peñas, que fue miembro del comité de expertos que realizó una propuesta de reforma de la financiación autonómica. ¿No sería conveniente o necesario, antes de planificar y ejecutar fuertes bajadas de impuestos, cerrar la tantas veces pospuesta reforma de la financiación autonómica? Responde Lago-Peñas: "En el escalón autonómico, sin duda. Si vamos a alterar el espacio tributario autonómico (en imposición patrimonial o medioambiental, entre otros impuestos), lo lógico es esperar a ver cómo queda el escenario. Salvo, claro está, que la reforma se aplace sine die...".
Fiscalidad de campaña
Los programas electorales de PP, Ciudadanos y Vox para las generales del 28 de abril ya anunciaban múltiples rebajas o eliminaciones de impuestos, combinadas con beneficios fiscales para "familias", empresas e inversores, así como para el ámbito rural y la llamada "España vacía". Es lógico que el énfasis de las promesas fiscales se sitúe ahí, en el nivel estatal, porque es el Estado el que acumula mayores competencias y recaudación. No obstante, las autonomías también tienen facultades fiscales. Las comunidades tienen margen legal para subir o bajar los impuestos en los tramos autonómicos. Gestionan Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. Además recaudan parte del IVA, el IRPF e impuestos al alcohol, los hidrocarburos y la electricidad, entre otros. De ahí sale la mayoría de sus recaudación. El 37,16% sale del IRPF. El 32%, del IVA. Los impuestos especiales suponen el 13,82%. Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados suman el 10,28%, según detalla un reciente informe del Consejo General de Economistas. A esto se suman los llamados impuestos propios, de creación de las autonomías –al turismo, a la vivienda, a la banca, a la contaminación..–, cuyo desarrollo ha sufrido serias limitaciones y que suponen sólo un 2,1% de la recaudación de las comunidades.
No hay impuesto que las autonomías puedan tocar que escape a las promesas de bajadas y supresiones de PP, Ciudadanos y Vox. "Si ellos [el PSOE y Unidas Podemos, en caso de gobernar] suben impuestos, nosotros los bajaremos en los tramos autonómicos", ha afirmado Pablo Casado, presidente del PP. Su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, casi ha calcado la idea: "Por cada euro de IRPF que suba [Pedro] Sánchez, nos comprometerlos a bajarlo donde gobernemos". Tanto el uno como el otro afirman que compensarán la rebaja de impuestos porque al haber "más empleo" se recaudará más.
La "revolución fiscal" del PP
Ni Casado ni Rivera se han quedado en meras declaraciones. Sus promesas han aterrizado en los programas. "Bajando impuestos se recauda más", señala el programa marco del PP para las autonómicas y municipales, que promete una "revolución fiscal" en línea con la "bajada masiva de impuestos" que abanderó durante su campaña en Andalucía Juanma Moreno, a la postre presidente de la Junta de Andalucía. El partido de Casado se compromete a eliminar el Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendente, así como entre cónyuges, sea cual sea la cuantía. Es una medida que favorece a los herederos de más de 1 millón de euros, como ya ha ocurrido en Andalucía. A esto se suman "medidas fiscales en favor de las familias" e "incentivos fiscales" para empresas "innovadoras". El PP se compromete a no crear ningún impuesto propio nuevo allí donde gobierne, así como a reducir el IBI en los municipios "hasta el mínimo legal". La puja municipal es especialmente radical en Sevilla, donde el candidato del PP, Beltrán Pérez, ha prometido convertir la ciudad en una "isla fiscal".
Donde más contundentemente se expresa la "revolución fiscal" del PP es en las autonomías. El partido se explaya en promesas de rebajas en cada programa regional. El caso más extremo es el de Madrid. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, presume de que su comunidad es la que tiene "los impuestos más bajos", al mismo tiempo que anuncia "la mayor rebaja de impuestos de la historia de Madrid". La candidata del partido gobernante anuncia rebajas del 5,5% en el pago del IRPF, así como bajadas en Sucesiones y Donaciones, ayudas fiscales a "familias", "por nacimiento, adopción y acogimiento" y "para el acceso a la vivienda". El programa del PP en Madrid ya presume de que en la comunidad la tarifa de IRPF es 4,5 puntos inferior a la vigente en Cataluña y Andalucía y de que Sucesiones y Donaciones está "prácticamente eliminado", pero se compromete a nuevas bajadas en ambos tributos y en Transmisiones Patrimoniales. El PP mantendrá la exención total del Impuesto de Patrimonio, otro hito fiscal de la comunidad.
En Castilla y León anuncia una "ambiciosa bajada" del tramo del IRPF, la eliminación de Sucesiones y Donaciones y el "compromiso" de no crear nuevos impuestos a familias, pymes y autónomos. "El PP eliminará la injusta sobrecarga fiscal que soportan los aragoneses con una bajada generalizada de impuestos", señala el PP en su programa. Otra vez están en el punto de mira IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio... Un esquema similar se produce en el resto de comunidades. En ocasiones hay variaciones locales, como la supresión del "céntimo sanitario" en Asturias.
El PP presume en su programa de la Región de Murcia de que "ha llegado a ser la comunidad con más bajos impuestos de España" (afirmación que también hace de Madrid). "Hemos reducido el IRPF y hemos suprimido Sucesiones y Donaciones", añade, con el compromiso de no crear más tasas, de "disminuir significativamente la presión fiscal a pymes, autónomos y emprendedores" y de seguir con las "desgravaciones fiscales" para el I+D+i. "Haremos de la Región de Murcia el mayor espacio de libertad económica de España", añade el programa. Pero hay un problema. Murcia, con 421 millones de déficit, un -1,34%, es junto con la Comunitat Valenciana la única que se pasa del -0,4% de objetivo de Hacienda para 2018. La comunidad, presidida por el popular Fernando López Miras, es la que peor dato presenta. Además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que es "muy improbable" que cumpla el objetivo de 2019.
Estos riesgos no detienen la subasta fiscal, que se produce independientemente de que se trate de comunidades con un "muy probable" cumplimiento de objetivo de déficit (Canarias, Navarra) o con uno "muy improbable" (Murcia) o "improbable" (Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura).
El "salvavidas naranja" de Cs
Cs pormenoriza menos sus bajadas de impuestos que el PP, pero la idea general es la misma. Frente a la "revolución fiscal" de Casado y los suyos, Rivera y los candidatos del partido naranja prometen un "salvavidas naranja", expresión que figura incluso en los programas autonómicos. Ignacio Aguado se compromete a "bajar a los madrileños" en el tramo autonómico cada impuesto que suba Sánchez. También a la "supresión definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones". Cs promete una "reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas" e "incentivos fiscales" para la inversión.
En comunidades como Castilla La Mancha Cs se ofrece como "salvavidas naranja frente a los sablazos de Sánchez y Podemos a la clase media". Al mismo tiempo, el partido de Rivera "garantiza" superávit al final de la legislatura. El esquema es similar en todos los programas autonómicos. Hay casos en que también se fija el compromiso de reducir impuestos propios. En Aragón Ciudadanos promete bajar un 50% el impuesto sobre la Contaminación de las Aguas. También en Murcia, pese al déficit disparado, promete Ciudadanos nuevas bajadas de impuestos.
En Navarra, donde PP y Cs se presentan en coalición –junto a UPN–, la candidatura resultante, Navarra Suma, también defiende un programa de rebajas fiscales.
Vox, aún más rotundo y menos detallado
Vox es aún más rotundo –y menos detallado– en las promesas fiscales de su programa marco para las autonómicas: suprimir Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Plusvalías Municipales; rebajar un 5% el IRPF para todas las rentas. Hay más. Vox se compromete a "animar" desde las autonomías a los entes locales para que apliquen una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para "familias con hijos" y exención del pago del mismo a las "familias numerosas". También a "incentivar las mejorar salariales, ventajas fiscales y/o beneficios sociales al personal sanitario del mundo rural".
El partido de Santiago Abascal se compromete también a introducir medidas de apoyo fiscal a la maternidad. Al igual que el PP y Cs, Vox no cuantifica el posible impacto en las arcas autonómicas de estas medidas.
Tras la "competitividad fiscal" de Madrid
La competitiva lógica fiscal de la la derecha en la Comunidad de Madrid, que tiene la ventaja de partida de la capitalidad política y económica, lo cual atrae la sede de mayor número de empresas, determina ahora el discurso fiscal de PP, Cs y Vox. Está por ver el resultado. De momento, el PP azuza esa carrera. "Nos están contactando empresas de Madrid y Cataluña para instalarse en Andalucía", ha declarado esta semana el presidente andaluz, Juanma Moreno, en Antena 3. Según dijo, la razón de los empresarios es el independentismo en Cataluña y el temor a un gobierno de la izquierda en Madrid.
La "competitividad fiscal" entre autonomías es un concepto defendido por los valedores de las tesis más partidarias de la desregulación. Los economistas críticos con el neoliberalismo han alertado de los riesgos que supone para la financiación de los servicios públicos. Diversas comunidades, caso de Andalucía –cuando estaba gobernada por el PSOE–, Comunitat Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha han acusado al PP de practicar el dumping fiscal. Es decir, de atraer empresas y capitales altos mediante rebajas fiscales. La acusación ha ido especialmente dirigida a Madrid, señalada por Podemos y Más Madrid como un "paraíso fiscal" para los "ricos".
El informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales (2017), elaborado por los economistas Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco, indica que Madrid se beneficia de esta competencia fiscal a costa del resto de autonomías. El 59,3% de las migraciones económicas de rentas altas tiene como destino la Comunidad de Madrid. Más concretamente, el 45,6% de las migraciones a Madrid tiene como lugar de origen dos comunidades que no limitan geográficamente con ella: Andalucía y Cataluña. ¿Ha habido cambios desde la publicación del informe? "Aunque habría que estudiarlo con más detalle, Madrid sigue siendo en la actualidad la comunidad más atractiva en IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio", señala ahora López Laborda. Santiago Lago-Peñas cree que es "evidente" que "existe un flujo de contribuyentes de alto patrimonio hacia la Comunidad de Madrid por sus claras ventajas en imposición de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones".
Financiación autonómica
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La puja fiscal se produce a pesar de seguir sin resolverse la crisis del modelo de financiación autonómica, implantado en 2010 y caducado en 2014. La inestabilidad política y el conflicto sobre Cataluña, entre otros factores, mantienen en suspenso su renovación. Pero no impiden detectar ya, como hace el Consejo General de Economistas en su informe de febrero, que el modelo no ha logrado que la "corresponsabilidad" se establezca como eje central del sistema.
Santiago Lago-Peñas cree que el informe de la comisión de expertos "dibuja el abanico de medidas y actuaciones pendientes y urgentes". Y añade: "Existe un amplio consenso técnico. Lo que falta es el acuerdo político sobre algunas decisiones clave (como el grado de nivelación del sistema de metabolización del fondo de liquidez autonómica, el reparto de fuentes tributarias y recursos entre los distintos niveles de la Administración), pero el camino está bien trazado".
No es en los puntos que señala Lago-Peñas donde se está centrando el debate fiscal, sino en las rebajas fiscales. Y ello a pesar de que el sistema de prestación público da síntomas de agotamiento, como ha puesto de relieve esta semana el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que señala que los servicios sociales necesitarían 1.300 millones para devolver la inversión a los niveles previos a los recortes presupuestarios derivados de la crisis. El informe concluye que la Comunidad de Madrid es la que tiene unos servicios sociales peor valorados.
"La política fiscal debe estar guiada por el criterio de que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos". La frase, todo un clásico del argumentario neoliberal, está incrustada en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales. Y sirve de guía a toda la política impositiva del –al menos por el momento– principal partido de la derecha española. Expresado con otras palabras, el compromiso fiscal de Ciudadanos para el 26M es similar: bajar o suprimir impuestos sin excepción. Vox es aún más radical. Fracasado el asalto al Gobierno de España tras una campaña de las generales en las que hicieron una fortísima apuesta de bajada de impuestos, los tres partidos conservadores han trasladado ahora la subasta, en una versión aún más extrema, a las autonomías.