El pasado 27 de julio, hace hoy dos semanas, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) anunció que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sería la responsable de asumir el control de las visitas al Pazo de Meirás, por encargo de la familia del dictador, propietaria de la finca. Desde entonces, y tras la denuncia unánime de oposición y asociaciones memorialistas, la Xunta ha reconocido que la gestión por parte de la fundación franquista le parece inadecuada, pero ha asegurado no disponer de las herramientas necesarias para intervenir. El Gobierno gallego, no obstante, ha rechazado en reiteradas ocasiones la posibilidad de crear dichos instrumentos mediantes iniciativas registradas por la oposición. Además de oponerse a la expropiación del pazo, a través de una proposición presentada por En Marea el pasado mes de marzo, los conservadores gallegos también rechazaron una proposición de ley del PSdeG sobre la localización e identificación de desaparecidos y una proposición no de ley del BNG que instaba a crear una ley autonómica de memoria histórica.
Desaparecidos y fosas comunes
Apenas un año después de que Feijóo entrara en la Xunta de Galicia tras el gobierno bipartito entre PSdeG y BNG (2005-2009), los socialistas gallegos presentaron ante el Parlamento autonómico una proposición de ley "sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes". El texto registrado por el PSdeG en el año 2010 constaba de trece artículos en los que proponían medidas como la localización e identificación de personas desaparecidas a través de la actuación de la Administración de la Xunta de Galicia, que tendría "la obligación de procurar localizar y, si procede, recuperar e identificar" a las víctimas. También instaba a poner en marcha un censo gallego de personas desaparecidas "como un registro administrativo de carácter público", o la elaboración de mapas en los que figurasen los terrenos, dentro del territorio de Galicia, en los que se localizan o se presume que se pueden localizar los restos de las personas desaparecidas.
Los socialistas gallegos también proponían crear un banco de ADN "que facilite la identificación de los restos de personas desaparecidas", así como proceder a la señalización y dignificación de espacios.
El diputado conservador Agustín Baamonde, actual alcalde de Vilalba (Lugo), defendió el rechazo del Grupo Popular a la iniciativa socialista con el argumento de que "no se puede reescribir la historia de manera absolutamente tendenciosa". Baamonde introdujo su intervención lamentando que volviese a la Cámara "el tema de la memoria histórica, que no ha de ser la última vez que vuelva a dar vueltas" por el Parlamento. El diputado echó en cara a los autores de la proposición no haber buscado "el consenso necesario para poder ponerla en vigor", y lamentó que los socialistas no quisieran "abordar la memoria histórica con espíritu de superación, con espíritu de concordia y de reconciliación" porque, aseguraba, en tal caso los conservadores estarían "dispuestos a apoyarla".
Baamonde subrayó en su turno que la ley planteada era "en principio innecesaria, inútil y contradictoria", y dejaba "completamente inútil a la Ley de Memoria Histórica" estatal y contradecía "lo que el Gobierno aprobó en el año 2007 en el Parlamento español". El conservador, asimismo, acusó a los socialistas de pretender "obligar a la Xunta de Galicia a hacer de oficio la investigación del franquismo" y, por tanto, "endilgar a la Xunta de Galicia investigar el pasado". En este sentido, insistió en que tal obligación "significa volver a revivir todo lo que se revivió en tiempos pasados", además de "colocar a unos frente a otros" y "reavivar una vez más odios fratricidas".
El parlamentario rechazó entonces lo que a su juicio suponía "reescribir la historia de manera absolutamente tendenciosa" con la visión "de una sola de las partes". Acusaba a la oposición de querer "hacer una memoria parcial, selectiva e interesada" y "plantear el tema de la memoria histórica sobre el principio maniqueo del bien". La proposición fue rechazada por 38 votos del PP en contra y 33 a favor de la oposición.
Ley autonómica de memoria histórica
A finales del pasado mes de febrero, el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego (BNG) registró una proposición no de ley que instaba a la elaboración de una ley gallega de memoria histórica. La iniciativa incluía el desarrollo de una "política pública sobre la memoria histórica fundamentada en la defensa de los derechos humanos, y específicamente del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición". Los nacionalistas solicitaban asimismo la elaboración de una ley de memoria histórica que ampliase "los derechos reconocidos por la legislación estatal", y la creación de una Comisión de la Verdad "independiente, plural y de carácter oficial que permita conocer todas las formas de represión y todos los tipos de víctimas gallegas del franquismo".
El debate parlamentario tuvo lugar en marzo de 2017, y la iniciativa cosechó el apoyo de En Marea y el rechazo del PP, mientras que el PSdeG votó a favor de determinadas medidas y se abstuvo en puntos concretos. Los conservadores, representados esta vez por el diputado Aurelio Núñez, emplearon citas de miembros del Partido Comunista español para apelar a "la reconciliación nacional". Núñez denunció que la "convivencia empezó a quebrarse cuando algunos intentaron utilizar este periodo negro" de la historia con "fines partidistas y electorales, y cuando algunos quisieron relacionar al Partido Popular con la dictadura y con el franquismo para obtener rédito político".
Núñez subrayó, asimismo, que la ley estatal de memoria histórica que se aprobó en el año 2007 no obtuvo el respaldo del PP, pero "tampoco la derogó una vez que llegó al Gobierno". Por el contrario, criticó que los nacionalistas, que sí votaron a favor de la ley estatal, quisieran proponer ahora una versión autonómica. El parlamentario del PP terminó su discurso alegando que los diputados conservadores no son "fascistas, ni franquistas, del mismo modo que no son corruptos, incendiarios de montes, ni asesinos de mujeres, por mucho que algunos se empeñen en acusarles de esto".
Actualmente, el BNG se encuentra en proceso de preparar una nueva ley gallega que "suponga reconocimiento y reparación de las víctimas", y que será registrada a finales del mes de septiembre. Tal y como explica el diputado nacionalista Luis Bará en conversación con infoLibre, la norma pretende recoger una serie de "demandas históricas" que no contempla la ley estatal, así como legislar sobre escenarios particulares como el del Pazo de Meirás, para que vuelva a ser de dominio público. La ley también apuesta por la creación de un Consello Galego da Memoria, institucionalizar el Día da Galiza Mártir –que se celebra cada 17 de agosto para recordar el asesinato del político galleguista Alexandre Bóveda–, o la constitución de una Comisión de la Verdad que impulse un análisis "no sólo de la represión, sino también de la lucha de resistencia contra el franquismo".
Movimientos en la sociedad civil
Las cinco claves de la reforma de la ley de memoria histórica que plantea el PSOE
Los últimos acontecimientos en torno al Pazo de Meirás han propiciado una respuesta por parte no sólo de la oposición, sino también de la sociedad civil. Este jueves la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) registrará en el Congreso una petición para un cambio en la Ley de Fundaciones, con el fin de que "no puedan existir fundaciones contrarias a los derechos humanos" ni ensalzar "a quienes han cometido violaciones de los derechos humanos", como es el caso de la Fundación Franco.
Este mismo propósito es uno de los objetivos que persiguen en Galicia miembros de la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada, que se han reunido este miércoles para construir un "grupo de instituciones públicas" capaz de alcanzar acuerdos en la defensa de la memoria histórica en sintonía con la sociedad civil. Los miembros presentes en el encuentro han acordado solicitar una modificación de la Ley de Fundaciones para impedir la legalidad de entidades que hagan apología del franquismo, reclamar la aprobación de una ley gallega de memoria histórica y realizar un estudio alrededor del "expolio y apropiación" del pazo, además de constituir "con carácter inmediato" una Xunta pola Devolución do Pazo de Meirás. Esta última propuesta fue diseñada por Manuel Monge, socio y expresidente de la CRMH, con el fin de reproducir "a la inversa" la Junta Pro-Pazo del Caudillo "que se usó para comenzar el expolio".
Carlos Babío, investigador y miembro de la CRMH, ha señalado en conversación con infoLibre que "Feijóo tiene que entender que o se está con la democracia o no, no hay medias tintas posibles". El investigador subraya que "se está hablando de apología de un genocidio, algo que no es tolerable por ninguna democracia del mundo". Critica, además, lo que considera "hipocresía de Feijóo" a la hora de asegurar que no dispone de los elementos necesarios para evitar que la finca sea gestionada por la organización franquista y devuelta a la ciudadanía, cuando a su vez el PP ha votado en contra de todas las iniciativas memorialistas presentadas por la oposición. Partiendo de la reunión mantenida este miércoles, instituciones y sociedad civil pretenden trabajar en la búsqueda de esas herramientas con el fin de dibujar un escenario en el que los conservadores gallegos también tendrán que tomar parte.
El pasado 27 de julio, hace hoy dos semanas, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) anunció que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) sería la responsable de asumir el control de las visitas al Pazo de Meirás, por encargo de la familia del dictador, propietaria de la finca. Desde entonces, y tras la denuncia unánime de oposición y asociaciones memorialistas, la Xunta ha reconocido que la gestión por parte de la fundación franquista le parece inadecuada, pero ha asegurado no disponer de las herramientas necesarias para intervenir. El Gobierno gallego, no obstante, ha rechazado en reiteradas ocasiones la posibilidad de crear dichos instrumentos mediantes iniciativas registradas por la oposición. Además de oponerse a la expropiación del pazo, a través de una proposición presentada por En Marea el pasado mes de marzo, los conservadores gallegos también rechazaron una proposición de ley del PSdeG sobre la localización e identificación de desaparecidos y una proposición no de ley del BNG que instaba a crear una ley autonómica de memoria histórica.