En la más absoluta soledad y a golpe de mayoría absoluta. Así se aprobó de forma definitiva este jueves en el Congreso la que será la séptima ley orgánica que regulará la Educación en democracia. El proyecto fue refrendado por 182 de 350 diputados. Sólo los parlamentarios conservadores votaron a favor. UPN se abstuvo. El resto de grupos lo hicieron en contra. E incluso Foro de Asturias, que se abstuvo en la primera votación en esta Cámara, se posicionó en contra en esta ocasión. Ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro acompañaron a Wert durante el debate.
Si algo ha conseguido este texto es aglutinar un espectacular consenso en su contra. Y eso a pesar de que desde el PP y desde el Gobierno insisten en que la reforma está legitimada por los 10,8 millones de votos que auparon a Mariano Rajoy a la Moncloa. "Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir", dijo Wert antes de afirmar que, tras esta aprobación, "haya llegado el de construir". Sin embargo, la ley no gusta a la escuela pública, que la critica por favorecer la "inequidad", aunque tampoco a la concertada. Ha sido criticada por los sectores laicistas por poner la Religión a la altura de las Matemáticas, pero también cuestionada por los obispos, que creen que podría adaptarse más a sus intereses.
En el Congreso ha suscitado agrios debates e incluso ha arrancado el compromiso de toda la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro Asturias, de derogarla si el PP sale del Gobierno. Las autonomías en las que no gobierna el PP la rechazan de forma frontal e incluso País Vasco y Cataluña se plantean la insumisión. Ambas han anunciado que la llevarán al Tribunal Constitucional. Y hasta el Consejo de Estado, en un dictamen no vinculante, recomendó mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y mostró dudas sobre la financiación del proyecto.
Esta oposición unánime también se ha hecho evidente este jueves en el Congreso. De los versos cantados de la diputada de Amaiur Maite Aristegi –"Estamos construyendo nuestra propia educación en Euskal Herria, no permitiremos que la LOMCE entre en nuestras aulas", entonó en euskera desde la tribuna– a la camiseta verde con la que diputada de IU Caridad García expresó su rechazo a una norma que, dijo, es "mala desde sus inicios" y sólo gusta a los sectores más retrógrados de la comunidad educativa. Desde el PSOE, el parlamentario Mario Bedera dijo que el contenido de la ley es "excluyente" e "ineficaz" y que supone un canto al "ultraliberalismo más exacerbado". "Dimita y llévese bajo el brazo su ley y así otros pensaremos que ha sido un mal sueño", le dijo al ministro Wert, que le escuchaba desde un hemiciclo lleno de asientos vacíos.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Congreso. EFE
También criticaron la reforma los partidos nacionalistas, que sostienen que invade competencias. El portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, señaló que esta norma está hecha para "atacar el modelo de inmersión lingüística de Catalunya y el modelo de escuela catalana". “Señor Wert debe explicar claramente que usted busca una solución a un problema que no existe. Es un ataque ideológico a un pilar básico de nuestra identidad, de nuestra nación. Creo que sería de justicia ser claro y nítido, quiere recentralizar competencias, homogeneizar…controlar ideológicamente la educación, despreciar la diversidad e imponer su ideología”, aseveró.
La diputada del PNV Isabel Sánchez Robles describió la ley como un "enorme muro" que separa al sistema educativo de la realidad social y educativa. Señaló también que es un "dislate jurídico", que presenta "injerencias" en el ámbito competencial y que "menoscaba" el derecho a la educación.
En un tono más conciliador, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, ironizó, frente a las críticas y acusaciones a Wert, que el ministro "no quiere despedir a todos los profesores y no se quiere comer a los niños crudos" con su normativa. Sin embargo, aseveró que el "principal error" de la LOMCE es que "vuelve a ser una ley de partido" y criticó el "sacrificio" que sufre la Filosofía o el "disparate" de mantener "a toda costa" las cuotas del Estado y comunidades autónomas en la definición curricular.
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Giro hacia la concertada
El texto que se ha aprobado de forma definitiva contiene las líneas maestras con las que salió del Gobierno, si bien consolida el giro hacia la enseñanza concertada y, entre otros asuntos, apuntala aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo o las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada. Aunque la norma mantiene el plazo de entrada en vigor, que será el curso 2014-2015, finalmente su aplicación se hará en tres años y no en dos tal y como reclamaron al Gobierno algunos consejeros de Educación de autonomías gobernadas por el PP. La reválida que sustituye a la Selectividad se retrasará hasta 2018. En la ESO la implantación comenzará en el curso 2015-2016 y la nueva reválida que se hará al final de este ciclo no tendrá validez para obtener el título en el curso 2016-2017.
Criticada por la comunidad educativa y la oposición por la falta de consenso con la que se ha construido, la llamada ley Wert contempla también adelantar al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato; pruebas externas al final de cada etapa desde Primaria que serán reválidas al final de ESO y Bachillerato; refuerza el papel de la Religión, que tendrá una alternativa fuerte y contará para hacer media y acceder a becas o da más poder a los directores en detrimentos de las competencias que hasta ahora tenía el Consejo Escolar, entre otros aspectos. Asimismo, elimina del currículo la asignatura de de Educación para la Ciudadanía
En la más absoluta soledad y a golpe de mayoría absoluta. Así se aprobó de forma definitiva este jueves en el Congreso la que será la séptima ley orgánica que regulará la Educación en democracia. El proyecto fue refrendado por 182 de 350 diputados. Sólo los parlamentarios conservadores votaron a favor. UPN se abstuvo. El resto de grupos lo hicieron en contra. E incluso Foro de Asturias, que se abstuvo en la primera votación en esta Cámara, se posicionó en contra en esta ocasión. Ni el presidente del Gobierno ni ningún ministro acompañaron a Wert durante el debate.