Más superficie de regadío. Más agua. Y sin fijar límites, en un carrusel de compromisos al alza. El PP se ha instalado junto a Vox en una promesa de agua sin fin para la agricultura, con diferencia la actividad que más consume del país. Los pactos autonómicos de ambos partidos, en plazas como Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, evidencian una total coincidencia en un enfoque que ignora las crecientes alertas sobre la insostenibilidad del modelo, más aún en plena sequía y aceleración del cambio climático.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), afirma que la promesa "indiscriminada" de más regadío por parte de PP y Vox constituye un acto de "populismo agrario" que responde una "visión mitológica" del agua, carente de "criterio técnico". "Se intenta crear una esperanza que no se va a cumplir, lo cual genera una enorme frustración, como ya hemos visto en Castilla y León con la tuberculosis bovina y veremos en Doñana", afirma.
Babiano sostiene que la puja al alza es "especialmente irresponsable" en un contexto de sequía y cambio climático, que exige un debate con mucha letra pequeña. Así lo desarrolla: "La industria y los usos domésticos deben repensarse y maximizar la eficiencia, pero el mayor desafío recae en el sector agrícola, consumidor de cerca del 80% del agua en la mayoría de las cuencas del Estado". A su juicio, hay que "evaluar qué regadíos siguen teniendo sentido en términos económicos, sociales y territoriales". "Tenemos que apostar por un regadío familiar, detener el populismo hídrico que promete falsas ampliaciones que generalmente no se cumplen y perseguir con toda la dureza de la ley los pozos ilegales. Finalmente, trabajar junto a las comunidades de regantes y las asociaciones agrarias para maximizar el ahorro y la eficiencia, aspecto en el que se ha avanzado en el abastecimiento urbano ".
Babiano es insistente en este punto: hay que replicar en el ámbito agrícola los logros urbanos. Aunque en las ciudades aún hay "mucho que hacer", destaca lo ya conseguido. "Un dato lo dice todo: Sevilla consume un 45% menos de agua con un 15% de población más que antes de la gran sequía de los 90, gracias a las inversiones municipales en la renovación de tuberías para evitar fugas y a un esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía".
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, lamenta la falta de matización en los compromisos de más regadío: "Hay que reducir [regadío], porque el consumo está por encima de lo sostenible. Pero la razón no es sólo ambiental. La apropiación creciente de agua por parte del gran regadío intensivo, el más degradador del suelo, a menudo controlado por fondos de inversión y grandes empresas, pone en peligro los regadíos históricos, familiares. No se puede meter a todos en el mismo saco".
Coincide Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, para quien el enfoque del PP y Vox es "suicida". "Hay una forma muy sencilla de entenderlo: el problema de Doñana, que todo el mundo conoce, se da con sus particularidades en otras muchas regiones. Para empezar, en buena parte de Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana o Extremadura. Y ante ese desafío, lo que vemos es una huida hacia adelante que tiene un fondo negacionista. Lo mínimo, ¡lo mínimo!, debería ser estabilizar la superficie de regadío como paso previo a una transición hídrica con un reparto de sacrificios que dé prioridad a la pequeña explotación", expone.
Alerta por la "burbuja del regadío"
España es el país de la UE con más superficie regada, 3,8 millones de hectáreas. Las alertas sobre la insostenibilidad del modelo no son nuevas, pero se multiplican en tiempos de cambio climático y sequía. Las organizaciones ecologistas reiteran que el gran problema del agua hoy en España no es tanto la sequía como el exceso de regadío. "Más que a la falta de lluvias, [el bajo nivel de los embalses] se debe a un exceso de consumo, generado por el regadío, cuya superficie no para de crecer [y] supone actualmente entre el 85% y el 93% del consumo total de agua en nuestro país [...]. Estos datos, además, no contemplan el regadío ilegal, que [...] en algunas zonas [...] asciende hasta el 30%. Una producción agrícola que se dedica en gran parte a la exportación", diagnostica Ecologistas en Acción, que pone énfasis en el aumento de regadíos intensivo de leñosos que antes eran sólo de secano, como olivar, viñedo y almendro. Y añade en un informe de mayo de 2023: "El gran crecimiento experimentado por el regadío [...] hace del Estado español un territorio indefenso ante periodos de sequía".
En otro informe de junio de este año sobre la "burbuja del regadío", Greenpeace comparte diagnóstico: "Desde 2004 a 2021 los regadíos 'legales' han aumentado [...] un 16% su extensión [...]. Consideramos que debe empezar a reducirse, empezando el recorte urgente por las zonas tensionadas, [que] se concentran principalmente en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía". Ecologistas ha puesto cifras al número de hectáreas a reducir para evitar el "colapso hídrico": un millón.
Un problema generalizado (y cada vez más difícil de negar)
Hablar de reducción de regadío no es fácil en la arena política, porque alarma al influyente sector agrícola. El Gobierno se esfuerza en evitar el mensaje de recorte y se centra en la defensa de un regadío "eficiente". El Plan 2050, aprobado en 2021 con vocación de documento guía, sortea las expresiones más restrictivas, pero deja mensajes suficientes para el buen entendedor: "Durante las últimas décadas no hemos asistido a una reducción de la demanda total de agua. Las mejoras de eficiencia se han visto compensadas por un incremento de la superficie de regadío y de la población abastecida".
El discurso abogando por la rebaja de la presión del regadío se reserva para casos claros de desertificación, como Doñana, que junto a las Tablas de Daimiel se ha convertido en símbolo de los excesos. Pero lo cierto es que el problema de desequilibrio, aunque afecta más a la España más seca, esta generalizado. "Ya no hay territorios donde se pueda permitir la extensión del regadío si queremos mantener el derecho al agua y al saneamiento", sintetiza Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y remacha: "No hay agua excedentaria en ningún territorio". Dos datos delimitan las dimensiones del desafío. Uno se obtiene mirando hacia atrás: desde 1980 el agua media disponible se ha reducido en un 12%. Otro dato, aún más contundente, invita a la inquietud sobre el futuro: la disminución adicional puede ser de hasta el 40% en 2050.
Doñana como síntoma
Ante este panorama de escasez, con el regadío identificado como principal consumidor de recursos, ¿qué hacen PP y Vox? Siguen una pauta: alentar la expectativa de más superficie y agua sin fin para regadío. Los dos partidos se han instalado en la promesa de más y más agua, ignorando la escasez hídrica y dando satisfacción a los sectores del empresariado agrícola menos dispuestos a un replanteamiento del modelo.
Un caso emblemático es Andalucía, la comunidad con la mayor superficie de regadío, con más de 1,1 millones de hectáreas. El propio diseño del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) tras su mayoría absoluta de junio de 2022 ya supuso una declaración de intenciones al crear la Consejería de Agricultura y Agua. Más tarde PP y Vox han consumado su apuesta por la ampliación de regadíos en el terreno más valioso y sensible, Doñana. Contra un abrumador consenso científico, Moreno impulsa una ley para que trabajen más regantes en el entorno del parque, amnistiando en la práctica a quienes hoy extraen ilegalmente, todo ello pese a que acuífero que bebe del parque está exhausto por años de sobreexplotación, pese a que el Instituto Geológico Minero sitúa la frontera de la salvación de Doñana en una reducción de la mitad de agua extraída. ¿Cómo propone hacerlo Moreno? Mediante unas obras hídricas de las que responsabiliza al Gobierno de España. El problema es que la obra clave para lograr esta prometida agua, el trasvase de la cuenca de los ríos Odiel, Tinto y Piedras, está en marcha pero no para dar agua a cultivos irregulares, sino para recuperar el acuífero del espacio natural, como ha dejado claro la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
A causa de su ley para Doñana, los dos partidos derechistas han tenido que responder a múltiples acusaciones de electoralismo y de utilización de promesas irrealizables. "No va a haber agua", ha solemnizado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acusa a PP y Vox de "engañar" a los agricultores. En realidad las tensiones sociales en torno al agua en Doñana vienen de atrás. También los alineamientos del PP con los regantes incluso cuando estos actúan fuera de la ley. Un episodio elocuente tuvo lugar en 2019, cuando un dirigente del PP de Huelva fue captado arengando a los agricultores que robaban agua del acuífero del parque. "Lo estáis haciendo de puta madre", les dijo. Hoy aquel dirigente es alcalde de Ayamonte.
Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura...
La promesa de más regadío a pesar de la sequía y el cambio climático está muy presente en los pactos PP-Vox tras las elecciones del 28 de mayo. No en todos los pactos la cuestión está abordada de la misma manera, pero la nota dominante se resumiría así: más superficie y agua para regadío, sin matices ni distinciones. En la Comunidad Valenciana el acuerdo establece: "Impulsaremos la ampliación de regadíos en el sector primario". Más: "Defenderemos en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo-Segura". En Baleares el acuerdo es: "Aprobaremos [...] el fomento de los regadíos e infraestructuras hídricas". Tanto la Comunidad Valenciana como Baleares son comunidades ya "tensionadas", según la clasificación de Greenpeace. En Aragón, plaza del último acuerdo firmado, el texto es explícito: "Modernización y ampliación de regadíos". Hay un pacto previo, alcanzado por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García Gallardo (Vox) en Castilla y León en 2022: "Instaremos, de manera inmediata, a facilitar el aumento de las superficies de regadío". Esa es la tónica.
En Extremadura el compromiso entre María Guardiola (PP) y Ángel Pelayo (Vox) está formulado de forma más suave: "Ejecución prioritaria de todos los fondos disponibles para infraestructuras de captación de agua y mejora de la eficiencia en el riego". Eso sí, el acuerdo culpa a las limitaciones ambientales de frenar el desarrollo económico, otra constante de los pactos PP-Vox. Dos ejemplos. 1) Pacto extremeño: "Revisión y flexibilización de las barreras ambientales que impiden el desarrollo [...]. Revisaremos las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura 2000 que están ahuyentando e impidiendo el desarrollo de las empresas y la instalación de nuevos proyectos [...]. Solicitaremos una revisión de los eco-regímenes y las políticas verdes de la PAC". 2) Pacto balear: "Protegeremos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, especialmente frente a las normativas comunitarias que les perjudican".
Está por ver en qué términos y políticas se concretaría el posible acuerdo PP-Vox en la Región de Murcia. De momento, ambos partidos ya han amagado con rechazar la ampliación de la moratoria que impedía construir en el entorno del Mar Menor. Vox tiene entre ceja y ceja la ley de 2020 que prevé medidas contra los regadíos ilegales en ese entorno.
La delantera del programa de Vox
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El acuerdo entre los dos partidos se produce cerca de donde pone la raya Vox. Los programas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para el 23J evidencian que es la formación de ultraderecha la que lleva su apuesta más lejos, al defender sin ambages una "extensión de los regadíos" como contraste a su "criminalización" por parte de "los lobbies de la religión climática". El programa de Vox habla de "nuevos regadíos" y de "aumento de la superficie de riego".
El PP, más matizado, combina un plan de seguros agrarios ante la sequía con la defensa de un regadío "moderno y sostenible". Cuando se abre a "nuevos regadíos", lo hace con esta condición: "Se impulsarán aquellos proyectos que sean sostenibles, tanto por su relación a la disponibilidad de agua, como por su impacto en el medio ambiente o la viabilidad económica y social". Un discurso ya de por sí vago que en sus acuerdos con Vox desaparece.
infoLibre trató de recabar, tanto de PP como de Vox, detalle sus propuestas hídricas. Una de las preguntas trasladadas fue cómo hacer sostenible el aumento de la superficie de regadío en un contexto de sequía y cambio climático. No hubo respuesta.
Más superficie de regadío. Más agua. Y sin fijar límites, en un carrusel de compromisos al alza. El PP se ha instalado junto a Vox en una promesa de agua sin fin para la agricultura, con diferencia la actividad que más consume del país. Los pactos autonómicos de ambos partidos, en plazas como Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, evidencian una total coincidencia en un enfoque que ignora las crecientes alertas sobre la insostenibilidad del modelo, más aún en plena sequía y aceleración del cambio climático.